Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Jujuy el extractivismo y la venta de tierras avanza en territorio indígena

Recientemente comunidades indígenas en la Quebrada de Humahuaca, denuncian la venta de más de 18 mil hectáreas por parte de la inmobiliaria Remax, en el pueblo de Huacalera. Se enteraron por una publicación en las redes sociales que profundizó la alerta de quienes ya venían organizándose contra el avance de la megaminería de uranio.

La comunera de Mudana y Cimarrón, Claudia Pérez, comenta que en el territorio en venta viven siete comunidades indígenas: El Perchel, Angosto El Perchel, El Molino, La Huerta, Angosto de Yacoraite, Yacoraite, Quitacara y Villa Las Rosas, además de terrenos de particulares. En una nota presentada al INAI exigen explicaciones al respecto, como también dan cuenta que las comunidades han realizado el relevamiento de tierras y censo, que las mismas están protegidas por legislación nacional e internacional, y que el Estado tiene que entregar los títulos comunitarios pendientes.

Una de las consecuencias de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO de la Quebrada de Humahuaca fue la profundización del mercado inmobiliario y el aumento del valor de las tierras, muchas de las cuales están habitadas por comunidades indígenas que llevan décadas enfrentando a terratenientes, testaferros, y empresarios (locales y extranjeros) que quieren realizar negocios en dólares y euros con el turismo en sus territorios, y apropiarse de lugares de una gran belleza, con un valor incalculable, patrimonio de los pueblos originarios y de la humanidad.

A la par, quienes son parte de las comunidades indígenas de la Quebrada viven en su mayoría en condiciones de pobreza, situación que empeoró con la pandemia. Sin servicios esenciales, como denunciaron recientemente en la Comunidad La Fortaleza, ubicada a menos de 15 km de la ciudad de Humahuaca, donde no tienen ni siquiera agua para vivir. Las condiciones de vida impuestas por el mismo Gobierno obliga a muchos a migrar a las ciudades y engrosar los cordones de barriadas y asentamientos populares, y/o aspirar, como mucho, a tener trabajo en negro en hosterías boutique, limpiando baños, cocinando, o migrando entre el trabajo de cosechas, y changas para sobrevivir.

La comunidad de Rodero, en Humahuaca, también denunció hace unas semanas a Vialidad del Estado provincial, que destruyó un lugar sagrado y sitio arqueológico, sin consulta, ni consentimiento. Algo similar planteó la comunidad de Querusiyal hace un par de años en Tilcara, cuyos caminos realizados por la institución del Estado afectó humedades y lugares de pastoreo. Sostenían que están a favor de los caminos, pero no que los impongan sin poder ser parte de la planificación. Así también lo sostuvieron en Villa Perchel contra la empresa TELECOM que para extender la red de fibra óptica destruyó canales, almácigos y churquís, donde además, la policía de Jujuy, detuvo a mujeres que ante el atropello intentaron impedir el mismo.

En La Quiaca Vieja fue el Estado, con el aval del oficialismo y la oposición del PJ, quien declaró de utilidad pública más de 2 mil hectáreas de tierras de la comunidad que estaban relevadas y protegidas por la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos con el objetivo de impulsar la Zona Franca y el negocio de grandes comerciantes en la frontera. En Tusca Pacha, en Palpalá, fue también el Estado quien propició el negocio inmobiliario de la inmobiliaria Sucre, en tierras cuya posesión y recuperación la realizaban integrantes de la comunidad, que fueron reprimidos y detenidos cuando intentaron desalojarlos.

Extractivismo o derechos de las comunidades indígenas

El extractivismo de litio avanza en territorio indígena y hace años que comunidades resisten ante el accionar de las multinacionales, que junto con el Estado y los gobiernos de turno del FdeT y FCJ, intentan embellecer la actividad y prometer trabajo y un futuro mejor. Sin embargo los trabajos escasos y precarios, y efectos destructivos del método extractivo utilizado, con el uso irracional de minerales y del agua, que atentan contra el equilibrio de frágiles ecosistemas de los salares y zonas áridas que están protegidos, afectando humedales, glaciares y periglaciares, y por ende la provisión del agua para uso y sustento de las mismas, como también el modo de vida y cosmovisión de los pueblos originarios.

