[Dossier]. Empresarios “preocupados” por el trabajo infantil. El lobo en el gallinero

Detrás de las infancias que trabajan hay un empresario que hace negocios

Durante las ultimas décadas, la existencia y condiciones del trabajo infantil en el mundo y en nuestro país, pusieron sobre la mesa el debate por “la responsabilidad”.

Al respecto, muchas veces se dice que las niñas, niños y adolescentes de algunos sectores como en el agro, trabajan para “ayudar a los padres”. Esto si algo tiene de verdad, es que las familias se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica y social.

La falta de alternativas laborales y sociales lleva a que las madres y padres tengan que admitir el trabajo de sus hijos como una forma de garantizar la supervivencia del grupo familiar.

Mayoritariamente, el 67,7 % de las niñas y niños de 5 a 15 años que trabajan, lo hacen acompañando a sus padres u otro familiar. De ellas y ellos, el 9,2 % lo hace bajo una relación de dependencia con un patrón. Los motivos del trabajo infantil tienen una base de necesidad material elocuente. El 48 % lo hace porque gana dinero y el 46,1 % como ayuda a la familia o al negocio familiar.

Frente a esto la naturalización de las condiciones de explotación de todo el grupo familiar tiene responsables concretos y son el Estado, los empresarios que amasan fortunas explotando niñas y niños y las dirigencias sindicales que avalan esto.

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A la ya alarmante cifra de 760.000 niños y niñas de entre 5 a 15 años que son explotados de manera ilegal en nuestro país (datos de 2018) hay que agregar lo que manifiesta Bárbara Perrot, coordinadora del proyecto MAP16 de la OIT en Argentina: “no solo uno de cada dos niños, niñas y adolescentes que trabajan comenzó a realizar tareas orientadas al mercado durante el ASPO, sino que, además, quienes ya trabajaban antes de la pandemia, en el contexto actual, realizan las mismas tareas con mayor intensidad.”

Recordemos que en Argentina recién en el año 2008 se promulgó la Ley 26.390 que elevó la edad de prohibición del trabajo de los 14 a los 16 años; a la vez, que estableció ciertas condiciones para autorizar el trabajo de los adolescentes de 16 y 17 años.

Pero esto es papel mojado. De 5 a 15 años, el 19,8 % de niños y niñas realiza alguna actividad productiva a nivel nacional y, en el caso del NOA, son apenas superiores con el 20,1 % de la población infantil. Las provincias que comprenden las regiones del NOA y NEA registran los índice más altos de explotación infantil, una realidad, que se comparte con los niveles de pobreza, indigencia y precarización laboral.

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En este contexto, a principios de abril hubo una reunión plenaria de la llamada Red de Empresas contra el Trabajo Infantil. Allí, la Coordinación de Políticas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo nacional presentó el Plan de Acción 2021 “para trabajar de manera coordinada con el sector privado en la prevención y la erradicación del trabajo infantil”.

Hasta aquí, un compendio de rimbombantes títulos y proyectos declamativos donde todos y todas allí presentes se dieron un buen lavado de cara. Además de quienes representaban al Estado a través del Ministerio de Trabajo, estuvieron la Cámara del Tabaco de Salta y el Comité Argentino de Arándanos (ABC), representado por Carla Ginóbili.

También participaron del encuentro representantes de las cámaras empresariales de Molineros de Yerba Mate, de Empresarios Mineros (CAEM) y la Industria Argentina de Indumentaria (C.I.A.I.), así como la Sociedad Rural Argentina (S.R.A.). Con respecto a las empresas, estuvieron presentes, entre otras: la Minera Exar, Grupo Arcor, Arcos Dorados, Extraberries, General Motors Argentina, Alliance One Tobacco Argentina S.A., Adecco, Gramm Agropecuaria SA, BAT, Establecimiento Las Marías, Argenti Lemon S.A., Zarcam, Grupo Peñaflor, Bodegas Chandon, Berries del Sol S.A. y Massalin Particulares.​

Impacta que la Sociedad Rural, empresarios del arándano, la yerba, el tabaco, el limón, los viñedos se llamen luchadores contra el trabajo infantil, cuando el sector agropecuario tiene entre sus trabajadores a 206.635 niños y niñas de 5 a 15 años. El cinismo sin nombre de quienes amasan fortunas a costa del sudor de la explotación de este sector altamente vulnerable hizo gala junto a sus aliados de la burocracia sindical, sin la cual no sería posible el estado actual de cosas. Son estas actividades productivas se realizan en mayor medida en las provincias del NOA y NEA, las que señalamos con mayores índices de explotación infantil.

Dio la nota también Mc Donald’s, mundialmente famosa por las condiciones de miseria a la que somete a sus jóvenes trabajadores, consiguiendo convenios tipo “pasantías” con el aval del Estado que le entrega millonarios subsidios.

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La industria del tabaco es trágicamente conocida por emplear niñas, niños y adolescentes para las cosechas. En la reunión que nombramos, estaba una de las patronales más grandes: Massalin Particulares. En la provincia de Jujuy, esta situación de ilegalidad, fue legalizada por el gobernador radical Gerardo Morales. A fines de 2018, el ministerio de trabajo provincial autorizó a que niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años se desempeñen en “su mayoría en el campo, donde realizan trabajo de encañar y desencañar tabaco, desflores de tabaco, plantaciones, tareas de peón general, carga y [también] descarga de estufas y hasta modelos de ropa infantil, entre otros.”

Claro que esto no es algo nuevo. Lo aberrante, lo grave de esta situación, es que el Estado lo habilita y lo legitima como política de Estado.

