Las asociaciones médicas, psiquiátricas y de empresarios de la salud mental están de parabienes: su hombre en el ministerio de Salud los ayuda a burlar la ley.
Pablo Minini @MininiPablo
Miércoles 26 de octubre de 2016
El 19 de este mes, la Asociación de Médicos Municipales le entregó al ministro de salud de la Nación, Jorge Lemus, las modificatorias a la reglamentación de la ley nacional de salud mental y adicciones. En el órgano de difusión de la AMM (medmun.org.ar) se puede ver a su titular, dr. Jorge Gilardi, entregando a Lemus el documento. No es para menos, pues estos dos viejos amigos y compañeros de ruta (del tiempo en que Lemus era secretario de salud del GCBA) alcanzan de esta forma un objetivo común y largamente añorado: defender las empresas privadas de salud mental.
Este proceso comenzó cuando el mismo ministro Lemus derogó la resolución 1484/15, que establecía las normas mínimas para la habilitación de establecimientos y servicios de salud mental. Centralmente, el punto que causaba inquietud entre médicos, psiquiatras y dueños de empresas privadas de salud, era que la ley impedía la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o institutos monovalentes, ya fueran públicos o privados. A la vez que exigía que los ya existentes se adecuaran a los principios de la atención primaria de la salud (desmanicomialización, interdisciplina, intersectorialidad, restitución de los lazos sociales de las personas con padecimiento mental). La ley exigía a su vez que la adecuación no afectara la condición laboral de los trabajadores de las instituciones, esto es, adecuarse sin despedir a nadie.
El ministro Lemus consideró que pedirle eso a las empresas privadas de salud mental era discriminarlas, pues no estaría dentro de sus posibilidades enfrentar económicamente la adecuación. A tales efectos, este ministro de salud, más interesado en la salud económica de las empresas amigas que en la vida de las personas, creó una Comisión ad hoc para la Elaboración de Normas de Habilitación de Establecimientos de Salud Mental y Adicciones. Andrew Blake, director nacional de Salud Mental y Adicciones, quien antes de asumir su cargo declaró que iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para que la ley nacional de salud mental quedara sin efectos.
¿A quién se convocó para esa comisión? A la ya mencionada Asociación de Médicos Municipales, a la Asociación Gremial de Psiquiatras de la Capital Federal, a la Federación Médica de Capital, a la Asociación de Psiquiatras Argentinos, a la Asociación Argentina de Psiquiatría y a la Asociación Médica Argentina. ¿Interdisciplina? Pues no. Todos los integrantes pertenecen a una sola disciplina. Aunque, para quebrar un poco la monotonía de firmas, el ministerio de salud tuvo el descaro de convocar a otro actor social: la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina.
Traducido: para elaborar la reglamentación de una ley, se convocó una comisión integrada por la misma corporación cuyos intereses económicos se verían afectados por la aplicación de esa ley. La actitud del ministro Lemus o bien da cuenta de una candidez rayana en lo increíble o de un cinismo a prueba de balas.
Aunque el gobierno nacional y sus amigos no hubieran actuado tan burdamente, la ley 26657 tiene en su interior puntos sumamente conflictivos. Los artículos 6 y 27 claramente mencionan la posibilidad de que junto a un sistema público de salud conviva el sector privado. Establecer objetivos y lineamientos antimanicomiales, interdisciplinarios, multisectoriales y de respeto por los derechos de los pacientes y al mismo tiempo reconocer y legislar la injerencia privada mercantilizante de la salud es un contrasentido. Situación sólo explicable si tomamos en cuenta que la ley fue una especie de solución de compromiso entre el movimiento de salud mental y DDHH y los intereses de laboratorios y clínicas privadas. Estos últimos, poderes contra los que el kirchnerismo no sólo no avanzó sino que, en vista de los hechos, podemos decir que acabó amparando.
Otra muestra de que la situación actual es sintomática de esa solución de compromiso es que desde la promulgación de la ley en 2010 no se implementó un adecuado Plan Nacional o Federal de Salud Mental que estableciera la efectiva creación de los dispositivos sustitutivos y la conformación de equipos interdisciplinarios e intersectoriales. La ley nacional de salud mental y adicciones se dio en un marco donde no hubo una apuesta clara a la construcción de, por ejemplo, un sistema público de salud único sin injerencia privada de ningún tipo o la decisión de encarar la producción pública estatal de medicamentos. En la letra de la ley 26657 y en los hechos se dejó abierta la puerta a las empresas privadas de salud y su lógica corporativa neoliberal. Puerta que el macrismo y los empresarios del sector, ni lerdos ni perezosos, no tardaron en cruzar.
Frente a esta avanzada mercantilizante, se hace imperioso impulsar y profundizar la organización de los diferentes sectores de trabajadores y usuarios del sistema de salud mental, como ya se comenzó a hacer en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Una organización orientada a la construcción de un sistema estatal único controlado por trabajadores y usuarios.
