Producción, consumo y exportación de sustancias ilegales son una realidad que el Estado enfrenta con militarización, mientras los jóvenes son criminalizados o carne de cañón de una guerra contra el narco interminable.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Viernes 21 de agosto de 2015
Esta es la primera de dos entregas, del tema de las drogas y la urgencia por su legalización.
La violencia, la descomposición social, la diversificación de los ilícitos impulsados por el crimen organizado, como el feminicidio y las redes de trata, las disputas por territorio y el enfrentamiento o complicidad del gobierno y la policía o el ejército, ¿no disminuirían radicalmente legalizando las drogas?
Actualmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acepta en su “Informe Mundial sobre las Drogas”, que México es el segundo productor mundial de opio, heroína y marihuana, con 12 mil y 15 mil hectáreas cultivadas respectivamente y se calcula que la producción de heroína es 30 veces mayor que en Colombia.
Mientras el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), reporta más de 164 mil asesinados desde el 2007, año en que el expresidente Felipe Calderón impulsó la militarización del país.
Según analistas, estas muertes superan por más de 50 mil la cifra de una guerra de ocupación, como la de Estados Unidos en Irak y Afganistán.
Por otro lado, las desapariciones forzadas son incalculables, tema donde los hechos de Ayotzinapa evidencian el rol criminal de las Fuerzas Armadas en estos crímenes y la impunidad que conlleva.
En cuanto al desplazamiento forzado producto de la guerra, se calcula que un 6% de los 22 millones de migrantes residentes en México, fueron obligados por la situación de violencia desatada por los cárteles del narcotráfico. Según la investigadora Rubio Díaz Leal, del (Instituto Tecnológico Autónomo de México) ITAM, las migraciones forzadas en México rebasan los 281 mil desplazados.
Mientras el acceso a las universidades es cada vez más difícil, la actividad del ejército va en aumento, con 212 mil 208 elementos activos en las fuerzas armadas, el doble de 1977 al 2000 y nuevamente los siguientes siete años, según cifras del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Así, las políticas de “combate” al narcotráfico trastocan todo en nuestro país, los derechos humanos, la cultura, la educación, la calidad de vida, las instituciones, etc. Al mismo tiempo implican millones de pesos en recursos, con un incremento del 150% en salarios para militares y policías en los últimos años, más bonos y prestaciones.
En los años de gestión peñanietista, el gasto público del gobierno federal a la Secretaría de Defensa Nacional aumentó 10 mil millones de pesos y alcanzó los 65 mil millones en 2014.
Relación del Estado con los cárteles
El fenómeno del narcotráfico, implica una compleja relación con el Estado, que permite su extensión en todo el país.
Las últimas décadas, los gobiernos priístas y panistas profundizaron la subordinación política, económica y militar con Estados Unidos. Se sabe que existe un doble beneficio al supuesto combate al narcotráfico, en territorio mexicano, para la Casa Blanca. Mayor injerencia en su política de saqueo con las reformas a favor del capital transnacional, como con la reforma energética.
En analista Pablo Oprinari, explica cómo, con el paso de los años, el narcotráfico ha formado parte sólida de la economía local. Cooperación entre altos mandos militares y políticos de México y Estados Unidos, con el tráfico de drogas y armas, participación de bancas financieras que permiten “blanquear” cantidades millonarias, inyectándolas a la economía formal.
Existe una real asociación estructural entre el Estado y los cárteles, donde el narco y sus capos son verdaderos socios de los empresarios legales, que replican el sistema capitalista de producción en forma degradada e ilegal. Existe plusvalía, apropiación del trabajo campesino, tras la coerción de los cárteles o por el abandono y crisis que enfrenta el campo.
Las drogas forman parte de un “intercambio” de mercancía, donde la ilegalidad forma parte de la causa de sus exorbitantes ganancias e inyectan enormes cantidades de capital al flujo financiero, que se convierte en parte de la economía mexicana.
Estos son sólo algunos de los argumentos que explican la urgencia de la legalidad de este negocio donde las mayores afectaciones las paga la clase trabajadora y en el análisis de estas causas se responde a una necesidad que va más allá de una cuestión moral o de salud, sino que tiene implicaciones de Estado más profundas.
