Un caso que evidencia la brutalidad de la política migratoria de Trump. Sara estuvo detenida por 15 meses, desde la administración Obama, hasta ahora, por solicitar asilo. Estaba hospitalizada, y la regresaron al centro de detención.
Martes 28 de febrero de 2017
Amnistía Internacional inició una campaña exigiendo al gobierno de Estados Unidos que ponga en libertad condicional humanitaria a Sara, medida que resulta urgente por la condición de salud en la que se encuentra.
A principios de febrero, Sara comenzó a sufrir de pérdida de memoria, severos dolores de cabeza y sangrado de nariz y el 11 de febrero los doctores le detectaron un tumor cerebral, por lo que fue puesta en una lista de espera para recibir una cirugía.
El miércoles 22 Beltrán fue detenida nuevamente, en el hospital, según Danielle Bennett, portavoz del ICE, después de que el médico dijo que se encontraba “estable”.
Antes de ser retirada del hospital, sus familiares recibieron una llamada de Sara en la que ella no podía recordar sus nombres. Melissa Zúñiga, representante legal de Beltrán, declaró a ABC News “Era claro que hubo un deterioro en ese tiempo. Sonaba aturdida y no estaba recordando varias cosas. Nos preocupamos aún más”.
El ICE declaró que “la señora Beltrán continuará teniendo acceso las 24 horas a cuidados médicos de emergencia y cualquier otro tratamiento especializado fuera de las instalaciones”.
Contrario a esto, Zúñiga denunció los malos tratos que la mujer salvadoreña está recibiendo, dijo que cuando la sacaron del hospital la llevaban amarrada de las manos y los tobillos y que sólo se le ha suministrado Tylenol a pesar de que tiene constante sangrado nasal y se continúa quejando del dolor de cabeza.
Sara, como muchas mujeres latinoamericanas, salió de su país huyendo de las pandillas y la violencia doméstica de las cuales era víctima. En noviembre del 2015 llegó a Estados Unidos y cuando intentaba viajar a Nueva York fue detenida, permaneciendo en esta condición hasta ahora a pesar de que ella y su familia llevan todo este tiempo solicitando asilo.
El caso de Sara Beltrán es una muestra de la guerra abierta que los gobiernos de Estados Unidos han emprendido desde hace aproximadamente 20 años contra las y los migrantes latinoamericanos. Guerra que se ha recrudecido con las amenazas de Donald Trump de deportar a 11 millones de migrantes y de la construcción del muro fronterizo. Amenazas que cada día se tornan más reales, con el incremento y fortalecimiento de las políticas anti-migrantes y con las cientos de deportaciones de personas que llevaban años residiendo en EE.UU. y que habían construido una vida y una familia en dicho país.
