Grandes manifestaciones dijeron "los refugiados son bienvenidos" y provocaron el caos en varios aeropuertos al saberse de la retención de viajeros de países musulmanes. Tras esta respuesta popular, defensores legales lograron que la jueza Ann Donnelly admitiera demanda contra el decreto de Trump.
Raúl Dosta @raul_dosta
Lunes 30 de enero de 2017
“Con la prohibición de ahora, mis antepasados no hubieran sobrevivido”, aseguró la abogada estadunidense de confesión judía, Pamela Margolín, descendientes de migrantes polacos y rumanos y lanzó una frase lapidaria para la política del nuevo presidente yanqui: "Nueva York es pura diversidad. Donald Trump puede ser de Nueva York, pero no es un neoyorquino porque aquí acogemos a todos.
El decreto de Trump que durante 90 días prohibiría la entrada a personas procedentes de Irán, Irak, Somalia, Yemen, Sudán y Libia, en el caso de solicitudes de refugiados, la prohibición se extiende por 120 días. En el caso de Siria, la prohibición es por tiempo indefinido. Igualmente se establece un tope de 50 000 refugiados en total para todo el año fiscal de 2017,la mitad del años anterior que permitió la entrada de 12 mil sirios.
La respuesta de los estadunidenses de a pie contra del decreto que recién comenzaba a aplicarse hizo que desde el medio día hasta la noche del sábado muchos aeropuertos se llenaran de gente en los estacionamientos y al lado de las avenidas que llevan a él. Desde que los abogados de algunos de los detenidos en el aeropuerto John F. Kennedy avisaron de lo que pasaba comenzaron a afluir y organizarse.
Con carteles de rechazo al decreto y pancartas de bienvenida a los musulmanes, también solicitaron la ayuda de abogados voluntarios así como del envío de comida a la Terminal 4 del aeropuerto Kennedy en solidaridad con las familias de los afectados.
Es que el decreto trumpiano aprieta en un punto muy sensible para el pueblo estadunidense en general al poner barreras contra los refugiados que contradice directamente los valores de una nación fundada por inmigrantes, como dice en un comunicado Center for American Progress “Excluir a la gente según su nacionalidad -para lograr, de hecho, un veto basado en la religión- va en contra del tejido moral de nuestra nación y de nuestros intereses de seguridad nacional”.
La respuesta multitudinaria por todo Estados Unidos logró que este sábado, Ann Donnelly, una jueza federal de Nueva York, admitiera la demanda de organizaciones de defensa de derechos humanos luego de la detención de dos iraquíes, y prohibió las deportaciones de personas detenidas que hubieran llegado con su documentación en regla en todos los aeropuertos estadounidenses.
El fallo de urgencia dictado por la jueza Donnelly se suma a otros tres que bloquean las expulsiones, aunque ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la orden.
No obstante, la medida sigue en pie. Las aerolíneas se niegan a embarcar a los ciudadanos de los siete países alcanzados por la medida, aunque tengan una visa, aplicando la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump.
Posiblemente, el caso termine en la Corte Suprema de Justicia. Este caso es el primer obstáculo legal para la administración Donald Trump.
