Deuda externa. En medio de las concesiones al FMI, el Gobierno le pagó US$ 190 millones al Club de París

Sumado a la liquidación que se realizó a mediados del año pasado acumula unos US$ 420 millones en pagos a cuenta al organismo de crédito. Las cuotas corresponden a lo pactado por Martín Guzmán para postergar el pago total del capital que asciende a US$ 2.000 millones. El Frente de Todos profundiza el sometimiento del país a los países imperialistas acreedores de la deuda.

Matías Hof @HofMatias

Viernes 25 de febrero de 2022 22:14

Mientras el Gobierno de Alberto Fernández se encamina a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aceptar un nuevo programa refinanciando el crédito stand by que tomó la Argentina en 2018 por USD 44 mil millones, este viernes la cartera de Economía que conduce Martín Guzmán hizo efectivo el pago de US$ 190 millones al Club de París.

Se trata de un segundo vencimiento con el organismo luego de la renegociación realizada el año pasado para postergar el pago de la última cuota del plan de pagos que había aceptado Axel Kicillof cuando era ministro de Economía en 2014. El 28 de julio del año pasado el Gobierno había emitido el primer pago por US$ 230 millones.

Cabe recordar que el acuerdo firmado en 2014 incluyó un sistema de tasas de interés que terminó siendo del 9 % anual en dólares, en un contexto internacional donde las tasas eran cercanas al 0 %. Generando así cuotas muy costosas para el país, el vencimiento de la última es por U$S 2.000 millones y fue reprogramada a la espera del cierre del acuerdo con el FMI. Ambas son deudas plagadas de ilegalidades y fraudes que el Gobierno se negó a desconocer; la de Club de París en particular tuvo su inicio en la dictadura de Onganía y se multiplicó durante la última dictadura genocida.

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Camino al Fondo

El Gobierno afirma estar cada vez más cerca de llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, pero, según trascendidos, está todavía en discusión el nivel de aumento de las tarifas de los servicios públicos en función de bajar los subsidios destinados a las empresas privatizadas que hacen negocios con la prestación de los servicios básicos.

El objetivo inicial del oficialismo era que el proyecto sobre el acuerdo con el FMI entrara para su votación en la Cámara de Diputados durante la última semana de febrero, pero finalmente el plazo no se cumplió. La invasión de Rusia a Ucrania y su disputa con los países de la OTAN agregaron más dificultades a la negociación.

Los mercados energéticos escalaron sus precios, tras el inicio de la operación militar enviada por Vladimir Putin. Los contratos futuros de gas a un mes (marzo) en Europa treparon 60 % en la jornada del jueves y el gas natural licuado (LNG) tocó U$S 46 por millón de BTU. Es el precio más caro desde diciembre, cuando llegó a máximos históricos y más de siete veces lo que costaba hace un año.

Mayores precios de los combustibles son sin duda inflacionarios para la economía en su conjunto (al mantenerse la estructura concentrada y extranjerizada en pocos monopolios exportadores), y en particular agrega más tensiones al nivel de aumento de tarifas que el organismo internacional le exige al país.

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Distintas voces aseguran que el FMI exige que las tarifas eléctricas tengan un incremento del 60 %, y si bien el Gobierno inicialmente lo rechaza, el nivel que estaría dispuesto a aceptar es igualmente muy alto: alrededor de un 40 %. Es que los subsidios económicos a empresas de servicios es el renglón del presupuesto que más rápidamente puede ajustarse para alcanzar las metas de reducción del déficit fiscal, luego de que el Gobierno ya haya ajustado la fórmula previsional que redujo los aumentos jubilatorios. La contraparte directa son los tarifazos, un mazazo al bolsillo de las familias trabajadoras, afectadas también por la inflación y la crisis del mercado laboral.

Deuda y dependencia

El Banco Mundial, otra de las más importantes instituciones prestamistas creada por los países imperialistas, tampoco fue dejada de lado por el Frente de Todos, este viernes se confirmó un nuevo desembolsó por US$ 295 millones con este organismo.

La principal sigue siendo la deuda con el FMI y el 22 de marzo es la fecha final para firmar el nuevo programa de Facilidades Extendidas. Ese día el Gobierno se vería ante la imposibilidad de afrontar el vencimiento por US$ 2.800 millones por haber agotado casi todas las reservas disponibles en el Banco Central con los pagos de deuda anteriores.

En el memorándum preliminar del acuerdo con el Fondo, la meta para la inflación hacia 2024 es de entre el 29% y el 37 %. Es decir, en un nivel muy elevado. De este modo, la inflación se perfila como la principal arma para el ajuste presupuestario y más general de los ingresos populares. Además, la letra chica filtrada dice explícitamente que si todo va mal, el Gobierno se compromete a hacer esfuerzos adicionales para alcanzar el objetivo fiscal.

Reconocer y pagar la fraudulenta deuda externa es incompatible con garantizar ingresos que le permitan a la mayoría de la población vivir en condiciones dignas. De ahí la importancia de pelear por su desconocimiento soberano, como vienen planteando más de 100 organizaciones, encabezadas por el Frente de Izquierda y contando con el apoyo de referentes de los derechos humanos como Nora Cortiñas, que vienen coordinando para realizar acciones contra el Fondo Monetario. Es para dar continuidad a esta pelea que ya convocaron a una movilización al Congreso el día que se trate el pacto con el FMI.