Los reportes de organismos de derechos humanos muestran que en México se vive un fenómeno significativo de desplazamientos forzados que más allá de los “daños colaterales”, se han vuelto parte de una política de Estado.
Sábado 5 de mayo de 2018
El desplazamiento forzado interno es un problema que azota cruelmente al país. Durante el 2017 más de 12 mil indígenas de los estados de Chiapas, Chihuahua y Guerrero fueron desplazados a causa de la violencia que recorre el país, debido al hostigamiento de grupos del crimen organizados y grupos paramilitares.
Las poblaciones de estas entidades fueron las más afectadas, representando un 60% del total de los 20,390 casos ocurridos. Esto se presentó en el informe de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dado a conocer recientemente.
Los métodos para perpetrar esos crímenes han sido la intimidación, las amenazas, el asesinato con armas de fuego, el secuestro, saqueo y destrucción de sus viviendas y el robo de animales. Además de que los conflictos territoriales y sociales junto con las agresiones políticas han sido factores muy importantes que motorizan estos hechos.
Entre 2006 y 2017, el colectivo de derechos humanos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derchos Humanos (CMDPH) reportó un aproximado de 329, 917 víctimas, lo cual es poco ya que la cifra real es difícil de determinar ante la falta de datos, ya que muchos testigos no aportan información por miedo a las represalias.
Tan solo en el 2017 ocurrieron 25 episodios de desplazamientos masivos, en los que murieron un total de 14 personas. Los desplazados han recorrido errantes los estados de Guerrero, Chiapas y Sinaloa, mismos que destacan porque en ellos las víctimas han ido a parar, siendo unos alrededor de 15, 000 del total, lo que significa el 74% a nivel nacional.
Otro dato a destacar es que casi todos los desplazados pertenecían a zonas rurales. Éstos, al ser echados de sus lugares de origen, van a parar a zonas urbanas, sin ningún tipo de ayuda o atención jurídica por parte del Estado.
Los encargados de la CDMDPH reportan que existen vacíos jurídicos que dejan en la completa indefensión a los desarraigados de sus tierras, y que quedan a merced de los gobiernos locales, cuya indiferencia permite que el problema se siga reproduciendo sin control.
Las responsabilidades
Una de las cuestiones que más resaltan en esta situación es que la “indiferencia de la autoridades” permite esta situación, ya que se presume la complicidad del Estado, porque los desplazamientos se enmarcan en el contexto de la estrategia de “guerra contra el narcotráfico”, declarada por el entonces presidente Felipe Calderón del PAN, la cual ha sido continuada por el actual presidente Peña Nieto.
Ésta ha dejado una amplia estela de muertos y desparecidos, donde los más afectados no son los carteles del narcotráfico sino la población trabajadora y las comunidades indígenas. Por si fuera poco el presidente Peña, ha prometido el saqueo de territorios en zonas rurales y de poco desarrollo para entregarlas a las grandes transnacionales bajo el proyecto de Zonas Económicas Especiales.
La voracidad capitalista no se conforma con los millones de trabajadores precarizados que alimentan sus ganancias, y los pueblos indígenas quedan en el medio de sus planes para despojarlos de sus tierras y agregarlos a la cadena de explotación mundial.
