Tanto el MPN como el peronismo cordobés rechazan la medida impulsada por el Gobierno nacional. Pero en esas provincias la Policía tiene vía libre para la represión y el gatillo fácil.
Viernes 7 de diciembre de 2018 16:04
Patricia Bullrich y Juan Schiaretti, a pura sonrisas.
El intento del gobierno nacional de avanzar en legalizar el gatillo fácil sigue encontrando oposición. Hay un rechazo claro y legítimo que es el que llevan a cabo organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales. Y hay otro, que tiene el tono de la demagogia. Es aquel que realizan algunas fuerzas políticas que gobiernan provincias y son responsables de represiones de manera permanente.
En Neuquén, por ejemplo, el oficialismo del MPN (Movimiento Popular Neuquino), rechazó en la legislatura provincial el protocolo represivo del gobierno nacional. En la discusión y posterior votación, solo el PRO defendió la propuesta.
Desde el PTS-Frente de Izquierda, el diputado Raúl Godoy denunció el carácter de la medida que impulsa el Ministerio de Seguridad, al tiempo que criticó al oficialismo provincial.
Después de arduo debate se voto en la legislatura neuquina declaración de rechazo al protocolo de Burrlich que habilita fusilamientos públicos. La escalada represiva es la defensa armada de los planes de ajuste y el FMI. Cipayos
— Raúl Godoy (@RaulGodoyPTS) 6 de diciembre de 2018
El rechazo por parte del bloque del MPN pone en evidencia lo reaccionario de la medida impulsada por Bullrich. Pero al mismo tiempo desnuda la hipocresía de ese espacio político, que gobierna la provincia desde hace décadas y es responsable de multiplicidad de casos de violencia policial, incluido el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en 2007.
Sin ir más lejos, el propio diputado provincial Raúl Godoy viene denunciando la impunidad que el gobierno provincial le ofrece a las fuerzas policiales, al negarse a la identificación de un efectivo que le disparó a quemarropa hace ya más de un año.
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El rechazo a la medida impulsada por la ministra de Seguridad también llegó a Córdoba. Allí los legisladores alineados con el gobernador peronista Juan Schiaretti emitieron un comunicado donde critican el protocolo.
Aquí se pone nuevamente en escena el doble discurso de estos espacios políticos. En Córdoba, hace casi dos semanas, un joven fue fusilado por la Policía provincial. Marcos Soria, de 32 años, previamente había sido brutalmente golpeado por los efectivos policiales.
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Este tipo de rechazos al protocolo que impulsa Bullrich no puede ser leído, bajo ningún punto de vista, como una crítica a las políticas represivas. Los gobernadores de las distintas provincias, sean peronistas o de otro signo político –como es el caso del MPN- dan rienda suelta al accionar represivo de las fuerzas policiales locales.
Es el caso de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde la Bonaerense y las múltiples policías locales actúan con total impunidad. En la provincia gobernada por María Eugenia Vidal el gatillo fácil y la represión son una constante. Lo evidencian, en las últimas semanas, hechos como la masacre que dejó 9 muertos en una comisaría de Esteban Echevarría y la represión a las trabajadores y trabajadores de Siam.
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