En el día de ayer se realizaron los alegatos de la causa en la que se encontraba imputado el cabo de la Policía Provincial Pablo Arrascaeta por el asesinato de dos jóvenes de la localidad jujueña de Ledesma, Pablo Gabriel Oviña y Gonzalo Federico Calderón, ambo de 16 años de edad.
Martes 1ro de septiembre de 2015
Natalia Morales, candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda, sostuvo que "se trata de un juicio donde primó el ocultamiento de la prueba, el encubrimiento entre los testigos de la propia fuerza represiva y la complicidad judicial que intentó ante cada elemento probatorio sostener un relato armado detrás de la insostenible pretensión de "cumplimiento del deber" de todo operativo de "prevención" policial."
Asimismo describió que "en el día de hoy hicieron que familiares y amigos de las víctimas, así como integrantes de organismo de derechos humanos que se hicieron presentes para brindar su apoyo, tuvieran que pasar una jornada agotadora donde se tomaron testimoniales a la mañana, luego se realizaron los alegatos y finalmente se dictó sentencia, demostrando que poco era lo que había que escuchar dado que el veredicto estaba decidido de antemano, la absolución del imputado sobre pruebas fuertemente cuestionadas de parcialidad. Con un vallado imponente y un operativo policial desmedido se inició la audiencia, donde limitaron el acceso a los presentes por mandato del Tribunal compuesto por los jueces Puig, Tolaba y Osinaga."
Maia Hirsch, abogada del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) en Jujuy destacó que "el proceso fue una muestra de la raigambre de los prejuicios y estigmatización social de los jóvenes pobres, tal como reflejó la fiscal de la causa Delia Filomena Ortiz, quien sostuvo la responsabilidad de los padres de las víctimas por no saber "en que andaban sus hijos, quienes no estudiaban ni trabajaban" en lugar de detenerse a indagar sobre la brutalidad del operativo policial desplegado colmado de irregularidades y excesos que culminó con dos muertes tras los tiros realizados a quemarropa."
“Denunciamos la responsabilidad policial y la complicidad judicial y política que garantiza la impunidad en los casos de gatillo fácil que crecen día a día, así como acompañamos a los familiares en su pelea por justicia para Pablo Oviña y Gonzalo Calderón y exigimos cárcel perpetua y efectiva para su asesino, Pablo Arrascaeta, y entendemos que el único camino para lograrlo es la más amplia movilización en las calles y la coordinación de los familiares y amigos de víctimas de la violencia institucional que lo imponga”, concluyó.
