A nivel internacional las mujeres, niñas y cuerpos gestantes, vemos cómo la pandemia generada por el covid-19 está sirviendo de excusa para privar de salud sexual y derechos reproductivos a millones de mujeres, dentro de las cuales somos las mujeres trabajadoras, pobladoras, migrantes y de pueblos originarios las más crudamente afectadas al encabezar las cifras de desempleo y pobreza.
Miércoles 29 de julio de 2020
Ya en abril un informe del Fondo de Población de la ONU advirtió de que algunas medidas para combatir el covid-19, como el confinamiento y el cierre de clínicas por falta de material y personal, dejarían sin acceso a métodos anticonceptivos a 47 millones de mujeres y gestantes, develando que por cada trimestre que se prolongue la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva habrá dos millones adicionales de mujeres que dejen de usar anticonceptivos modernos. Lo que significaría un retroceso en al menos dos décadas en cuanto al uso y acceso a salud sexual y derechos reproductivos.
Estas cifras se tornan alarmantes por la inminente oleada de embarazos no deseados en medio de la crisis social y económica en curso y por el aumento sostenido de la violencia de género que en el mundo ha alcanzado un 30% y en Chile un triste 70%.
Frente a este panorama global, no sólo evidenciamos que aún en el 2020 el derecho al aborto libre y legal es inexistente en muchos países y estados como el nuestro; sino que, en muchos otros países en los que está garantizado por ley, el acceso efectivo a este derecho se ha visto brutalmente restringido por la baja en el stock y circulación de Mifepristona y Misoprostol debido al cierre de fronteras y/o la prohibición de traslado para las gestantes entre ciudades o estados; así como también la avanzada de sectores conservadores, tal es el caso de Estados Unidos, país en el que, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, aseguró que las órdenes de emergencia por el coronavirus, que suspenden los procedimientos que no se consideran médicamente indispensables, han sido utilizadas por estados como Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Louisiana y Tennessee para restringir el acceso al aborto. Inclusive el Teleaborto (abortos médicos seguros en casa asistidos por profesionales en línea) una modalidad a la cual están recurriendo miles de mujeres, está siendo criminalizada por senadores republicanos quienes quieren un proyecto de ley para penalizar esta práctica hasta con dos años de cárcel.
En Chile la ONG Miles develó que el 74% de las mujeres ha tenido problemas de acceso a anticonceptivos durante la cuarentena; de ese porcentaje, el 56% derechamente no pudo acceder a ellos; es decir, que si bien en el mundo se percibe una disminución de un 10% en el acceso a salud sexual y métodos anticonceptivos acá la medición de esta baja se eleva a un 40%, un tremendo y peligroso retroceso. Adicionalmente, muchas voces por los derechos de las mujeres, han denunciado el uso inescrupuloso de la “objeción de conciencia” de muchos médicos ante los abortos solicitados bajo la tercera causal de violación, lo que priva en la práctica de éste derecho garantizado en un papel.
La disminución de circulación de misopostrol en el mercado negro ha favorecido el aumento irrisorio de los valores que, incluso antes de la pandemia, ya eran altos; lo que también golpea directamente a aquellos sectores de mujeres que acudían a este tipo de aborto médico (es decir con fármacos sin cirugía) clandestino, pero relativamente más seguro que otros métodos más precarios, lo que hará aumentar las secuelas físicas y las muertes tras la clandestinidad.
La fuerza del movimiento de mujeres se ha dejado sentir durante los últimos años bajo la irrupción de la marea verde a nivel internacional, Chile no es la excepción, por el contrario, el estallido de Octubre volvió a poner en primera línea a las mujeres y sus luchas como quedó demostrado el 8 de marzo de este año y recientemente despertó a todo el pueblo movilizado bajo la exigencia de justicia para Antonia Barra; así como conquistamos poner al margen al sistema judicial patriarcal y clasista (en favor de los ricos), revirtiendo la impunidad de varios femicidas y violadores como Pradenas, se hace urgente organizarnos para exigir el acceso oportuno y universal al aborto legal, libre, seguro y gratuito; ya sea asistido de manera presencial o asistido en línea en virtud de la pandemia.
Mientras las mujeres superamos el 10% de desempleo y somos en un 73% jefas de hogar y la mitad de nosotras gana el sueldo mínimo; además, nos hemos vistas expuestas al aumento sostenido de la violencia de género y ahora brutalmente arrojadas a los peligros que implican los abortos clandestinos es que exigimos que ¡el aborto sea libre y legal ya!, para proteger la vida de millones de mujeres y cuerpos gestantes y para frenar el retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos en Chile y el mundo.
Urge una asamblea constituyente libre y soberana en la que las mujeres estemos realmente representadas y a través de la cual logremos conquistar nuestros derechos laborales, sociales sexuales y reproductivos en el marco de acabar con este Chile que nos dejó la dictadura en el cual las mujeres estamos condenadas a parir, morir o ir a la cárcel si es que no tenemos los medios para pagar por evadir una ley que criminaliza el aborto como un derecho sobre nuestros cuerpos y vidas.
¡Aborto LIBRE LEGAL SEGURO Y GRATUITO ahora!
