Política Nacional. Entre las presiones de la calle y las dudas aliadas: el pantano de la reforma judicial

“Hay olor a 125”, tuiteó provocadoramente Mario Negri. Apenas había pasado un día desde la movilización derechista que tomó las calles en rechazo al Gobierno nacional. Ese olor está ligado a la intención del oficialismo de avanzar en el proyecto de reforma judicial a pesar del rechazo que se vio en las calles.

Ese rechazo, hay que señalarlo, es esencialmente político. Las entrevistas en medios de comunicación desnudaron que la inmensa mayoría de los manifestantes derechistas no tenía idea acerca de la reforma propuesta. En última instancia, como ocurrió antes con Vicentin y con la cuarentena, el rechazo al proyecto oficial canaliza la pura oposición política.

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A pesar de ese rechazo, el oficialismo intentará avanzar en obtener dictamen para discutir la norma en el Senado, la próxima semana. En las redes sociales ya se empieza a vislubrar una nueva convocatoria, con fecha para el 26/8. El objetivo sería que “la calle” vuelva a marcar agenda contra el proyecto.

Esa oposición social parece estar marcando la agenda parlamentaria. Si bien se descarta la aprobación en el Senado -donde el oficialismo tiene mayoría simple-, el problema se presenta en la Cámara de Diputados donde el Frente de Todos depende de bloques aliados incluso para lograr el quórum.

Es ahí donde se empiezan a presentar dudas. Ya este lunes, el espacio que responde a Roberto Lavagna (Consenso Federal) anunció que no dará su aval a la propuesta. La razón esgrimida es la la falta de consenso en torno a la norma. Desde ese bloque definieron la discusión como “inoportuna”.

En ese mismo interbloque revisten los diputados del peronismo cordobés, que responden a Juan Schiaretti. Apelando a los mismos argumentos, ya señalaron que no acompañarían la reforma. Las movilizaciones en esa provincia volvieron a ser numerosas el lunes y es un distrito donde Juntos por el Cambio mantiene altos niveles de apoyo, en términos comparativos.

En la mecánica de la Cámara de Diputado al oficialismo le queda apelar al interbloque que capitanea el mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo). Sin embargo, en ese espacio también empezaron a notarse fisuras. La tucumana Beatriz Ávila ya adelantó su rechazo, señalando que “es inoportuno intentar un proyecto de ese tipo si no estamos resolviendo antes lo que piden los ciudadanos”.

Habrá que ver como actúa el mismo Ramón, oportunista como pocos, hoy alineado con el oficialismo. El lunes, en Mendoza, quienes se movilizaron le dedicaron no pocos insultos.

Una reforma que cambia poco y nada

La ofensiva desplegada por la derecha cultural y Juntos por el Cambio no se sustenta en nada. El proyecto de reforma presentado por el oficialismo está lejos de tocar los privilegios estructurales de la casta judicial.

Supone, en el mejor de los casos, una reforma organizativa que no toca los enormes ingresos de jueces y fiscales. O el carácter vitalicio de los cargos. La relación entre el Poder Judicial y los servicios de Inteligencia (la llamada “colonización de la Justicia) también está ausente en la letra del proyecto que se propone.

Como señaló -apenas conocido el proyecto- la diputada porteña Myriam Bregman (PTS-FIT) “la reforma propuesta puede licuar el poder de los actuales reyes de Py, pero no cambia su contenido social”.

Se presentó la reforma judicial y la oposición de derecha, rápida para titular -y lerda para explicar su manejo de la justicia, servicios de inteligencia y cárceles- sentenció: “plan de impunidad”.
Ahora ¿el problema de la justicia se soluciona con este reordenamiento?

— Myriam Bregman (@myriambregman) July 30, 2020

El carácter clasista y oligárquico del Poder Judicial seguirá intacto. Pero quienes se movilizaron el lunes defienden ese statuo quo a rajatabla. Ni siquiera aceptan un cambio moderado y esencialmente cosmético.

Entre las presiones de la calle y los límites que imponen los aliados, el proyecto de reforma judicial del Gobierno puede terminar en un pantano.