Ayer Boric firmó el acuerdo de Escazú, que ya ha sido ratificado por 12 países de América Latina y el Caribe. El cual promete avanzar en “protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. El acuerdo causa gran expectativa, considerando que en el continente se concentran actividades extractivistas y de explotación de recursos naturales, pero también porque Latinoamérica es la región más peligrosa para quienes defienden la naturaleza, pues abundan los crímenes contra activistas medioambientales.
Sábado 19 de marzo de 2022
¿Qué es el acuerdo Escazú y para qué sirve?
Escazú es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Su nombre completo es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. El documento consta de 24 artículos que tienen como eje principal garantizar tres derechos en materia medioambiental: acceso a la información, participación en la toma de decisiones, acceso a la justicia.
Con la firma Chile quedará habilitado para participar de la Primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, la que se realizará el próximo 22 de abril.
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¿Quiénes han estado a favor y en contra de la firma del acuerdo de Escazú?
Chile durante el primer gobierno de Piñera fue un entusiasta promotor del tratado, incluso el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, confidenció que estuvo a punto de llamarse el «Acuerdo de Santiago». Pero la redacción del documento incomodó al gobierno de Sebastián Piñera. En septiembre de 2018, la entonces ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que Chile postergaba la firma del tratado, que finalmente dio paso a no adherir al pacto.
El argumento de la derecha y del gobierno de Piñera es que su firma crearía incertidumbre, porque contiene fundamentos legales que exponen al país a ser llevado a tribunales internacionales, en caso de que otro país considere que no se están respetando los principios de este acuerdo.
Uno de los entretelones por los cuales no se habría firmado quedó al descubierto en octubre del 2021, tras la liberación de información desde los llamados Pandora Papers. Con esto se atribuyó el rechazo del acuerdo de Escazú del exmandatario a un vínculo contractual entre su familia, Carlos Alberto Délano y la Minera Dominga.
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Ahora con la reciente firma, Chile se suma a Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Argentina, que ya ratificaron el acuerdo firmado en septiembre de 2018 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Qué tan efectivo es este acuerdo para los objetivos que se propone?
El fondo por el cual se realiza este acuerdo, es el aumento de los conflictos ambientales y el impacto a los derechos humanos, los cuales se buscan evitar con transparencia y acceso a la información, derecho a la participación y a la justicia.
El 2020 más de 220 activistas ambientales fueron asesinados, y la mayoría de los crímenes se concentran en Latinoamérica y el Caribe. Colombia (con 65 asesinatos), siguen en la lista México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6) e India (4).
Muchos activistas y comunidades experimentan intentos de silenciarlos a través de amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o arrestos. Chile no es la excepción, casos como el de Macarena Valdes o el de Alejandro Castro, son expresión de aquello, aunque sus muertes no son reconocidas por el Estado como producto de su rol en las luchas ambientales.
Es que tras estos conflictos hay fuerzas económicas que defienden con uñas y dientes su propiedad sobre los recursos naturales y las multimillonarias ganancias que se desprende de aquello. Precisamente, esto es lo que queda intacto con Escazú y sería un problema que la COP1 sea el equivalente en efectividad a las COP para tratar los problemas referidos al cambio climático, en ambos casos son estos grandes intereses los que se ponen en juego y en fricción, obstaculizando que la acción sea coherente con lo que se promete.
En este marco, ¿qué tan confiable es el Acuerdo de Escazú y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)? El principal riesgo es que por firmar este acuerdo se de por resuelto el problema, cuando en realidad lo que hay, hasta el momento, son más discursos que cambios concretos.
Es necesario construir redes entre las distintas luchas ambientales, para denunciar estos ataques contra activistas ambientales, fortalecer una alianza que una las demandas sociales y ambientales, del pueblo trabajador, junto a intelectuales, académicos y la juventud. Para enfrentar la causa de la destrucción ambiental que es el sistema capitalista y terminar con los mezquinos intereses que ponen a un puñado de grandes multimillonarios por encima del conjunto de la humanidad y de la naturaleza como amos y señores.
Sin lo anterior, toda información de las empresas sobre sus prácticas ambientales, toda participación y toda justicia serán limitadas en función de proteger grandes intereses económicos o usadas para propósitos geopolíticos.
Sin duda debemos dar luchas por cambios inmediatos, pero es la confianza en la organización y las fuerzas de la movilización, de la experiencia de los trabajadores y las comunidades, de donde podremos obtener los triunfos que necesitamos para defender la naturaleza, obtener justicia y decisión sobre los recursos naturales.
