Quedó en evidencia la cercanía entre fiscales y jueces con el macrismo, algo que pone en cuestión la imparcialidad y muestra el uso político del juicio. El fiscal pidió, de hecho, una proscripción política de la vicepresidenta, la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Se recurrió a la figura de “asociación ilícita”, que es utilizada arbitrariamente por el Poder Judicial para perseguir sectores opositores y, muchas veces, contra el derecho a la protesta por organizaciones sociales. El juicio volvió a poner en discusión las enormes irregularidades en las licitaciones de la obra pública, algo que ocurre en todos los gobiernos capitalistas. No se pudo probar un vínculo directo de Cristina Kirchner con los hechos. Para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgadas por jurados populares.
Lunes 22 de agosto de 2022 17:46
Este lunes por la tarde, el fiscal Diego Luciani finalizó su alegato pidiendo las condenas para los imputados en la llamada causa Vialidad. Para Cristina Kirchner pidió 12 años de cárcel, acusándola de ser la jefa de una asociación ilícita y defraudar al Estado. Además pidió la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Esto último también fue solicitado para el resto de los acusados. También pidió la misma condena de prisión (12 años) para Lázaro Báez y solicitó 10 años para Julio De Vido, José López y Néstor Periotti.
En el caso de Cristina Kirchner, el pedido implica una clara persecución política, que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un pedido muy a tono con lo planteado en muchas ocasiones por sectores de la derecha y la gran corporación mediática.
Rechazamos la persecución política que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para @CFKArgentina.
Para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada x jurados populares— Myriam Bregman (@myriambregman) August 22, 2022
Además, Luciani pidió que se decomise la suma de $ 5.321.049.272,47 que, argumentan desde la Fiscalía, es el monto por el cual habría sido defraudado el Estado. En ese marco pidieron que se actualice el monto a su equivalente a la fecha, el cual deberá prorratearse entre los imputados según el grado de responsabilidad en los delitos. Esto incluye los bienes de Lázaro Báez y sus hijos. Luciani también agregó la solicitud de investigar posibles delitos cometidos por las empresas Petersen, Thiele y Cruz, Suco y Equimac por la eventual realización de maniobras en las licitaciones o en relación con otros funcionarios públicos de inspección.
Finalizada la acusación, tomó la palabra el abogado defensor de Cristina Kirchner para realizar el pedido de ampliar su declaración indagatoria este martes 23, argumentando que los alegatos de los fiscales introdujeron pruebas no expuestas previamente y necesarias de contestación, a fin de respetarse el principio de debida defensa en juicio. Tras un cuarto intermedio, el juez Giménez Uriburu -quien fuera recusado por su relación estrecha con Luciani y Mauricio Macri-, leyó el rechazo del tribunal al pedido. El argumento es que la vicepresidenta tendrá derecho a ser oída al momento de decir "sus últimas palabras", antes del dictado de sentencia y tras los los alegatos de las defensas.
Esta respuesta, que implica negar parte de su posibilidad de defenderse, motivó otra publicación en Twitter de CFK. Denunciando -lógicamente- que se le niegue ese derecho, anunció que este martes responderá públicamente lo que considera las nuevas irregularidades en la causa.
Desde el bloque de diputados del @PTSarg - FIT expresamos nuestro rechazo al pedido de inhabilitación para @CFKArgentina y que no le hayan permitido ampliar la indagatoria, elemental derecho de defensa. Juicios por jurado ante acusaciones de corrupción.
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) August 22, 2022
La situación vuelve a dejar en evidencia que este Poder Judicial no puede investigarla corrupción que surge en los muchos negociados entre el Estado y los grandes capitalistas. En ese marco, como dijo la diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda Unidad Myriam Bregman, "para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada por jurados populares".
El favoritismo y la corrupción en la obra pública son tan ciertos como que la verdad y la transparencia no le interesan en lo más mínimo al 'partido judicial'. Hace uso y abuso de las causas judiciales para condicionar los procesos políticos y favorecer a una fracción.
