En declaraciones a los medios el gobernador señaló que "las escuelas no se cierran" y que "se sigue trabajando". En Jujuy ya fallecieron dos docentes por Covid desde la vuelta a clases presenciales. Por su parte, la ministra Calsina amenazó con penalizar a las familias que se movilizan por condiciones seguras y designación de docentes.
Viernes 5 de marzo de 2021 19:06
La vuelta a clases en Jujuy no tiene nada de la supuesta normalidad que quieren imponer desde los gobiernos nacional y provincial. Muy lejos de eso, ya fallecieron dos docentes por Covid y en la última semana se viene duplicando la cantidad de contagios generales, muchos de ellos de docentes como en la localidad de Humahuaca en la que el COE local pidió la suspensión de las clases presenciales y desde las autoridades provinciales impidieron que se implemente esa medida.
Esa presión que se ejerce desde el Ejecutivo y el Ministerio de Educación para que no se conozca la cantidad real de contagios y que no se cierren las escuelas en caso del crecimiento de casos, se vio plasmada en las declaraciones a los medios de comunicación que hicieron tanto el gobernador como la ministra.
Sin solidarizarse ni brindar un saludo a las familias de las docentes fallecidas Leaño y Greach y con su tono habitual de patrón de estancia, Morales señaló que "las escuelas no se cierran", a lo que agregó que "se actúa como en las fábricas, en el súper, en la oficina. Hay un caso, se detecta, se aísla. Se sigue trabajando".
Frente a esas palabras no puede dejar de venirse a la cabeza la situación que se vivió el año pasado en el Ingenio Ledesma que se convirtió en la empresa con más muertes de trabajadores por Covid del país. En ese momento, el relato oficial era el mismo: se cumplen con los protocolos de detección y aislamiento para continuar con el trabajo y la acumulación de ganancias para la patronal, a costa de las vidas obreras.
Queda claro que ni a Morales ni a Trotta ni a Calsina les importa la vida del pueblo trabajador. La vuelta a clases presenciales es una política que se lleva a cabo en todo el país sin que desde el Estado se garanticen condiciones seguras. El propio presidente Alberto Fernandez presentó desde la Quinta de Olivos el plan de regreso a la presencialidad. Nuevamente, desde los gobiernos se cedió a las campañas de los grandes empresarios y la derecha de vuelta a la "normalidad" y apertura total de la economía. Para ellos las escuelas son sólo depósitos de pibes para que sus padres vayan a trabajar sin licencias y engrosen las fortunas empresariales.
Como parte de esta ofensiva, la ministra Calsina amenazó con penalizar a todo aquel que tome escuelas en referencias a las familias que desde hace días exigen en la localidad de Coranzulí que se designen a las docentes necesarias y se brinden las condiciones para la vuelta a clases en condiciones seguras, planteando que no hay internet en la región para las clases virtuales. Reclamos similares se extendieron en escuelas de Tilcara, San Antonio y Perico. Las familias están a la cabeza de la lucha por condiciones seguras, aliándose, en los hechos, a las y los docentes que vienen luchando por la entrega de cargos.
Desde el Gobierno siempre la única respuesta es la amenaza, amedrentamiento y el autoritarismo, sin escuchar ningún reclamo de la comunidad educativa. De esta manera y por la implementación arbitraria del decreto 1807, se llega a la situación inaudita de miles de docentes sin cargos y escuelas vacías de docentes.
Morales no quiere cerrar las escuelas pero las abre vacías de trabajadores de la educación y sin garantizar condiciones sanitarias seguras.
¿Cómo pararle la mano al Gobierno?
Las conducciones gremiales empezando por la CTERA que parece más una oficina del gobierno de Alberto Fernández que un sindicato, no están a la altura de responder al nivel de ataque que viene habiendo a los derechos de toda la comunidad educativa.
La CTERA debería convocar de manera urgente a asamblea de docentes junto a las familias y estudiantes en un plan de lucha nacional unitario.
Están dejando a importantes luchas provinciales como en Tucumán, Mendoza o Chubut, entre otras, totalmente aisladas.
En la provincia, la conducción de Cedems de la lista Multicolor (ligada al peronismo provincial) que se había presentado como una alternativa opositora al gobernador, hoy se muestra claramente cómplice de Morales y Calsina siguiendo los pasos del colaboracionismo del jefe del PJ Rivarola.
Llegando al punto de amenazar con sanciones desde la directiva a todos los delegados y delegadas de escuela que vienen reclamando asamblea y plan de lucha.
Por su parte, desde ADEP no se le da continuidad a las medidas de fuerza que se toman imposibilitando así el fortalecimiento de un plan de lucha unitario de toda la docencia y la comunidad.
Entre los espacios autoconvocados hay un debate muy importante en cuanto a qué consignas y formas de organización buscar para enfrentar esta situación.
Algunas agrupaciones plantean que con proclamar la exigencia de la suspensión de las clases presenciales alcanza. Sin embargo, una posición así no dialoga ni escucha el reclamo que vienen haciendo las familias (la mayoría de ellas de los sectores más humildes y precarizados de la clase trabajadora que no acceden a internet ni a clases virtuales) por exigir condiciones sanitarias y trabajo para los docentes para una vuelta segura.
De esta manera, los sectores autoconvocados se orientan en una posición sectaria con las familias que están a la cabeza de la lucha. Además, solo pronunciarse por la suspensión de clases no va de la mano de ninguna política de poner en pie nuevas instituciones de organización de los sectores que salen a la lucha en la que confluyan familias, docentes y estudiantes, como podrían ser comisiones de seguridad e higiene por escuelas o localidad en la que sea la comunidad educativa la que defina el cierre o la suspensión de clases en función de la realidad de cada comunidad y escuela. Organizando la fuerza necesaria para imponer a los gobiernos la inversión suficiente para que existan condiciones seguras y vacunación para el personal de cada escuela y las familias. Terminando con los privilegios de los vacunados VIP.
Esta es la perspectiva por la que desde la agrupación 9 de abril venimos acompañando y difundiendo cada reclamo de las familias de la escuela pública. En esta unidad y junto a otros sectores que salen a la lucha vemos la fuerza para pararle la mano al Gobierno.
Este 8 de marzo en un nuevo día internacional de la mujer hay una nueva oportunidad para que esta fuerza se muestre en las calles con las mujeres trabajadoras al frente que vienen mostrando los principales ejemplos de lucha como las vendedoras ambulantes, por el derecho a trabajar, las municipales contra el acoso laboral, las docentes contra el decreto 1807 y otros reclamos, las familias de la escuela pública, las trabajadoras rurales, entre los principales ejemplos. Organizar y poner en movimiento toda esa fuerza mientras se sigue exigiendo a cada sindicato asambleas y un plan de lucha unificado como también que convoquen a parar y movilizarse este 8 de marzo es el camino a seguir para pararle la mano al Gobiero.
La convocatoria es este lunes a las 17hs en la Glorieta de Plaza Belgrano. Allí estaremos.
