Tribuna Abierta. Entre Ayotzinapa y las elecciones intermedias de 2015

Las espontáneas y multitudinarias movilizaciones de diferentes sectores sociales en varias ciudades del país en los últimos tres meses del año pasado, principalmente en la Ciudad de México, así como las protestas en diferentes lugares del mundo por parte de compatriotas y nacionales de otros países ocasionadas por la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos en la población de Ayotzinapa, Guerrero, a los que se sumaron 20 heridos y 6 muertos, en los sucesos trágicos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Estas muestras de descontento han repercutido negativamente en la imagen del país, como se puso de manifiesto en las protestas realizadas en el Parlamento Europeo, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz y en eventos artísticos, así como en declaraciones personajes de la política mundial y de organismos como Human Rights Watch.

Así mismo, han constituido el primer gran descalabro del gobierno actual, que no había encontrado prácticamente oposición social, y muy endeble en la arena legislativa, a la aprobación de sus contrarreformas constitucionales en materia laboral, educativa y energética, amparadas por el llamado “Pacto por México”, con las que se ha prometido el crecimiento económico, el desarrollo del país y la prosperidad para las y los mexicanas/os en los próximos años.

Llamaron poderosamente la atención en México y el extranjero, entre académicos, analistas políticos y las mismas autoridades, las movilizaciones de protesta exigiendo “justicia”, la “presentación con vida” y el “castigo a los culpables” en el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

No sólo porque convocaron a estudiantes de escuelas rurales, universidades públicas y algunas privadas, a organizaciones sociales, sindicatos y agrupamientos tradicionalmente confrontados con el poder, como las de colonos, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) y la Unión Nacional de Trabajadores, sino que convocaron también a miles de hombres y mujeres no organizadas/os que acudían a las marchas en sus bicicletas, en familia, llevando a sus hijas e hijos, personas adultas mayores, quienes con su presencia, una hoja de cuaderno con un mensaje, una pancarta con alguna letras y dibujos, todas y todos expresaban abierta y sentidamente, sino es que con coraje apenas contenido, su enojo y condena en contra del agravio cometido contra esos normalistas por un sistema en el que se sospecha se encuentran coludidos el crimen organizado y autoridades políticas y policiacas de diferentes órdenes de gobierno y que provienen tanto del partido gobernante como de la mayor “oposición de izquierda”.

Estas movilizaciones tuvieron impacto porque probablemente fueron las más espontáneas y numerosas, no convocadas por partido político alguno, fuera del marco electoral o de algún conflicto sindical, desde las realizadas en 1968, y en este hecho residió, quizás, su mayor virtud: no haber sido convocadas por partido político, líder u organización social.

Esta situación da cuenta de la falta de confianza y el descrédito creciente en amplios sectores de la sociedad hacia los partidos y los sindicatos, sus líderes y dirigentes. Quienes encabezaron estas acciones de protesta (y lo siguen haciendo aún, cada día 26) son los padres y familiares de los normalistas desaparecidos, asesorados por los defensores legales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes no se encuentran vinculados con los actores políticos y sociales de la vida nacional, por más que pudieran recibir influencia de la CETEG e incluso de grupos guerrilleros.

Los gritos de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Justicia, Justicia, Justicia!”, el conteo de “Uno, dos tres…” hasta llegar al número 43 exigiendo que el cumplimiento de la ley en México signifique justicia para el pueblo y no solamente orden y menos represión en su contra, fueron la expresión multitudinaria y contundente del hartazgo en contra de la corrupción y la mentira que prevalecen en la política nacional, de las verdades a medias y las investigaciones a modo que involucran al conjunto de los actores políticos del país, a pesar de las campañas en los medios masivos de comunicación que pretenden hacernos creer que el país se encuentra cada vez mejor.

Estas acciones de protesta en demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, del esclarecimiento de los hechos y el castigo a todos/as quienes resultaran culpables se producían cuando nos enfilábamos rumbo a las elecciones intermedias del 7 de junio de 2015.

Entre las novedades de la reforma política que decía prefigurar un clima político que superaría la tensión de las últimas elecciones presidenciales de 2012, se encuentran: la participación de diez opciones partidistas (el mayor número registrado en unos comicios nacionales), que incluirán a un nuevo partido de izquierda y a otro de origen cristiano; la incorporación en la ley de la distribución paritaria (50%) por género para la integración de las cámaras de diputados y senadores, y el reconocimiento de la figura de las candidaturas independientes.

