A raíz de la pandemia del coronavirus y el posterior decreto del Aislamiento, social, preventivo y obligatorio, desde La Izquierda en Derecho hemos decidido realizar un relevamiento de la situación económica, laboral y social, para determinar el impacto que produce en las alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Viernes 7 de agosto de 2020 19:36
Esta encuesta se realizó con el objetivo de recolectar datos sobre la situación económica, laboral y social de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de una crisis sanitaria sin precedentes que afecta las condiciones de vida de millones y de la cual los estudiantes no están exentos. En este sentido vemos necesario publicar los datos que arrojaron la encuesta, puesto que muestra la realidad de muchos y muchas estudiantes de la facultad.
La misma se realizó en base a 830 respuestas sobre un universo de 26.880 estudiantes de las cuatro carreras de grado: Abogacía, Traductorado Público, Calígrafo Público y Profesorado de Ciencias Jurídicas. Se destacó una predominancia superlativa de la carrera de Abogacía con un 91,6% de los encuestados, seguida por Traductorado Público 7,2% y 1% Calígrafo Público.
La muestra fue realizada entre los días veintisiete de mayo y el siete de julio del corriente año. En el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio y con la universidad funcionando bajo la modalidad virtual, el instrumento utilizado fue una encuesta elaborada por la herramienta “Forms Online”. El contacto con las y los estudiantes se generó por medio de actuales y ex compañeros de cursada, amigos, familiares, compañeros de trabajo y a través de los grupos de las redes sociales en donde se genera un flujo constante de intercambio de información entre los estudiantes
Datos generales
En primer término, cabe destacar que la gran mayoría de encuestadas son mujeres, arrojando un total de 79,3%, hombres 18,6%, haciendo un subtotal de 97,9% de personas que se perciben cis género, otro dato que vislumbro la muestra, es que hubo un 0,8% de personas con un género autopercibido y un 1,3% que preferían no decirlo. El 80,6% tiene entre 18 y 30 años, el 12,3% corresponde a quienes tienen entre 31 y 40 años y el 7% a quienes tienen más de 40 años. En su gran mayoría, las personas que respondieron la encuesta residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la cual es la más afectada por el Covid-19.
Condiciones de vida ¿De la casa al trabajo y del trabajo a la casa?
Del total de las encuestadas y encuestados hay un 28,8% que afirma tener algún problema estructural en su vivienda, ya sea no tener acceso a una red de gas natural (4,5%), no contar con red cloacal (5,5%), condiciones de hacinamiento (2,9%), calle sin pavimentar (4,5%), sin acceso a agua potable (1%), sin acceso a red eléctrica (0,4%) y otros (10%). En el marco de la crisis, resulta alarmante que haya un porcentaje del estudiantado que viva en las condiciones arriba descritas, puesto que estas circunstancias acarrean una precariedad en el día a día y aún más frente al confinamiento social obligatorio. Otro aspecto que merece mención es que el 63,6% de los estudiantes declararon vivir con sus padres o familia lo que nos lleva a concluir lo difícil que es independizarse debido al gran porcentaje de desocupación, los magros sueldos que se perciben y los altos costos de alquiler.
Situación laboral
Respecto a la situación laboral actual de lxs estudiantes es preocupante el gran porcentaje de desempleo que refleja la encuesta, siendo un 32,7% quienes no logran acceder a un empleo. Teniendo en cuenta estos números y la aguda crisis económica vigente un 48,6% de las estudiantes solicitaron el ingreso familiar de emergencia (IFE) el cual le fue denegado al 68,1% lo que repercute fuertemente en las condiciones de vida del estudiantado, ya que muchos de ellos están desempleados o han perdido su única fuente de ingreso, ya sea porque han sido despedidos o porque trabajan de manera independiente.
En relación a quienes se encuentran ocupados, el 31% se encuentra trabajando de manera formal o registrada percibiendo un sueldo promedio de $20.900 lo que no cubre ni siquiera el costo de la canasta básica familiar que hoy se encuentra en $43.811 que es lo que necesita una familia tipo (4 integrantes) para no caer en la pobreza, mientras que es necesario un ingreso de $18,029 para no situarse por debajo de la línea de indigencia según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al mes de junio del corriente año. Estos datos resultan alarmantes también teniendo en cuenta que un 32,3% del alumnado paga un alquiler promedio de $15.736.
Por otro lado, un 25,9% se halla en empleos precarizados o informales como quienes trabajan bajo la modalidad de monotributo, ya sea para el ámbito privado (71,4%) o público (28,6%), lo que conlleva una carencia de derechos laborales básicos y fundamentales incluso avasallados por el mismo Estado, esta privación de derechos también puede verse en sectores como call center, estudios jurídicos, trabajo doméstico, comidas rápidas, plataformas de aplicaciones, entre otros.
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En consonancia con lo expuesto anteriormente, es notorio el número de estudiantes que ha sufrido algún tipo de ataque laboral durante el confinamiento social y obligatorio siendo un 3,9% quienes han sido despedidos, un 4,8% quienes han sido suspendidos de sus puestos de trabajo, un 9,4% que han padecido algún tipo de rebaja salarial y un 9,9% que se han visto afectadas debido a que no cuentan con el permiso de circulación. También un 27,3% ha reportado que debido al contexto de cuarentena su búsqueda laboral se ha visto perjudicada.
