Las familias de la comarca lagunera padecen la falta regular de agua desde hace más de 20 años, tandeos y pipas son el pan de cada día. La salida de las autoridades es poner en riesgo las reservas naturales de la región antes que terminar con la sobreexplotación.
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Miércoles 11 de agosto de 2021
Se estima que el ritmo de explotación actual de los mantos acuíferos de la región lagunera provocará que en 30 años no haya más agua.
El dudoso proyecto “Agua Saludable para la Laguna”
El desabasto de agua y los problemas que representan para la población han puesto en aprietos al gobierno de los estados de Coahuila y Durango, quienes promovieron desde el año pasado la construcción del proyecto “Agua Saludable para La Laguna” dentro de un área natural protegida del Parque Estatal Cañón de Fernández.
El proyecto, en el que trabajarán la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); pretende llevar el agua potable del sistema de presas en la zona urbana de la comarca para abastecer a 1 millón 600 mil habitantes en los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí, en Durango, así como, a Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y San Pedro, en Coahuila.
Esto significa extraer al menos 200 millones de metros cúbicos de agua del Río Nazas almacenada en las presas. Ante esto, la asociación civil ProDefensa del Nazas pidió un amparo para evitar los daños que ocasionará en la región, por lo que el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna decidió suspender el proyecto para dictaminar el caso que se pretende resolver en una audiencia con Conagua el próximo 23 de agosto para definir si es ilegal, y de ser así, se dictaminaría la suspensión definitiva del proyecto.
Los argumentos de ProDefensa del Nazas fueron que las obras de dicho proyecto vulneran disposiciones legales como el decreto de creación del Parque Estatal Cañón de Fernández, los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Lerdo y el estado de Durango y las disposiciones de la Convención Ramsar, tratado sobre humedales firmado por México.
Por lo pronto, la construcción, instalación, introducción de maquinaria pesada y operación dentro del Cañón de Fernández se encuentra legalmente suspendida.
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El problema de la escasez de agua y el exceso de arsénico de los mantos acuíferos profundos, que es de donde se obtiene actualmente el agua de la comarca, involucra también a los agricultores que denunciaron que no han sido tomados en cuenta para acordar la elaboración del proyecto.
Como menciona la asociación ProDefensa del Nazas, la extracción del agua de otro manto acuífero no resuelve de fondo el problema de la sobreexplotación, y las autoridades gubernamentales no están tomando en cuenta a la población afectada para la toma de decisiones.
Si el juzgado falla a favor del proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, sentará un precedente acerca del uso del agua de un área natural protegida para continuar los niveles de sobreexplotación en lugar de decidir el uso racional del recurso, privilegiando el comercio privado sobre el consumo humano de las familias, lo que hoy, de hecho, se hace de esta forma en muchas zonas del país, pero el precedente legal estaría sentando las bases para que sea por derecho.
¿Hay otra forma de resolverlo?
La respuesta es sí. Y puede ser mediante el aumento al presupuesto para obras públicas, el cual ni siquiera debería salir del erario público, sino que, sería posible si en lugar de ir sobre los intereses de los pobladores y el futuro de sus familias, se volteara a mirar a los intereses de los que más tienen, mediante el cobro de impuestos progresivos a las fortunas millonarias de magnates como Carlos Slim y Emilio Azcárraga, del cese del pago de los intereses de la deuda externa, de la reducción de los exorbitantes salarios y privilegios de los funcionarios que gobiernan para el capital privado –nacional y extranjero–, así como del presupuesto excesivo que se sigue aumentando a la Guardia Nacional.
¿Quiénes deben tomar las decisiones sobre el agua?
Si el manejo del agua, así como los recursos de recolección y distribución, estuviera bajo el control de los trabajadores, los pobladores y campesinos pobres de la región, que son quienes saben cuánto y cómo debe usarse del líquido vital para la manutención de tierras y consumo familiar, sería posible desarrollar un plan de obras públicas que reparta de manera equitativa el recurso para consumo doméstico, industrial, de escuelas y dependencias de gobierno, en consulta con especialistas independientes del estado y los empresarios, que defiendan los intereses de los sectores populares.
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