El sentido de estas movilizaciones puso en cuestionamiento la legitimidad misma del sistema político aún con todo y sus reformas electorales, dejando ver al mismo tiempo, que su mayor virtud se convertía en su mayor limitación: la falta de dirección política y de fuerzas sociales organizadas para trazar y conducir un rumbo que lograra superar el inevitable agotamiento de las acciones directas y el olvido que efectivamente se dio a partir de las vacaciones de diciembre.

El miedo a la represión que persistentemente se encargaron de fomentar los medios de comunicación, la acción de las fuerzas públicas federales y de la Ciudad de México en contra de manifestantes con la excusa de actuar en contra de grupos “anarquistas” de los cuales sigue habiendo una gran opacidad, la tozudez del gobierno en mantener la versión de la responsabilidad penal únicamente de autoridades municipales e integrantes del crimen organizado, la imposibilidad de llevar esta lucha a otras áreas del malestar y la inconformidad sociales, en contraste con la gran victoria que en esos momentos obtenían las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en contra de la reforma inicialmente impuesta por las autoridades de su institución, condujeron inevitablemente a las movilizaciones por los desaparecidos de Ayotzinapa a una encrucijada en la que por un lado se encuentra su radicalización en acciones como el intento de entrada en el 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero, el pasado 12 de enero, las acciones realizadas de manera casi permanente por la CETEG en ciudades de Guerrero y la convocatoria de los padres de familia y sus grupos de apoyo a boicotear las elecciones intermedias de 2015 en esa entidad.

A cuatro meses de iniciado el año —después de terminado el periodo de propaganda hacia el interior de los partidos, que en realidad es abierto, aunque incluya una leyenda de que se dirige exclusivamente a los militantes de ese instituto político, en la surrealista etapa denominada intercampaña— y en medio de escándalos, candidaturas “patito” de actores, payasos y cantantes; ataques de todos contra todos; la abierta y solapada impunidad de las persistentes violaciones a la misma legalidad por parte del Partido Verde Ecologista de México, aliado necesario del Partido Revolucionario Institucional para asegurar una cómoda mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, vivimos ya una saturación por la propaganda electoral de los diez partidos con registro y del Instituto Nacional Electoral, además de la que se realiza en los 17 comicios locales concurrentes, nueve de ellos para renovar ejecutivos estatales.

Todo el despilfarro de recursos públicos canalizado a los partidos políticos y a las autoridades electorales que conlleva en este año la realización de los comicios intermedios (aunque el periodo específicamente de campaña electoral se haya reducido a dos meses) busca convencernos de la validez de seguir sosteniendo este sistema electoral y de partidos, a pesar de que el ambiente mismo que lo enmarca y las encuestas de intención de voto hablen de un desinterés, escepticismo y malestar que ronda alrededor del 60% de los potenciales electores. Esto es, se calcula, únicamente un 40% de personas, pertenecientes al voto duro del conjunto de las instituciones partidistas, acudirá a emitir un voto a favor de algunas de los partidos en contienda. Estimación que ya es amortizada cínicamente por el sistema político.

En el otro extremo nos encontramos, quienes de diferentes maneras, por variadas razones, con distintas concepciones y alianzas hemos decidido manifestar abierta, consciente, responsable, pública y masivamente nuestro descontento y hartazgo en contra de esta realidad que se cae pero que es “remendada” conveniente y cíclicamente en favor del sistema y sus beneficiarios (que ya incluye a la oposición política) mediante el expediente de los comicios y su ritualidad “democrática”.

Quienes convocamos no a abstenernos de nuestro derecho cívico, conquistado en duras jornadas en favor del sufragio en diferentes latitudes, sino a acudir a las urnas este 7 de junio para anular el voto como manifestación consciente, decidida y libre de rechazo a este sistema político.

En los últimos días a este ambiente de división entre votar por alguna opción electoral, abstenerse y anular voluntariamente el voto, se ha añadido la convocatoria de diferentes personalidades a solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) incluya entre las boletas una que en carácter de “incidente electoral” pregunte por la revocación del mandato presidencial y que se introduciría anónimamente en alguna de las papeletas, con derecho a ser registrado el número de quienes así lo demandaran. Esta propuesta, en el remoto caso de aprobarse, podría también ser parte de las demandas de la campaña por el Voto Nulo. Es hora de pensar y actuar.

Angie Rueda Castillo es doctora en Ciencias Sociales y activista LGTB