El proyecto aprobado recientemente por el la Comisión de Constitución del Senado propone hasta 3 años de cárcel para quienes infrinjan las medidas sanitarias, también propone multas de hasta 200 UTM.
Martes 16 de junio de 2020
Tras la solicitud de Enrique Paris para acelerar el proyecto que modifica el Código Penal, para sancionar el incumplimiento de la cuarentena u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en tiempos de epidemia o pandemia, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la iniciativa que endurece las penas para los infractores de estas medidas. Marcando así el debut del nuevo ministro con una continuidad de la política punitivista que ha adoptado el gobierno frente al alarmante alza de casos de COVID-19.
La iniciativa quedó lista para ser votada en la Cámara Alta, pues tiene discusión inmediata y, para el gobierno, medidas como estas vendrían supuestamente a solucionar el problema de la crisis sanitaria, que en nuestro país ya llega a los 184.449 casos de coronavirus.
Sin embargo, algunos estudios recientes han revelado que, parte del problema de fondo es la aplicación de pruebas PCR. Por ejemplo, un último estudio de la Universidad de Chile indica que los datos que entrega el Minsal no son suficientes para diseñar medidas de seguridad, al mismo tiempo indica que hay que agregar medidas adicionales al aislamiento.
Sobre la aplicación de pruebas PCR, la epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, María Paz Bertoglia, indicó que "no nos encontramos controlando la epidemia a nivel nacional, se requiere entonces cuarentenas efectivas, aumentar el testeo, pero también aumentar la oportunidad de confirmación diagnóstica, porque sabemos que un porcentaje importante de los casos son confirmados después de 14 días de haberse tomado el test".
La epidemióloga también expresó la importancia de “que la comunicación de riesgo no se enfoque en culpabilizar a la población, lo que necesita es información con mensajes coherentes, que no entren en conflicto".
Según los datos recopilados por la encuesta Movid-19 de la U de Chile y el Colegio Médico, Entre los motivos que más se repiten para no consultar dentro de la muestra, el primero es que las personas "esperan empeorar" antes de acudir a un médico, lo que ocurre en el 58% de los casos.
En segundo lugar, se registra que un 27% considera que consultar "no es importante". "Es decir, las dos razones mencionadas con mayor frecuencia se vinculan a la percepción de que el riesgo de estos síntomas es reducido", consigna el documento. Otros factores que aparecen son el costo de la consulta (7%), requerida para acceder a un examen de PCR, y el tiempo de espera para acceder a ella (5%), según consigna Emol.
El colapso de la salud pública y los mismos consejos del Minsal que llaman a acudir a urgencias sólo cuando sea estrictamente necesario, han aportado a la creciente cifra de contagios por COVID-19. Por otro lado, las medidas de aislamiento han sido pensadas a beneficio de los empresarios, manteniendo sectores no esenciales en funcionamiento, como la industria y la minería.
El caso de más de un centenar de contagios en las faenas de Chiquicamata es la viva expresión de que al gobierno y los empresarios sólo les importa mantener sus ganancias, sin importarle la salud y las vidas de quienes producen esas ganancias.
En ese sentido, se hace más urgente que nunca la aplicación de testeos masivos, de acceso gratuito e irrestricto para toda la población, poniendo todos los recintos de salud al servicio de esta medida, incluyendo a los privados, sólo así se podrá seguir el rastro del virus e identificar los brotes en las comunas.
Al mismo tiempo, es urgente que se cierre la actividad de sectores que no son esenciales para la pandemia, con medidas de aislamiento efectivas que dejen de lado la avaricia ilimitada de los empresarios.
Por último, la militarización de la pandemia ya ha demostrado su completa inutilidad, las Fuerzas Armadas que sólo han demostrado ser el brazo armado del régimen político de los empresarios, no tienen ningún rol que cumplir en esta crisis sanitaria, más que resguardar la pasividad social para un gobierno en ruinas. La extensión del Estado de Excepción por Catástrofe es sólo un cheque en blanco para la represión, porque el gobierno teme un nuevo estallido por el hambre y la precarización de los sectores populares, por los altos niveles de cesantía y suspensiones de contrato que arrojan a la clase trabajadora a la peor de las miserias.
Hoy hay más de 100 mil detenidos por infringir las medidas sanitarias, demostrando que este gobierno sólo castiga y reprime a los sectores populares, cuando un gran porcentaje de estos vive del trabajo informal para poder llevar alimentos a sus hogares.
Javier Ilabaca
Estudiante de Periodismo, Universidad Central de Chile