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La presencia de la Cámara del Tabaco y de Massalin Particulares en una reunión sobre la erradicación del trabajo infantil es como poner al lobo a cuidar el gallinero.

Esa misma empresa se beneficia en Jujuy con la legalización de la explotación infantil y en sus plantaciones de Perico, murió una nena de 3 años al caer en un canal de riego en noviembre de 2018. Ello puso de relevancia que no existe ningún tipo de protección para las infancias, que por más que se cubran creando fundaciones que dicen realizar tareas recreativas y de contención (integradas por las mismas patronales), éstas funcionan solo los meses de verano. Lo mismo le corresponde a la UATRE, el sindicato de trabajadores rurales, que es cómplice de los empresarios y no toma ni siquiera abre guarderías propias, colonias de vacaciones o centros recreativos donde puedan recibir educación, cuidados y cultura los niños y niñas mientras sus padres trabajan en la cosecha del tabaco.

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El citrus, el arándano, los viñedos, son como hemos señalado y podemos ver en detalle en este dossier, otras de las actividades rurales cuyos patrones se benefician con la explotación infantil. Suena lindo para la foto el llamado a “erradicar el trabajo infantil”, mientras tanto, permitánnos no solo dudar sino denunciar que se trata nomás de un enjuague de cara de los mismos patrones que se roban las infancias de las familias obreras y rurales.

Quienes no fueron ni para la foto fueron los empresarios textiles, rama que posee enorme cantidad de denuncias por trabajo esclavo y explotación infantil. Soho, Kosiuko, Montagne, Cheeky y Awada (de la esposa de Macri y su familia), entre otras, son algunas de las marcas carísimas y conocidas que hacen de estas prácticas del siglo XIX algo cotidiano. Aunque es difícil tener datos precisos, se estima que hay alrededor de 5.000 talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires y 15.000 en el Gran Buenos Aires.

Para no olvidar: el trágico caso de Ezequiel Ferreyra

Ezequiel Ferreyra tenía seis cuando falleció el martes 16 de noviembre de 2010. Este fue el desenlace para este niño de obligado al trabajo esclavo desde los cuatro años en una de las granjas de la empresa “Nuestra Huella SA”, en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde familias enteras, incluidos niños de hasta 2 años de edad, trabajaban a destajo recolectando huevos en medio de la materia fecal de las gallinas y los agrotóxicos que allí se empleaban. Ezequiel desarrolló un tumor cerebral a causa de la exposición constante a los químicos que lo llevó a la muerte.

Las maestras de la escuela de Ezequiel ya habían advertido que el niño se dormía cuando iba a clase, hasta que a finales de septiembre se desmayó y fue llevado de urgencia a una clínica de Pilar. Durante semanas nadie tuvo noticias de él. La empresa prohibió terminantemente a los padres hablar del tema con sus compañeros de trabajo. Extorsionó a los padres amenazándolos con que si algo le pasaba a Ezequiel ellos serían penalmente responsables e incluso les quitarían la tenencia de sus otros hijos y ofreciéndoles a cambio de su silencio, la atención médica del niño y eventualmente una suma de dinero en caso que hubiera un desenlace fatal. Paralizados por el miedo y la desesperación, los padres aceptaron el chantaje y se llamaron a silencio.

Ezequiel había sido traído desde Misiones con su familia a fines de 2007 por uno de los reclutadores que opera al servicio de la presidenta de la empresa Nuestra Huella, Alejandra López Camelo. La promesa era dejar la pobreza extrema de Misiones, por un trabajo estable y una casa segura, donde los chicos crecerían en el campo y junto a la naturaleza. Pero la realidad que encontraron fue trágica.

Actualmente Nuestra Huella SA literalmente “desapareció del mapa”. La denuncia por la muerte de Ezequiel puso al desnudo el sistema brutal de explotación con que el manejaban cerca de 70 granjas en Pilar, Zarate, Campana, Exaltación de la Cruz y Córdoba que además de exportar, proveían huevos a grandes clientes como WalMart y Carrefour.

Pero se desnudó algo más perverso aún: el entramado entre la patronal, el estado y el sindicato. La presidente de la empresa, Alejandra Lopez Camelo, es prima hermana del entonces intendente de Pilar, Humberto Zúccaro (del Frente Renovador de Sergio Massa), cuñada a su vez del secretario general de UATRE local, Jorge Herrrera. A su vez, que otro exintendente de Pilar, Sergio Bivort era el abogado de la firma explicó un poco acerca del manto de impunidad que rodea la empresa.

Todos quedaron impunes. Ninguno de los trabajadores fue siquiera convocado a prestar declaración testimonial.

El derecho a una infancia libre

Las niñas, niños y jóvenes tienen el derecho a vivir una infancia y una adolescencia con plenos derechos a la educación, al arte y la cultura, a la formación en oficios en la escuela o al deporte bajo un sistema público y gratuito garantizado por el Estado, como becas integrales de estudio equivalentes a media canasta familiar para que nadie deje de estudiar.

Esto como vemos no es algo que nadie nos va a regalar, es una pelea cotidiana por arrancarle estos derechos al estado capitalista y los empresarios cuyos intereses representa.

Pero es impensable enfrentar el trabajo infantil sin trabajo para todas las familias, que cubra todas las necesidades para desarrollar una vida plena. Esto implica pelear por recuperar los sindicatos y construir junto a jóvenes y estudiantes una organización anticapitalista con la perspectiva de unificar las fuerzas sociales que le pueden poner fin al sistema actual de explotación capitalista.