Enrique Alfaro Ramírez presume de su estrategia de lucha contra la inseguridad implementada en la ciudad de Guadalajara, a través de uno de sus más recientes spots.
Viernes 26 de enero de 2018
En un vídeo-spot publicado el pasado 14 de enero, Enrique Alfaro Ramírez precandidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, no deja pasar la oportunidad para resaltar las acciones tomadas por su administración en la ciudad de Guadalajara donde su eje principal fue el refuerzo de la policía.
Durante su administración, incrementó el número de policías de 1,832 en el año 2015 a 2,583 para el 2017; también se incrementó de 130 patrullas a 299, los sueldos para la policía se aumentó de 14,929 a 19,214 pesos.
En este spot intenta explicar la razón por la que la delincuencia y violencia se disparó exponencialmente tomando como punto de inflexión el año 2017, en particular la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.
Una estrategia a favor de los intereses de los de arriba
A través de aquel spot, Enrique Alfaro ha revelado la que será su estrategia en tema de seguridad de lograr convertirse en el gobernador de la entidad.
Sin embargo, las instituciones de seguridad están fuertemente cuestionadas y no cuentan con la confianza del grueso de la población y de sectores de trabajadores. Además de que la medida es aún una controversia dentro de los partidos políticos y funcionarios.
Los más corruptos según una encuesta realizada en marzo de 2017 por el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL) son los partidos políticos, funcionarios, diputados federales, agentes de vialidad y policías municipales.
A su vez, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE), las instituciones menos confiables en materia de seguridad son la Policía Municipal (48.7%), el Ministerio Público (47.6), la Policía Ministerial (47.5%) y la Policía Estatal (42.8).
Por ello, la política de mayor policía y cuerpos de seguridad ha resultado contraproducente contra pueblo pobre y trabajador; es común que los jóvenes padezcan discriminación por su apariencia y estrato social, al grado de perder la vida en manos de policías de gatillo fácil cómo fue el caso de Ricardo Cadena un joven que murió asesinado por un elemento de la policía de San Pedro Cholula en Puebla al salir de un botanero.
La pobreza y la desigualdad, un problema generalizado
Jóvenes que no tienen posibilidad de estudiar ni trabajar, niveles de desigualdad exorbitantes y falta de oportunidades es el trasfondo de los “robos” tan resaltados por la prensa y los medios de comunicación.
La situación de pobreza, precariedad laboral y de pauperización y miseria, son caldo de cultivo para jóvenes, a los cuales el sistema no tiene nada que ofrecer.
Los aspectos de inseguridad cotidiana de la clase obrera y el pueblo pobre, como no tener acceso a la salud, a una vivienda digna, a educación, quedan completamente borrados de la llamada “opinión pública”. ¿De quién es la responsabilidad política de que esto suceda? ¿Es un problema de los jóvenes y familias pobres, o un problema de los gobiernos?
En Jalisco el 58% de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene un sueldo menor a los tres salarios mínimos o a los 6 mil pesos mensuales en base a estudios del Centro de Investigación de Teoría Económica de la Universidad de Guadalajara, un salario completamente insuficiente para las familias.
Mientras somos los trabajadores los que pagamos el costo de estas medidas sin que se ataque de raíz el problema, una élite política legisla y se apuesta a gobernar al servicio de los empresarios y poderosos, con ataques de mayor alcance como es la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior en todo el país y que implicaría un aumento exponencial en la militarización.
