Con el fin de alcanzar el consenso con los gobernadores para ajustar $ 300.000 millones en 2018, el gobierno realizó el traspaso de Edenor y Edesur a provincia de Buenos Aires y Ciudad.
Martes 31 de julio de 2018
El gobierno busca aprobar sin dilaciones el Presupuesto de ajuste para 2019 de acuerdo a las exigencias pautadas con el Fondo Monetario Internacional. Para ello necesita no sólo la aprobación de los gobernadores -en especial de los "opositores", sino también un compromiso concreto de ajuste en los presupuestos provinciales.
"El Presupuesto 2019 será la prueba de fuego para sustentar el acuerdo con el FMI", había señalado el presidente Macri a mediados de mes.
Como una primera muestra de su predisposición, ayer confirmó que la Nación cederá la concesión del servicio de electricidad del área metropolitana, es decir, de las empresas de Edesur y Edenor. Esto significa, no sólo el traspaso de la responsabilidad a provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires de los -ahora- reducidos subsidios a dichas empresas para sostener sus ganancias, sino también la potestad para controlar los aumentos de tarifas.
"Le estamos traspasando Edenor y Edesur a la provincia (y Ciudad) de Buenos Aires porque es más justo, porque es la manera de ir equilibrando el gasto estatal para que el Estado no se vuelva una mochila", señaló Macri.
Este anuncio se da en el marco de un nuevo incremento tarifario para usuarios de electricidad metropolitana, que alcanzará a un 30 % sólo en el último aumento.
"Hay un reclamo lógico de las provincias sobre los subsidios que recibe la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, porque es cierto por política del gobierno kirchnerista había un gran desfasaje y es por eso que las tarifas han subido más en Buenos Aires que en el interior para que se reconozca el verdadero valor de la energía", justificó el Presidente en una entrevista con la emisora cordobesa Cadena 3.
En el tramo final de las negociaciones, el gobierno de Macri le propuso transferir a las administraciones de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta el costo de los subsidios al transporte por $ 250 millones, el de la tarifa social del agua, de $ 800 millones, y el control de los aumentos de las tarifas de Edenor y Edesur.
Pero más que la "lógica", que indicaría que el Estado no debería trasladar a los usuarios los costos de sostener las altas ganancias de empresas que proveen servicios públicos esenciales, lo que determina este traspaso de Nación a distritos oficialistas (Provincia de Buenos Aires y CABA) es un primer paso para negociar con el resto de los gobernadores que hagan lo suyo propio con el ajuste que pide el FMI.
El Gobierno apunta a aprobar en septiembre un Presupuesto que implicará un fenomenal recorte de $ 200.000 millones anuales de gasto, en señal de cumplimiento con las "metas" acordadas con el FMI a cambio del préstamo de U$S 50.000 millones (de los cuales sólo llegó el primer desembolso) y una serie de auditorías trimestrales del organismo para "chequear" los ritmos del ajuste.
Al mismo tiempo, la negociación por las provincias es para alcanzar otros $ 100.000 millones de recortes en el conjunto de los distritos, para cumplir la meta de recorte fiscal prometido al FMI. Se espera que el borrador del proyecto incluya la suspensión de obras públicas, el freno a la construcción de viviendas y reducciones en la ayuda salarial para fondos docentes.
En el Ministerio de Hacienda y Finanzas preparan una reunión para los próximos días con el fin de definir el recorte de gastos de las provincias.
Mientras el gobierno realizó el traspaso de Edesur y Edenor, buscaría imputar a las otras 22 provincias el costo del Fondo de Incentivo Docente de $ 20.000 millones; les quitaría$ 25.000 millones de la recaudación de la soja; rebajará parte de los $ 40.000 millones de obras públicas, y no se permitirá postergar la rebaja del impuesto de Ingresos Brutos de la última reforma tributaria.
En las negociaciones por el Presupuesto sólo se discute el número del recorte, pero ningún gobernador, ni oficialista ni "opositor" eleva la más mínima discordancia al saqueo acordado con el FMI sobre las y los trabajadores.
