Gobierno anuncia sistema único de financiamiento. Piñera apuesta por mantener el endeudamiento con un nuevo tipo de crédito universitario sin acabar con el mercado educativo.
Domingo 10 de junio de 2018
Entre preludios de un “gran esfuerzo”, esta semana Sebastián Piñera y su ministro de Educación, Gerardo Varela, anunciaron cambios en el sistema de financiamiento en educación superior. Un nuevo proyecto de crédito “solidario” único, el cual reemplazaría al Crédito con Aval del Estado (CAE) y al FSCU (Fondo Solidario de Crédito Universitario). El proyecto actual se expone como un crédito con más cobertura (abarca a más estudiantes), saca a los bancos de por medio y plantea un arancel diferenciado que será cubierto por la mismas universidades ¿Cuál es, entonces, la contradicción de esto?
No está demás señalar que tanto el CAE como el FSCU, mantienen en la actualidad a casi un millón de estudiantes y ex estudiantes endeudados (sólo por el CAE hay mas 870.000 morosos) mientras las cifras totales de endeudamiento ascienden año a año: US$ 8 mil millones de deuda CAE y US$ 4 mil millones de deuda del Fondo Solidario. Un total de 12 mil millones de dólares en deuda.
Esta semana Gerardo Varela señaló: “la educación es cara y queremos financiarla”, de lo cual se reafirma que su visión -como la de toda su coalición en el gobierno- es la de la educación como un bien de consumo, mercantil, a disposición de generar ganancias y enriquecimiento para los exitosos empresarios de la educación en Chile.
Empresarios que, por cierto, han sabido manejar al dedillo todas las facilidades que el Estado les ha dado para su enriquecimiento durante las últimas décadas.
Ni la derecha, ni Sebastián Piñera, ni Varela a la cabeza del Mineduc reconocen que la educación es un derecho de todos y que debe estar garantizado por el Estado como tal.
El problema es que en nuestro país claramente no es así, hay barreras económicas y de clases sociales para poder acceder a la educación universitaria. Así lo demuestran las cifras desde la implementación del CAE el 2006 a la fecha de hoy: con todas sus miserables condiciones como crédito, más de 2 millones de personas han echado mano de éste para poder estudiar. Esto sólo viene a ratificar que el impedimento para estudiar en Chile es económico y condicionado a la clase social de procedencia.
Hoy por hoy, el problema ya no sólo es cómo financias tu carrera: al salir de la universidad, ha comenzado una pesadilla de endeudamiento para generaciones completas de estudiantes que, al empezar la vida laboral ya figuran morosos y obligados a cancelar altas deudas con sueldos bajos. Al tener hijos y nuevas responsabilidades, la deuda universitaria se vuelve una pesada mochila que impide encontrar arriendo, tener derecho a vivienda (crédito hipotecario), costear enfermedades, realización de proyectos personales, etc. Frente a todo esto, la condonación de la deuda universitaria es de suma urgencia. Esto no está contemplado en el actual proyecto. Es más, Gerardo Varela esta semana planteó ser contrario a la condonación del CAE, misma visión que Piñera estableció en su proyecto de gobierno. La única posibilidad que plantean es que los ex estudiantes morosos cambiemos al nuevo sistema para atenuar las condiciones de endeudamiento en las que nos encontramos actualmente. Una píldora del gobierno para el malestar que emerge entre miles que seguimos y seguiremos endeudados.
El nuevo sistema único de crédito universitario presentado por Sebastián Piñera, trata de responder ante las escandalosas cifras del CAE y las inhumanas situaciones que están viviendo miles de personas en Chile, pero termina perpetuando el negocio de la educación, manteniendo incluso peores condiciones de crédito que el FSCU.
No se entiende que la prensa de forma unánime se incline por aplaudir el proyecto, que plantea un tope máximo de pago hasta 15 años y un interés de 2% (condiciones que ya teníamos los endeudados por FSCU). Hablan demás de una modalidad de pago que no excederá el 10% del sueldo tras egresar, pero el FSCU ya tenía como tope máximo el 5% de nuestros ingresos. Y eso ya representa un enorme esfuerzo durante más de una década para los endeudados, sobretodo en una etapa de la vida en la cual nos encontramos bregando de forma independiente por estabilidad, vivienda, y mejores condiciones para nuestras familias.
El gobierno además, ha anunciado pomposamente que el “arancel diferenciado” del 60% de los estudiantes más vulnerables debe estar cubierto por los recursos de las propias universidades. Este tema del “arancel diferenciado” representa uno de los puntos más irrisorios en el actual sistema de educación de mercado, ya que le permite a las Universidades fijar los precios de las carreras a su propio arbitrio y posibilidad de lucro. Esto generó que, durante todos estos años, los estudiantes tuviésemos cobertura de crédito para estudiar, pero de acuerdo a un “arancel de referencia” que maneja el gobierno, el cual, en todos los casos, estaba por debajo del precio que en realidad planteaban las universidades. Esto ocasionó que miles de estudiantes tuviésemos que recurrir al llamado “Crédito 2”, simultáneo al financiamiento que ya teníamos para estudiar. El absurdo del mercado educativo en toda su dimensión.
Nos queda bastante claro que los actuales anuncios del gobierno no frenan el negocio de la educación, sino que lo perpetúa e incentiva. Durante décadas hemos sido víctimas de este feroz mercado. Deudas que arrasan con nuestras vidas, nuestras expectativas y nuestros sueños.
Se hace necesario, hoy más que nunca, que los muchos afectados por esta situación nos organicemos, que todos aquellos que han participado en demandas colectivas contra los bancos que lucraron con nuestra educación y todos los que hemos venido denunciando públicamente esta situación nos organicemos para dar una salida política y no sólo jurídica, exigiendo al Estado acabar con el negocio educativo y todas las deudas que existen.
Es necesario que desde el movimiento estudiantil y de los trabajadores de la educación retomemos la lucha histórica por la educación gratuita en nuestro país, y que las direcciones de la CONFECH y el Colegio de Profesores nos organicen para derribar la educación de mercado, y que el Estado –responsable de avalar las miserables condiciones de los créditos- condone todas las deudas educativas a nivel nacional, y en definitiva, podamos conquistar una educación gratuita, laica, de calidad y no sexista, para todos que cuestione el carácter mercantil de la educación.
