Los “golpes en la mesa” que vienen desde el empresariado criollo no son un mero berrinche de infantes; es más, desde décadas esos golpes se han escuchado fuertemente en cualquier ámbito de las políticas ejercidas por el ejecutivo. En un resumen inicial podríamos decir que el manejo e incidencia en las directrices legislativas y políticas en chile han sido manejadas desde la clase explotadora, es decir, el empresariado extranjero y nacional.
Miércoles 12 de agosto de 2020
A manera de un ayuda memoria, tenemos dentro de nuestra historia reciente uno de los mayores complot realizados por la clase patronal.
Es así como nos remontamos a octubre del 72’ cuando se produjo la gran paralización a cargo del gremio de transporte como respuesta al ascenso de la clase trabajadora y sus luchas y a las medidas del gobierno de la UP, contando con la movilización y paralización de distintos gremios del comercio chileno.
Es así como transportistas (a través de la dirigencia de León Viralín, quien luego se probaría que operaba como agente de la CIA), profesionales de la salud, algunas confederaciones estudiantiles y el comercio mayorista y minorista, entre otras organizaciones, dan paso a uno de las más frenéticas movilizaciones en contra de las luchas populares; “golpeando la mesa”, todo un motor urdido entre la derecha política y empresarial, conjuntamente con redes de inteligencia internacionales.
La respuesta de la clase trabajadora no se hizo esperar, formando y fomentando redes de asistencia alimentaria entre los pobladores y trabajadores debido al desabastecimiento provocado por la paralización, como la creación de las Juntas de Abastecimiento y control de Precios (JAP) y la formación de los Cordones Industriales, marcando estos últimos una de las mayores respuestas obreras en la historia del país.
Mayor represión y militarización de los territorios mapuche
Desde los gobiernos de la ex Concertación, Nueva Mayoría y actualmente de Chile Vamos encabezado por Sebastián Piñera la criminalización de la defensa de los territorios ancestrales del sur de Chile han sido objeto de variados montajes por parte de todos los gobiernos posteriores a esta democracia pactada, sin excepción; con intervención de la policía militarizada en comunidades y territorios Mapuches.
Uno de los montajes nos lleva a la quema de camiones forestales en Febrero del 2018, en donde se acusó a las comunidades de la quema de 29 camiones en el marco de la operación Huracán, lo que terminó en el despeje de un absurdo montaje perpetuado por el Estado de Chile y sus mecanismos institucionales en favor, nuevamente, de un empresariado que poco a poco va encendiendo el diesel a favor de sus bolsillos y a costa del presidio, persecución y muerte de quienes defienden los territorios.
No es al azar hacer una remembranza del accionar pretérito y actual del gremio de transportistas y los intereses económicos y políticos que abrazan los bosques del sur de Chile.
Hoy en día y por medio de Sergio Pérez, actual dirigente de CNTC (Confederación Nacional de Transportes de Chile), se reúnen con el Gobierno bajo la amenaza de una paralización total del gremio, supuestamente por la violencia ejercida en contra de ellos y exigiendo la reforma a el artículo del Código Penal 477 la cual no es causal dentro de las leyes antiterroristas como si lo son el artículo 475 y 476 del mismo código.
Una dirigencia reaccionaria que se cuadra con el accionar del Gobierno. Una dirigencia que se alinea con un apoyo total a lo que fueron los años más oscuros de la historia de Chile. Una dirigencia que “golpea la mesa” y ordena la forma y el fondo político del Gobierno.
Para dicho gremio ya no basta con la absoluta militarización de los territorios mapuche, no basta con los asesinatos de los comuneros Mapuches, no le basta con la depredación de los bosques y la cantidad de divisas que reportan a los empresarios forestales y el chorreo de ganancias millonarias hacia los empresarios del transporte.
Pues no, no les basta.
