En medio del cuestionamiento de familiares de las víctimas de Álvaro Obregón 286, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció el término de las labores de rescate en el inmueble afectado por el sismo.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Miércoles 4 de octubre de 2017
En un campamento con fuerte presencia policíaca y militar, elementos de la Marina y el Ejército “supervisaron” las labores de rescate de equipos de topos extranjeros para dar con el paradero de las víctimas del temblor. Hasta ahora, 49 personas fueron rescatadas (19 mujeres y 30 hombres) y se declara que no hay ningún cuerpo más.
Es indignante la acción de las autoridades. Obligaron a familiares a firmar un acuerdo de confidencialidad para que no hablaran con la prensa, con el compromiso de llevar a cabo el rescate, según un reportaje de Marcela Turati publicado en el semanario de la revista Proceso. A los 6 días, con pocos avances y nada de información, los familiares de las personas atrapadas en el edificio se hartaron y empezaron a denunciar.
En diversas conferencias de prensa, familiares de las víctimas del inmueble denunciaron enérgicamente el Gobierno de la Ciudad de México y a los funcionarios responsables de obstaculizar el acceso a la información sobre el paradero y situación de las víctimas, que en algunos casos tenían días en el Serrvicio Médico Forense sin que sus familiares fueran notificados.
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Denunciaron también la falta de una lista oficial de desaparecidos tras el derrumbe del edificio, la lista de personas no identificadas, un mecanismo efectivo para la identificación de los cuerpos y el enlace directo con las autoridades, que no mantenían comunicación con los familiares.
Asimismo, se dieron a conocer varias irregularidades en la construcción del edificio, un factor determinante para su derrumbe durante el sismo.
Los empresarios cuyas compañías operaban en el inmueble, así como la constructora que lo edificó y la inmobiliaria que lo comercializó, las autoridades locales y federales que dieron los permisos y avalaron las irregularidades son los responsables de las muertes. Que el dolor se convierta en lucha por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales, constructoras e inmobiliarias, de las muertes en Álvaro Obregón y en todos los edificios colapsados.