La lucha de las 33 comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc, del grupo Pucará en el Salar Olaroz, reflejadas recientemente en el documental en "El nombre del litio", muestra por un lado, la continuidad de la política y promoción extractivista del litio del gobierno de Cristina Fernández, Mauricio Macri y, ahora, Alberto Fernández, junto a gobiernos provinciales, para el saqueo de multinacionales de China, Canadá, Alemania, entre otros, y el negocio internacional del litio, cotizante en bolsa, y de la energía verde.

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En Pozuelos y comunidades aledañas vienen denunciando hace años la contaminación de la cuenca por los desechos y pasivos mineros, como en Pan de Azúcar, y la contaminación en sangre del plomo de Metal Huasi, y ahora la megaminería a cielo abierto de Chinchillas. Incluso hace poco tiempo, fueron integrantes de la comunidad indígena de Santo Domingo, que realizaron medidas de lucha porque la multinacional ni siquiera cumplía las promesas de trabajo estable para integrantes de la comunidad, y otros trabajos y mejoras en infraestructura para las mismas.

En Huacalera, Tilcara y alrededores, el espacio Pueblos por el Agua de la Quebrada y la Puna donde confluyen comunidades y vecinxs, vienen dando cuenta del avance de pedimentos y estudios para la instalación de minería contaminante de Uranio y empezaron a realizar múltiples actividades de concientización, pedidos de informe y denuncias. Las comunidades indígenas de El Perchel y Quitacara recibieron estudios de impacto ambiental mineros en sus territorios donde no fueron partícipes, ni fueron consultados como estipula el Convenio 169 de la OIT. Algo similar sucedió en otros lugares de la puna, la quebrada, y hasta los valles como en Las Capillas.

Los más de 160 proyectos mineros en la provincia en distintas etapas exploración, cateo, explotación, dan cuenta de la política extractivista en la provincia, donde muchos de los cuales son en territorio indígena. Las reiteradas denuncias contra el Estado provincial y nacional, e instituciones que bregan por los derechos indígenas, que no garantizan el Consentimiento, Previo, Libre e Informado dan cuenta de la política y sector que defienden.

En Jujuy como en el resto del país la megaminería contaminante y el extractivismo del litio en el NOA se ha profundizado en los últimos años con el gobierno de Mauricio Macri y Gerardo Morales (y el PJ en Jujuy), y ahora con Alberto Fernández y sus ministros que justifican el saqueo como afirmó recientemente Juan Cabandié, "no podemos conseguir dólares para pagar la deuda sin contaminar". Lo que queda claro es que eligen pagar una deuda fraudulenta, ilegítima e ilegal, a costa de destruir territorios, el agua y avasallar derechos de los pueblos originarios, como si no quedase otro camino.

Las secretarías, instituciones como el INAI con muy poca incidencia y presupuesto, y discursos que hablan de la ampliación y defensa de derechos, están muy distantes de la dura realidad de quienes cotidianamente enfrentan en los territorios el asedio de empresarios, terratenientes y multinacionales. Quienes con el aval del Estado con represión, persecuciones, detenciones y hasta asesinatos como el de Rafael Nahuel, Javier Chocobar, o Santiago Maldonado. A la par el etnocidio avanza diariamente, con pueblos enteros sumergidos en la pobreza, la desnutrición y sin poder acceder a derechos elementales, como se denunció durante la pandemia.

Desde el FIT-U y las bancas en el Congreso, la legislatura y concejos deliberantes venimos acompañando y solidarizándonos con las luchas y organización de los pueblos originarios de la provincia y del país. Sus demandas son parte del programa que defendemos como la entrega de títulos comunitarios de tierra, que se garantice el proceso de consulta, previa, libre e informada, derechos sociales, económicos y culturales. La prohibición de desalojos y que se garantice la Ley 26.160 y sus prórrogas, Ley de Humedales, Ley de Glaciares. Derogación de la Ley de Servidumbre 5915 y las leyes 6066 y 6071. Contra el territicidio y el saqueo de sus territorios, contra el extractivismo, la megaminería y el agronegocio.

Ayer 9 de Agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Dar cuenta de la realidad de los mismos es un aporte visibilizar sus problemáticas y fortalecer sus luchas.