— Fernando Rosso (@RossoFer) August 22, 2022
Una causa con fuerte impronta política
En este juicio, una parte del Poder Judicial, con el respaldo de la oposición de derecha y la gran corporación mediática, busca una condena a Cristina Kirchner que la inhabilite y condicione políticamente a futuro. La vicepresidenta responde, junto a todo el kirchnerismo y el Frente de Todos, que la causa es una persecución política, armada sin fundamentos, un ejemplo más de “lawfare” en Argentina y de uso político de mecanismos judiciales.
Apenas conocido el pedido de Luciani, el oficialismo salió a mostrarse unido en defensa de CFK. La CGT -que se niega a convocar a un paro nacional contra el ajuste- publicó un comunicado contra la causa. Minutos más tarde el presidente Alberto Fernández emitió una declaración directamente desde la Presidencia de la nación. Allí se condena “la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita", como si esa figura no se hubiera mantenido durante los 12 años de Gobiernos kirchneristas. Más tarde habló Sergio Massa, quien criticó que “es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes”. Sin embargo, aquí no se trataba de cualquier funcionario público, sino de varios de los más cercanos a la entonces presidenta, como Julio De Vido y José López.
Mientras el juicio copa los titulares de medios de comunicación a un lado y otro de la “grieta”, el ajuste que viene aplicando el Gobierno del Frente de Todos -con medidas apoyadas por Juntos por el Cambio- y las consecuencias que sufren las grandes mayorías trabajadoras, quedan fuera de la agenda de las noticias.
Corrupción, obra pública y Poder Judicial
En este juicio hay dos cuestiones al menos que quedan claras. Por un lado, de dictarse sentencia acorde al pedido del fiscal -como todo pareciera indicarlo-, la misma estará teñida de la parcialidad por parte de jueces y fiscales amigos del macrismo, que se han servido de mecanismos propios de los servicios de inteligencia para juzgar a opositores. Ese uso político tiene, en ese caso, un claro fin persecutorio.
Siempre sostuvimos que la figura de asociación ilícita es ilegítima e inconstitucional, destinada a la persecución política. Lo seguimos sosteniendo y exigimos su derogación.
— Myriam Bregman (@myriambregman) August 23, 2022
Por el otro, la innegable corrupción en la obra pública de la “patria contratista” como parte estructural de la corrupción bajo los gobiernos capitalistas. Una relación que ha beneficiado a empresarios de todo signo político. Desde su fundación, el crecimiento del Grupo Macri estuvo ligado en múltiples formas a los negociados con el Estado en el terreno de la obra pública. Los años kirchneristas no fueron la excepción. En ese período no solo Lázaro Báez hizo grandes negocios. También lo hicieron empresarios cercanos al mismo macrismo, como Ángelo Calcaterra. En el caso de Báez, el crecimiento de su patrimonio y sus negocios resulta de imposible explicación. Y la relación con la obra pública en Santa Cruz aparece como ineludible.
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Los argumentos vertidos en el juicio
Los fiscales Luciani y Sergio Mola afirmaron que está probado que la vicepresidenta fue la jefa de una asociación ilícita que perjudicó al Estado por miles de millones de pesos, a través de la adjudicación de fondos nacionales para obras de vialidad a cargo de la empresa Austral construcciones. Esto se habría hecho mediante funcionarios nacionales y provinciales y un sistema de licitación armado, con disposiciones y decretos que le dieron manto de legalidad mientras nada era debidamente controlado. Un armado que, argumentaron, se inicia con la asunción de Néstor Kirchner como presidente.
Las nueve audiencias que utilizaron para exponer las pruebas que tendrían para demostrar esto. Estas fueron retransmitidas por medios como Infobae, La Nación y Clarín de forma permanente; con sus columnistas reproduciendo un alegato preparado para eso: frases para titulares, repeticiones hasta el cansancio que buscaron afianzar en la opinión pública la justificación de una condena para Cristina Kirchner y todos los imputados.
