AMIA Y DICTADURA: QUE SE ABRAN TODO LOS ARCHIVOS. Encuentran por “casualidad” archivos sobre la AMIA: ¿por qué todavía permanecen ocultos?

Esta semana hubo dos "hallazgos": los archivos de la AMIA en uno de los edificios de la AFI y otros de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa. Ambos dejan expuesto la vigencia del reclamo de las familias de las víctimas: que abran todos los archivos para conocer la verdad de lo ocurrido y llevar a juicio a todos los responsables.

Primero se conoció la noticia que hacía pública la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, que en edificios de la agencia, encontraron documentos secretos sobre la causa AMIA. Luego, horas más tarde, ocurría otro hallazgo. El ministro Agustín Rossi se mostraba horrorizado y responsabilizaba a la gestión anterior por el estado de la infraestructura del Edificio Libertador, donde encontraron archivos de Derechos Humanos.

Sobre la causa AMIA hay más de 2.000 cajas con documentos, y 5.000 escuchas en casette y videos en VHS, que son parte de los archivos vinculados al atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, que se encuentran en poder de la AFI.

Con el decreto 395/2015, la expresidenta Cristina Kirchner ordenaba, después de la muerte del fiscal Nisman, desclasificar los archivos de la causa AMIA, que se encontraban en la agencia de inteligencia, que por ese entonces conducía Oscar Parilli.

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Dos años después, el entonces presidente Mauricio Macri, firmaba otro decreto por el cual ordenaba desclasificar la información secreta sobre el atentado. En ese momento, Cristina Kirchner acusó a Macri de tomar una medida que ella ya había tomado.

Ambos, más allá de los entredichos, firmaban estos decretos, supuestamente, para poner esta documentación a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación que lleva el caso. Sin embargo, en el segundo juicio de la AMIA, que culminó el año pasado, no contó con los archivos desclasificados. La impunidad seguía en marcha.

La apertura de todos los archivos: el reclamo de las familias de las víctimas

La Unidad Fiscal que dirigía Nisman, tenía en su poder archivos que las querellas no podían acceder. Como planteó APEMIA, luego del decreto firmado por Cristina Kirchner, es mentira que ordenan desclasificar todos los archivos, porque excluían la causa por encubrimiento del atentado. Sobre el decreto de Macri, Laura Ginsberg, integrante de APEMIA, una de las agrupaciones de familiares que se mantuvo independiente de todos los gobiernos, sostuvo "con este decreto, el gobierno volvió a poner los archivos secretos en manos de la ex SIDE, organismo que formalmente integra la Unidad AMIA"

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A 25 años de la voladura de la AMIA, sólo se desclasificaron documentos poco relevantes, las familias no cuentan con los archivos. Para terminar con este entramado de impunidad, es necesario una comisión investigadora independiente del Estado, que cuente con plenos poderes para investigar, lo que implica acceder absolutamente a todos los archivos de inteligencia y hacerlos públicos.

Los archivos de la dictadura

Las autoridades del Ministerio de Defensa comunicaron que encontraron documentación del archivo de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como así también de la Dirección General de Administración, dañadas como producto de una filtración de agua. No dieron a conocer el contenido de los mismos.

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El ministro Agustín Rossi se mostró indignado con la administración anterior, por el abandono de estos documentos. Está por demás demostrado por los propias políticas de Cambiemos, que el gobierno de Macri pretendía hundir los reclamos por los derechos humanos.

Pero también está demostrado que durante doce años del gobierno "de los derechos humanos" los archivos de la dictadura no se abrieron. Lo que permitió que quedaran ocultas las responsabilidades de todos los encubridores, los autores intelectuales y a los que ejecutaron las órdenes -Fuerzas Armadas y de Seguridad-.

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Que no hayan abierto todo los archivos -solo entregaron unos pocos que no develaron nada que no se supiera- demuestra que la impunidad es una razón de Estado, porque de abrirse condenaría a todo el régimen político, judicial, empresarial, eclesiástico y sindical que intervinieron en el genocidio de clases.

Empezando por los funcionarios de todo los partidos “democráticos” que participaron de los gobiernos de facto desde 1976 a 1983. A através de los archivos se conocería la cantidad de centros de detención en las fábricas; del destino de los bebés nacidos en cautiverio; dónde están y qué pasó con los 30.000 desaparecidos; de la participación de las cúpulas de la Iglesia, judicial, empresarias y de los dirigentes sindicales.

De todos los cómplices que planificaron derrotar la insurgencia obrera (que comenzó en el Cordobazo) y conocer a todos los responsables de la dictadura más sangrienta de la historia argentina.

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