Sorprendió la orden de una jueza al Departamento de Justicia estadounidense de entregar la documentación de esta célebre operación de tráfico de armas, que alimentaron la “guerra contra el narco”.
Jueves 21 de enero de 2016
Obama había decretado hace años la clasificación de estos documentos, en un intento de apagar el escándalo a ambos lados de la frontera. Ahora, la jueza federal Amy Berman Jackson ordenó su desclasificación, para desazón de la saliente administración estadounidense.
En 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón y al inicio de la llamada “guerra contra el narco”, el Departamento de Justicia había dado inicio a la operación Rápido y furioso, supuestamente para combatir el tráfico de armas ilegal.
Esta operación, llevada a cabo por Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), incluyó la contratación de traficantes para que compraran armas de alto poder con el objetivo de venderlas a su vez a traficantes ilegales de armas para luego rastrearlas y detener la red de tráfico de armas hacia México.
A su vez, la ATF había dado cursos de capacitación en rastreo e identificación de armas de fuego a agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando era su titular Eduardo Medina Mora –hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de México.
La operación fue un fiasco. Los agentes declararon haberle perdido el rastro a las armas y estalló el escándalo cuando en 2010 Brian Terry, agente de la Border Patrol, murió tras ser baleado con esas armas “perdidas”, muchas de las cuales se dicen que cayeron en manos del cártel de Sinaloa, encabezado por el hoy detenido Chapo Guzmán.
¿Cuántas de esas armas están en manos de las fuerzas represivas del Estado mexicano? ¿Cuántas protagonizaron ejecuciones, como la masacre de Tlatalya, y desapariciones forzadas, como las de los normalistas de Ayotzinapa? No hay respuestas a estas preguntas.
Como señalamos en otro artículo, “Entre 2008 y 2014, la asistencia económica que dio Estados Unidos a México ascendió a 3 mil millones de dólares, que se aplicaron a programas dentro y fuera de la Iniciativa Mérida, un acuerdo firmado entre México y Estados Unidos supuestamente para ‘combatir el narcotráfico y el crimen organizado’.
La Iniciativa Mérida sirvió… para militarizar el país, reprimir a los migrantes que transitan por territorio mexicano, y mantener sofocado el descontento social que ahora se expresa en las calles desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.”
Éste es el descarnado rostro de la injerencia imperialista en México.