Con las exposiciones quedó en evidencia el enriquecimiento obsceno de Lázaro Báez como empresario de la construcción gracias a la adjudicación preferencial de obras públicas, el arreglo en los procesos de licitación y competencia entre empresas, los sobreprecios, las obras no finalizadas, y los fondos extras que le fueron dado como “adelantos” injustificados, todas maniobras posibles gracias a la complicidad de funcionarios públicos a cargo de las áreas que tomaban las decisiones sobre la adjudicación de fondos estatales.
La corrupción estatal va unida a la “patria contratista”: no es otra cosa que expresión de un problema estructural del capitalismo y por eso atraviesa a gobiernos de distinto color político. Aunque sea innegable la relación del gobierno kirchnerista con estos negociados, no es su patrimonio exclusivo. El “clan Macri” por ejemplo amasó su fortuna gracias a una historia de negociados con el Estado: con los gobiernos dictatoriales de Onganía y de Videla, con la deuda millonaria al Estado por el “curro” de la privatización del Correo Argentino gracias a Menem, y también con enormes negocios de obra pública bajo los gobiernos kirchneristas. Cuando Mauricio Macri fue presidente endeudó al país de forma ilegal con el FMI por millones de dólares que fueron utilizados para la fuga de capitales.
Un Poder Judicial completamente parcial
La selección por parte de los jueces de Comodoro Py de a qué gobernantes enjuiciar por corrupción y defraudación al Estado y a quién no, marca los intereses de los responsables detrás del juicio de Vialidad.
La recusación realizada por Cristina y otros acusados al juez Giménes Uriburu y al fiscal Luciani por compartir equipo de fútbol que jugaba en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri, junto al pedido -rechazado también como la recusación- de ampliar su declaración por la introducción de nuevas pruebas en su contra de forma irregular, son señales de la parcialidad de los magistrados que realizan el proceso.
La utilización de mecanismos judiciales y mediáticos para la persecución de opositores políticos efectivamente es parte del juicio por Vialidad. Un fallo condenatorio -sea lo que piden Luciani y Mola o difiera un poco-, será dictada por jueces y fiscales vinculados a Mauricio Macri, y será revisada (cuando se apele, como se espera en ese caso) por jueces de la Cámara de Casación acusados de ser miembros de la mesa judicial que visitaba al expresidente en la Quinta de Olivos, como los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de la Sala IV. Los vínculos estrechos de los magistrados con el expresidente enturbian cualquier resolución del juicio.
A esto se suma que la figura penal para buscar la condena de Cristina y sus funcionarios es la de la asociación ilícita: una figura de origen y utilización política, cuestionada por su indeterminación en cuánto a qué acciones y requisitos la configuran, fue hecha para perseguir originalmente organizaciones sindicales y ahora se usa con discrecionalidad para criminalizar la protesta social. Esto ha sido denunciando numerosas veces por el Frente de Izquierda.
La figura de asociación ilícita no solamente se sostuvo y no fue derogada durante la década kirchnerista, sino que terminó siendo ampliada con la ley Antiterrorista. A esto se suma que las causas por corrupción avanzan rápidamente gracias a la Ley del Arrepentido, aprobada por el macrismo y la colaboración del massismo. Esto fue parte de la política promovida en toda la región por Estados Unidos, donde el golpe institucional a Dilma Roussef en Brasil y el encarcelamiento de Lula da Silva encabezado por Sergio Moro fue el ejemplo más destacado de la utilización del “lawfare” para lograr gobiernos más afines al programa del imperialismo norteamericano.
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La falta de imparcialidad en este juicio no niega la corrupción sistemática en la obra pública, ni confirma que Cristina Kirchner no tenga responsabilidad; simplemente significa que en este juicio la verdad va a estar ausente.
Por ese motivo es necesario implementar el juicio por jurados en las causas por corrupción, como propone la izquierda, y la elección popular de los jueces. Para que de esta manera el control del proceso judicial y la decisión pueda comenzar a ser más democrático, realizado por trabajadores y trabajadoras sin ataduras a los partidos políticos, en vez de estar reservados a la casta privilegiada de magistrados y funcionarios que son puestos en sus cargos a través de negociaciones políticas y tienen sueldos privilegiados de por vida.
