Violencia. En el país de la “cuarta transformación”, sigue en aumento el asesinato de periodistas

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a través de Arturo Peimbert Calvo, titular del organismo, dio a conocer que el día de ayer Heber López Vásquez, director del portal Noticias Web, fue asesinado en su oficina a balazos mientras se encontraba con su hijo, en la colonia El Espinal en Salina Cruz, Oaxaca. Asimismo informó que fueron detenidas dos personas por su presunta participación y confiscaron un arma.

Heber López Vásquez, tenía 39 años de edad y desde muy joven había comenzado su trayectoria como periodista en el estado. Fundador y director del portar Noticias Web, dedicaba su trabajo de investigación y periodismo, en los últimos años, a temas políticos en torno a las corrupción en los megaproyectos especialmente en Salina Cruz y vinculadas al megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; una de las apuestas del programa de “desarrollo económico” de la región de la 4T.

Durante 2019, Artículo 19 documentó las agresiones contra periodistas, registrando una agresión contra algún periodista cada 17.4 horas y Oaxaca, como uno de los cinco estados que reportaron mayor número de agresiones, luego de Quinta Roo, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

Heber López Vásquez había denunciado agresiones en su contra ese miso año en 2019; no obstante, Alejandro Encinas señaló que Heber López no estaba registrado en el mecanismo de protección a periodistas.

Ante el aumento de la violencia contra periodistas es claro que tampoco la protección a periodistas funciona como denunciaron en diferentes protestas periodistas y organizaciones ante la muerte de Lourdes Maldonado el pasado 23 de enero, quien en 2019 acudió a la conferencia matutina para solicitar protección a Andrés Manuel López Obrador.

De enero del 2015 a diciembre del 2021, la Defensoria de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició 288 investigaciones derivadas de quejas relacionadas con violaciones a los derechos de los periodistas en Oaxaca.

En el actual contexto de recrudecimiento de la violencia contra periodistas en todo el país en el primer mes de este año, a través de redes sociales sus colegas e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, lamentan el fallecimiento de su amigo y colega, exigen justicia y el cese a la violación de los derechos humanos de los periodistas, acompañados del #NiSilencioNiOlvido.

Su hermano Irvin López Vásquez, también periodista, con el dolor en la voz, espera que se haga justicia.


A las denuncias se suma la de José Ignacio Santiago Martínez, director del medio Pluma Digital Noticias en Oaxaca, quien responsabilizó al presidente por estar informado en fechas recientes del aumento de la violencia en Oaxaca tras él haber sufrido un ataque con arma e hizo caso omiso.

Por su parte el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa condenó el homicidio de Heber López Vásquez y señaló que no quedará impune como también repitió Andrés Manuel López Obrador esta mañana en la conferencia transmitida desde Sonora; lo cual contrasta con la realidad pues de acuerdo a la Secretaria de Gobernación el 90 por cierto de los ataques quedan impunes y su gobierno ha sido en el que más asesinatos de periodistas se registran.

En lucha periodistas

En los últimos tres años, México se convirtió en el país más peligrosos para los periodistas. De acuerdo al informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), señala que México es el país en el que más periodistas fueron asesinados por tercer año consecutivo.

Y en este año, la violencia contra periodistas ha tenido una escalada cobrando la vida de seis periodistas en lo que va del año. José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Marcos Ernesto Islas y Heber López Vázquez, son los nombres de la y los periodistas que este año fueron asesinados, lo que ha despertado una profunda indignación en el gremio y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El 25 de enero, periodistas, familiares y diversas organizaciones sociales y políticas, protestaron contra la violencia hacia los periodistas y exigieron justicia para todas y todas, incluyendo las desapariciones de dos periodistas en 2021. Las protestas tuvieron lugar en 47 ciudades en 27 estados del país.

La situación incluso se ha convertido en un mayor riesgo para los periodistas que en Afganistan, pese a ser México un país en “paz”.

Lo cierto es que esta situación se da en el marco de reforzar la militarización en el país como prioridad política de la 4T en medio de la pandemia que no cede, no sólo con el aumento al presupuesto a seguridad en el que la Guardia Nacional concentra los mayores recursos sino también por el aumento de sus funciones desde junio de 2021. Sin que esto detenga al crimen organizado ni el narcotráfico, como sabemos, por la experiencia de la espiral de violencia que está desatada en el país desde la militarización que iniciara Felipe calderón en 2006.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante esta situación de agresiones y ataques contra la prensa, elaboró un documento donde señala “zonas de silencio” para referirse a las regiones donde producto de la violencia se deja de informar sobre el crimen organizado, corrupción o megaproyectos.

Más que “zonas de silencio” o autocensura, habría que decir que en México no está garantizada la libertad de prensa y los asesinatos a periodistas como denunciaron en las recientes movilizaciones, tienen móviles políticos para acallar la información y datos vinculados principalmente aunque no exclusivamente, tanto a políticos como a empresas vinculadas a megaproyectos o vínculos del narcotráfico.

Ante este alarmante escenario de aumento de violencia contra los periodistas y de ataque a las condiciones de trabajo como lo demuestra la Huelga de Sutnotimex -que ya llevan más de 700 días en una huelga, sostenida principalmente por mujeres-, solo las y los trabajadores de prensa organizados desde las bases, en forma democrática, con el apoyo de trabajadores de todos los sectores, son quienes pueden garantizar su propia seguridad, manteniendo la exigencia de que el Estado dé los recursos necesarios para la protección.

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