Esta situación se torna inquietante debido a que es una práctica generalizada en el contexto de crisis económica, como reflejan los números proporcionados por el observatorio de despidos de La Izquierda Diario donde se expone que hasta la fecha 1 de cada 2 trabajadores ha sido despedido, suspendido o su salario fue rebajado.
Es inadmisible que teniendo un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe los despidos sucedan estas cosas pero, como vemos una vez más, al sector empresarial poco le importa esto e incluso el mismo Estado beneficia a estas empresas, ya sea otorgándoles subsidios y haciéndose “cargo” de los sueldos de los trabajadores o muchas veces avalan estos despidos como sucedió con el caso de Techint, donde su dueño Paolo Rocca despidió a 1500 trabajadores y desde el ministerio de trabajo respaldan esta medida.
Otro dato preocupante es que del total de estudiantes que se encuentran en actividad laboral el 51% manifestó que sus empleadores no le otorgan los elementos de protección sanitaria necesarios (entendemos como elementos de seguridad e higiene a los barbijos, mascarillas, guantes, alcohol en gel, etc). lo que implica que están expuestos constantemente al riesgo de contagiarse.
¿Cómo es la cursada?
A propósito de la cursada bajo la modalidad virtual el 90,1% de los estudiantes inició el cuatrimestre pasado, mientras que el 9,9% no pudo comenzarla por diversas razones como no contar con una computadora (20,6%), no tener acceso internet (12,5%), problemas económicos (10,6%), problemas laborales (7,7%) entre otros motivos (49%). Es importante destacar que del porcentaje de alumnos que inició la cursada no sabemos con exactitud quienes pudieron finalizar efectivamente, para esto realizaremos una nueva encuesta que recolecte estos datos.
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En torno a la valoración de la cursada virtual el gran porcentaje considera esta modalidad como regular, mala o muy mala, incluso un grupo de alumnos opina que la virtualidad es una modalidad excluyente. Respecto a la valoración del centro de estudiantes dirigido por la Nuevo Derecho: el 59,1% de los estudiantes percibe su desempeño entre regular y muy malo, esto puede estar relacionado a que el gran porcentaje del 72,9% afirma que el centro de estudiantes debería hacer algo respecto a la virtualidad. Otro dato que es categórico es el gran número de alumnos (83,2%) que opina que la Nuevo Derecho debería visibilizar las condiciones económicas, sociales y laborales que está padeciendo el conjunto del estudiantado.
Estas respuestas son totalmente coherentes porque mientras que los jóvenes estudiantes nos vemos sometidos a la desocupación o a trabajos precarizados, lo que nos impide seguir estudiando, el centro de estudiantes solo se enfoca en querer continuar la cursada con “normalidad” lo que solo logra invisibilizar a los cientos de estudiantes que ya no pueden acceder a una educación superior producto de la gran crisis histórica y sin precedentes que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué el centro de estudiantes nada dice de esto? En ese mismo sentido se alinea bajo el ala de los dinosaurios de la gestión radical que han hecho caso omiso a la desaparición de Facundo Castro, una gestión con una vasta trayectoria en negarse a pronunciarse cuando desaparecen pibes, como lo fue con Santiago Maldonado, pero que no tienen ningún problema en invitar a Patricia Bullrich o al ex Ministro de Justicia brasilero Sergio Moro.
Tampoco podemos dejar de mencionar como esta modalidad puso al descubierto la enorme precarización que padecen las y los docentes, ya que muchos de ellos son ad honorem y corre por su cuenta el tener acceso a internet y a una computadora para poder llevar adelante las clases virtuales. En cuanto a esto, la única solución que ofreció el gobierno es brindar créditos con un 12% interés para que puedan acceder a una computadora, siendo que éstas rondan aproximadamente los $50.000, cuando lo coherente sería, como se viene exigiendo desde el sector docente, que el propio Estado sea quien garantice las herramientas necesarias para que puedan dar clases de manera virtual.
Por último, destacamos un dato alarmante que refleja una realidad que miles de jóvenes, en su mayoría, vive a diario: la violencia policial. Según los datos arrojados por la encuesta un 13,9% de los estudiantes declararon haber vivido u observado abuso o violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Esto lamentablemente no es algo que sorprenda y menos en el marco de la triple crisis, sanitaria, social y económica donde la respuesta frente a esto es una escalada represiva. Según el observatorio anti represivo de la izquierda diario en lo que va del confinamiento social y obligatorio hubo 1 caso de violencia policial a trabajadores cada 12 hs y solo en el mes de junio se reportaron 7 casos de gatillo fácil.
Tampoco podemos dejar de mencionar el caso de desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza, a Lucas Verón quien fue asesinado por la policía bonaerense el día de su cumpleaños en el barrio de González Catán y a Facundo Astudillo Castro que aún sigue desaparecido y fue dentro de un patrullero de la bonaerense donde se lo vio por última vez. Por eso desde la izquierda en derecho publicamos un petitorio con la exigencia de aparición con vida de Facundo Castro
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Para finalizar, con los datos obtenidos podemos afirmar que la desocupación, los trabajos precarios y los salarios por debajo de la línea de la pobreza han afectado rotundamente las condiciones de vida de muchos estudiantes.
Teniendo en cuenta los datos publicados en esta nota, desde la agrupación Izquierda en Derecho, queremos organizarnos en un próximo encuentro estudiantil que será junto a las agrupaciones del Frente de Izquierda Unidad y todos los estudiantes que les de bronca esta situación, nosotros apostamos a la organización de todo el movimiento estudiantil que se llevará a cabo el Sábado 15 de Agosto.
