Martí, presidente de la organización México SOS, anunció vía twitter que pagará la defensa. Una expresión brutal del apoyo del empresariado a la militarización del país.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 18 de mayo de 2017
“Estoy dispuesto a defender al soldado que presuntamente dio el tiro de gracia a un ‘civil’ en los enfrentamientos de Palmarito, donde huachicoleros y fuerzas castrenses se enfrentaron el día 3 de mayo. El Lic. Alejandro Robledo Carretero encabezará gratis la defensa de este militar injustamente acusado”, anunció Alejandro Martí en su cuenta de Twitter.
El militar al que quiere defender el empresario fue captado por videocámaras cuando disparaba a la cabeza de un detenido, cuando éste ya cuando se encontraba sometido en el suelo.
Destaca también el cinismo de Martí, quien asegura que la supuesta víctima de la ejecución extrajudicial fue el lugarteniente de los huachicoleros, Paulino Martínez Silva, El Pavis, que portaba chaleco antibalas y disparó para asesinar a un soldado.
“El ‘campesino’ ejecutado el 3 mayo en Palmarito en Quecholac, Puebla, era PAULINO Mtz SILVA ‘el Pavis’ lugarteniente del ‘Toñin’ Lider d banda d robo” (sic), señaló Martí, de manera nada ingenua.
En realidad, el nombre de la persona ejecutada por el militar con un disparo en la cabeza es Raúl Jiménez Martínez y no usaba chaleco antibalas ni armas.
Asimismo, distintos medios dieron a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaría dispuesta de entregar al soldado que disparó contra el civil.
Martí, con una verborragia reaccionaria incontenible, también afirmó: “Es irritante que los criminales, bandas y cárteles tengan todas las garantías de D. H, y nuestros Soldados, Marinos y Policías que se frieguen”.
Declaraciones indignantes ante los cientos de miles de personas muertas, desaparecidas, torturadas y desplazadas producto de la guerra contra el narco que desplegó la militarización.
Mientras tanto, se multiplican los casos de vínculos entre el crimen organizado y los tres niveles de gobierno –municipal, estatal y federal-, como el de Roberto
Sandoval, actual gobernador de Nayarit, el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, y Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas.
El Ejército y la Marina actúan en defensa de la sacrosanta propiedad privada de las trasnacionales y de empresarios como Martí, para garantizar la entrega y el saqueo de los recursos, así como para acallar la protesta social en todo el país. En el caso del robo de combustible, son altos funcionarios del Estado asociados con el crimen organizado los que llevan a cabo esta actividad, como explicamos acá.
Pero el gobierno no da paso sin huarache, y aprovecha la situación para redoblar la militarización en Puebla, un estado donde existen varios megaproyectos a los que comunidades y pueblos se oponen.
En Palmarito, así como en Tlatlaya, en Ayotzinapa y en tantos otros casos #Fue El Estado. Por eso contra los planes de Peña Nieto y Trump es indispensable desplegar un gran movimiento contra la militarización encabezado por la clase trabajadora y que sume a todos los sectores populares.
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