En el Estado Español habrá ley “mordaza digital” contra Catalunya, Podemos se abstuvo en el debate

El gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Obrero Socialista español (PSOE) -que no es ni socialista ni obrero-, ha logrado convalidar el decreto ley de seguridad digital, tras el cual se podrá cortar el acceso a internet en circunstancias excepcionales “que puedan afectar el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”, cuestión que entidades y expertos analizan como un estado de represión digital.

Tal como ha anunciado Sánchez en varias ocasiones, esta ley está pensada para combatir la ‘república digital catalana’, aunque el decreto no menciona en ningún momento a Catalunya. El Gobierno del PSOE explicó que el decreto estaba pensado como “respuesta inmediata” y “estableciendo un marco preventivo” para “proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos”.

Por su parte, Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya (JxCat),Eukal Herria Bildu (EH Bildu) -partido con base en el País Vasco y Navarra- y Compromís -asentado en Valencia-, han votado en contra del decreto y lo han cuestionado y comparado con la “ley mordaza”.

Vergonzosamente, Unidas Podemos ha pedido durante el debate modificaciones para que el Real Decreto "cuente con mayores garantías judiciales y que se protejan libertades y derechos fundamentales". Después de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, en su turno de respuesta a los grupos haya anunciado que el Gobierno tomaría nota de los cambios propuestos el partido de Pablo Iglesias ha anunciado su abstención.

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El desbarranque de Unidas Podemos parece no tener fin. Realmente es vergozoso que no se oponga tajantemente a este decreto. Mediante el Real Decreto-ley 14/2019 el Gobierno español amplía sus competencias sobre las telecomunicaciones del Estado, al poder cerrar páginas webs sin orden judicial. Para ello modifica seis leyes basándose en los “recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español” sin especificar que se trata de Cataluña y como una “respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole”.

Un decreto ley que no se limita a Catalunya

El pasado 31 de octubre, el Consejo de Ministros había aprobado un decreto para -acabar con el proyecto de República Digital Catalana, iniciado por el Govern de la Generalitat a través de la conselleria de Polítiques Digitals y Administració Pública, dirigido por Jordi Puigneró, que apuesta a crear una república en la nube de internet. En ese momento, la vicepresidenta Carmen Calvo anunciaba que, "lo tenemos que hacer por tranquilidad y en relación con algunas situaciones en Catalunya”.

No obstante, el alcance de esta ley no se limita a Catalunya. Su aplicación puede ser ordenada por el Ministerio de Economía y Empresa cuando considere que existen “razones de urgencia imperiosa” (que amenacen) “el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional”.

Por otro lado, no se limita a la posibilidad de cerrar redes sociales o páginas webs, también puede actuar sobre elementos que necesariamente acompañan la instalación o puesta en marcha de estos servicios de telecomunicaciones, con lo que abre la puerta a la intervención de infraestructuras que puedan alojar este tipo de comunicaciones electrónicas.

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En este sentido, el gobierno podrá intervenir o cerrar los servidores que alojen redes social o páginas webs y, además, amenaza con asumir la gestión de las plataformas de las redes de comunicación electrónica de los operadores que no cooperen con la solicitud del Estado.

Este decreto ley del gobierno de Pedro Sánchez no puede sorprender de la mano de un partido que ha aplicado contra el pueblo catalán la mano dura con detenciones, heridos y mutilados.

Lo que es un verdadero escándalo es que Unidas Podemos se abstenga de oponerse a un decreto que es continuidad de la “ley mordaza” -de la que no se hace referencia en el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar gobierno- y que dará vía libre a la represión de cualquier manifestación, no sólo en Catalunya, sino en todo el Estado.

Un gran indicador de que el próximo gobierno no será ni “progresista” ni “reformista”, sino un gobierno neoliberal disfrazado de progresista que se prepara para reprimir a la juventud, a la clase trabajadora y todos los sectores populares que salgan a luchar.