Fuerza Pública. En promedio 1200 denuncias por abuso policial desde 2020

Se trata de casos que van desde malos tratos y la exigencia de pagos por parte de oficiales de policía, hasta agresiones y arrestos injustificados. La experiencia de las mayorías en los barrios y comunidades más pobres del país con la policía -tanto dentro como fuera de la GAM- es siempre problemática, pues su función es proteger y servir a los poderosos, los empresarios y sus propiedades. Nadie se siente “más seguro” porque llegó la Policía, si no todo lo contrario.

Muestra de eso son los relatos de personas que han denunciado abusos de autoridad. En una entrevista con el Diario Extra Mónica Rodríguez quien vive en Hatillo 3 explica que se encontraba con familiares y vecinos en un toldo durante las elecciones nacionales en abril, cuando una patrulla se acercó de forma “arrogante y prepotente” los oficiales ordenaron que se eliminara el toldo. Frente a la negativa de Rodríguez y los demás, los oficiales le dieron un empujón a pesar de que ella tenía un niño en brazos.

Cuenta además que golpearon a varios de sus familiares en el altercado en el que incluso dispararon sus armas reglamentarias, entraron a su casa de habitación donde por supuesto intimidaron a sus familiares. Las autoridades de Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no han dicho una palabra frente al caso. En Tamarindo, Evi Duarte cuenta que los oficiales lo golpearon, arrestaron durante varias horas y le devolvieron su billetera con menos dinero del que tenía inicialmente.

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Casos como éstos han sido denunciados en provincias como San José, Alajuela y Puntarenas; pero la cantidad real de incidentes por el estilo se desconoce pues en su mayoría no son denunciados. Es claro que no hay confianza en las autoridades policiales ni judiciales para solventar los problemas de inseguridad. Pero el presidente Rodrigo Chaves y las autoridades del MSP insisten en conjurar el “más policías” frente a los sonados casos de asaltos y asesinatos de jóvenes en San José, incluso han llegado a afirmar que la solución sería “cerrar los bares temprano” con el tono moralista y consevador que caracteriza a este gobierno.

No hay política autoritaria que solucione los problemas de pobreza, precarización laboral, desempleo, discriminación y demás que son la raíz de la delincuencia. Sobre todo en la medida en que la “vigilancia en comunidades” se traduce en acoso a los barrios más pobres, amedrentamiento y hasta agresiones donde se ven involucradas personas menores de edad.

Nunca veremos ese comportamiento hacia los “respetables” delincuentes de cuello blanco. Esos vuelven de Suiza a ser candidatos presidenciales como Jose María Figueres, los vemos publicar columnas de opinión como Óscar Arias o continúan su vida política normal como Gustavo Viales y sus vínculos con narcotraficantes. Éstos son todos casos del PLN, pero podemos ver casos similares en todo el espectro político empresarial.

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