Colonial. Entrega de territorios y bienes comunes para capitales privados y extranjeros con el DNU de Milei

La entrega colonialista de los territorios y los bienes comunes a capitales privados y extranjeros es obscena. En materia de energía, minería y tierras, la gran desregulación de Milei puede resultar catastrófica y es imperante frenarlo ya.

Una de las derogaciones más graves en términos de bienes comunes, es el reemplazo del art. 609 del Código Aduanero, habilitando la exportación de bienes y servicios aún cuando el volumen de oferta sea insuficiente para el mercado interno. Es decir, se habilita la exportación absoluta, sin restricción de ningún tipo, de bienes comunes como alimentos, energía, minerales, generando escasez o encarecimiento al interior del país.

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Tierras

El DNU deroga la Ley 26737/12, Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, que tiene por objetivo “regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción”.

Esta ley establece un límite del 15 % a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, limita la posesión de las tierras rurales de un mismo titular extranjero a no más de mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente - según la ubicación territorial - y prohíbe la titularidad o posesión de inmuebles por parte de las personas extranjeras cuando contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y en zonas de seguridad de frontera.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que sería eliminado con la derogación, con datos actualizados en abril de 2022, de las 266.711.077 ha de tierras rurales, 14.107.093,69 son extranjeras, un 5,3 %.

Entre los grandes terratenientes extranjeros sobresalen Joseph Lewis y Carlo y Luciano Benetton, el primero con 38.000 ha, apropiándose de Lago Escondido, y los hermanos Bennetton con 902 mil hectáreas en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz en territorio mapuche.

También, según una investigación de Chequeado, existen tierras en manos de sociedades offshore o consorcios anónimos, detrás de las cuales se encuentran mineras, grandes jugadores del agronegocio y vitivinícolas, ocultando quienes son sus inversores y dificultado los reclamos en caso de conflicto impositivo, ambiental o territorial.

Durante la gestión de Cristina Kirchner se contaban 6 millones ha en paraísos fiscales, número que descendió a 1.877.885 hacia 2018 durante el gobierno de Cambiemos, que cambió la forma de registro considerando como nacional, grupos locales que radican sus firmas en el extranjero, favoreciendo así la entrega a grandes empresarios y especuladores.

La liberación total permite la entrega irrestricta de suelos, cuencas, humedales y hasta fronteras y zonas estratégicas geopolíticamente a capitales extranjeros y potencias imperialistas.

Energía

Faculta a la Secretaría de Energía a redeterminar la estructura de subsidios vigentes al consumo.

Habilita a que las petroleras manejen de forma monopólica la propiedad y/u operación directa en el abastecimiento de la red de estaciones de servicio, derogando el Decreto 1060/00 que establece que las petroleras y proveedoras de combustibles no pueden “operar directamente un porcentaje superior al 40% del total de la red de estaciones de servicio que comercializan las marcas que sean de su propiedad”.

Elimina subsidios a la energía con la derogación de la Ley 25.822 que establece el financiamiento al Plan Federal de Transporte Eléctrico para la expansión del Sistema del Transporte Eléctrico Argentino, y la derogación del Decreto 311/06, de aprobación de los préstamos reintegrables del Tesoro Nacional al Fondo Unificado para el auxilio financiero del Fondo de Estabilización de precios en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Pero, como denuncia FARN, no se tocan los subsidios a la oferta de gas que reciben las empresas extractivas YPF, Tecpetrol, Pan American Energy, Equinor o Shell, que representan más de $150 mil millones del presupuesto de 2023.

Por otro lado, elimina el régimen de beneficios fiscales para las energías renovables, derogando los artículos 16° a 37° de la Ley 27.424 que establecen los instrumentos, incentivos y beneficios a fin de promocionar la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) y el Régimen de Fomento para la Fabricación Nacional de Sistemas, Equipos e Insumos para Generación Distribuida a partir de fuentes renovables.

En el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático lanzado por el gobierno anterior en 2022, el país establecía algunas metas para la promoción de energías renovables como negocio “verde” y en convivencia con la explotación de hidrocarburos. Estos objetivos ya eran insuficientes para hacer frente a una verdadera transición energética en el marco de la cada vez más acuciante crisis climática (por ejemplo, frente a tormentas y crecidas como las que azotaron la PBA la semana pasada), pero en el negacionismo de Milei no hay ni siquiera lugar para pintarse de verde.

Por otro lado, el megadecreto transforma a todas las sociedades o empresas con participación estatal en Sociedades Anónimas, y el gobierno de Milei ya anunció sus intenciones de privatizar completamente empresas como YPF, que tiene mayoría accionaria estatal, entregando estas acciones a manos privadas.

La privatización de YPF en los 90 habilitó el saqueo de la empresa imperialista española Repsol por más de un década y media, hasta la recompra millonaria en 2012 del 51 % de las acciones, cuando el déficit energético del país era ya muy grave por el vaciamiento, desinversión y la fuga de capitales. YPF no se reestatizó realmente, y al año siguiente en 2013, el acuerdo con Chevron mostró que se trató de un salvataje en vez de una política soberana, pero el negociado que impulsa Milei es para regalarle todo a esos capitalistas que rapiñan y siguen queriendo más.

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Minería

Deroga la Ley N° 24.523, que regula la creación del Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695, que regula la creación del Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos.

El Sistema Nacional de Comercio Minero, sancionado en 1995, establece una base de datos de comercio minero, centros de información y consulta; mientras que el Banco Nacional de Información Minera, sancionado en 1996, releva y procesa la información sobre equipamiento y recursos humanos y estructura una red de información pública.

Las leyes fundamentales que habilitan el saqueo minero, como el Código de Minería de 1887 y la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, siguen vigente, por lo que estas derogaciones solo implican hacer más obscuro esos negocios

A pesar de los enormes beneficios impositivos, las transnacionales que operan en el país - a base de extractivismo y destruyendo los territorios - realizan todo tipo de maniobras ilegales y fraudulentas para aumentar la tajada de lo que se llevan. La australiana Galaxy Lithium (actualmente Alkem), la norteamericana Livent y la china Liex-Zijin fueron denunciadas en los últimos meses por AFIP por fraude fiscal.

Grandes automotrices de EEUU (como Tesla de Elon Musk), de la Unión Europea y China están muy interesadas en rapiñar el litio del norte argentino para sus grandilocuentes planes de “negocios verdes” como la electromovilidad. Estas derogaciones habilitan que sigan saqueando sin ningún tipo de registro siquiera de las operaciones que realizan en el país.

Ley de Manejo del Fuego

Resulta llamativo que en la conferencia de prensa este fue uno de los puntos de ataque de Milei, pero en el cuerpo del decreto no aparece ninguna referencia a la misma. Es esperable que aparezca próximamente.

Esta ley fue sancionada en 2012 y modificada en el 2020 para ampliar el rango de protección de los ecosistemas considerados en el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Tiene por objetivo proteger el ambiente del daño generado por los incendios, una práctica intencional y recurrente, que realizan sectores empresariales que quieren cambiar la zonificación del área para habilitar sus negocios.

Para las zonas afectadas por incendios, el artículo 22 prohíbe expresamente por el término de 30 años desde la extinción del fuego, que se realicen emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio, o la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar pràcticas agropecuarias intensivas.

En el caso de bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas y humedales la protección es de 60 años, impidiendo también el loteo y la venta o concesión, total o parcial, para emprendimientos inmobiliarios.

Queda claro quiénes se beneficiarían de la derogación total o parcial de esta ley, y también quienes nos perjudicamos.

Por eso, el movimiento ambiental ya está alerta. La calle está hablando. La unidad de trabajadores y sectores populares tiene la fuerza para imponer un plan de lucha a las centrales sindicales y derrotar el plan motosierra.

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