El gobierno de Maduro ha iniciado la liberación de presos que la oposición reclama como presos políticos –antes liberó a un acusado de agente estadounidense–, sin embargo, decenas de trabajadores siguen presos o con juicios y libertad condiciones. La Izquierda Diario entrevista a Ángel Arias, dirigente de la LTS.
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Sábado 2 de junio de 2018
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La Izquierda Diario: Ángel, en un artículo publicado este mismo día explicando el contenido político de la liberación de presos de la oposición que ha realizado el gobierno este viernes, ustedes resaltaban como un aspecto muy importante el hecho de que las tales “amplias medidas de beneficio” del gobierno nunca llegan para los presos por luchar de la clase trabajadora y los sectores populares.
Ustedes indican también que el asunto es que estas liberaciones, que además pretende Maduro venderlas como una “concesión”, ponen en evidencia el carácter de clase de este gobierno y de su política, así como por supuesto el carácter de clase de esta oposición. En el mismo artículo decían: “los que nunca salen en libertad plena ni son sobreseídos son los presos de la clase trabajadora y el pueblo pobre”, pues lo que hace es “buscar un ‘diálogo’ con la oposición que representa intereses reaccionarios, e incluso tiene al imperialismo por atrás, pero ni por un segundo suelta a un trabajador preso por luchar, reflejando que busca una ‘salida’ de los de arriba mientras los de abajo siguen sufriendo grandes padecimientos e incluso criminalizados por luchar”. ¿Puedes ampliar un poco más sobre esto?
Ángel Arias: Te pongo algunos pocos ejemplos. Desde 2013 ocho trabajadores de Civetchi, una ensambladora de capital mixto entre el Estado y capital italiano, fueron a parar a Tocuyito como presos comunes y sin ningún tipo de trato preferencial, condenados por el “delito” de impulsar la creación de un sindicato y pelear por un contrato colectivo, porque ni eso tenían en la empresa.
Roodney Álvarez, trabajador de Ferrominera del Orinoco, está preso desde junio de 2011, actualmente en El Rodeo II, como chivo expiatorio de un crimen cometido por un burócrata sindical del PSUV: en una asamblea de trabajadores donde se debía escoger la comisión electoral, un miembro de una patota del PSUV disparó y asesinó a un trabajador, ante la vista de muchos testigos, fue detenido, le hicieron las pruebas al arma de fuego y a él mismo, todo daba positivo, sin embargo, luego fue liberado y apresaron a Roodney Álvarez, su juicio está paralizado hace años, está en el limbo, el tribunal no ha podido comprobar de ninguna manera su culpabilidad, pero allí lleva ya siete años consumiéndosele la vida a este compañero de nuestra clase.
A Elio Palacios, dirigente sindical de Corpoelec, lo detuvo en febrero de este año el SEBIN, recibiendo maltratos y torturas, por haber denunciado las persecuciones a que vienen siendo sometidos los trabajadores eléctricos que luchan por sus derechos, y por alertar sobre el estado crítico del sistema eléctrico nacional.
Las acciones desesperadas que derivaron en saqueos el año pasado, protagonizados fundamentalmente por habitantes de los sectores populares, dejaron centenares de detenidos sometidos en cárceles y tribunales militares. Es gente del barrio en medio de esta terrible y desesperante situación que padecen los más pobres, situación de carencias y desespero que no padecen ni en el gobierno, ni los dirigentes de la oposición, ni los Mendoza o Escotet.
Entonces, hay un asunto de clase en esto. Son los luchadores de la clase obrera, de los campesinos sin tierra, la gente pobre que pasa penurias, la que termina en las cárceles de este Estado, que resguarda los intereses de los poderosos, bien que estén en el gobierno o en la oposición. Son los nuestros en sus cárceles, castigados por luchar contra la explotación capitalista, por la tierra, o por tener hambre.
LID: ¿Sostienes que otros quedan judicializados o sin libertad plena?
Ángel Arias: Son los trabajadores a quienes apresan por luchar y luego quedan en libertad, pero condicional, o con régimen en presentación en los tribunales, con un juicio abierto. Como fue el caso de principios de año de los trabajadores de Lácteos Los Andes, que luego de una semana detenidos, se logró su libertad, mediante la lucha y una fuerte campaña de denuncia, pero deben presentarse a los tribunales y su libertad está condicionada.
En esa situación hay decenas de trabajadores en el país. ¿Y qué implica la libertad condicional? En muchos casos implican restricciones para las propia actividad de lucha de los trabajadores, puede implicar que no pueden participar de una asamblea, tranca de calle o toma de fábrica, porque se considera violatorio de las condiciones de su libertad, incluso a veces se les restringe acercarse a determinados metros del lugar de trabajo donde laboraba al momento de la lucha.
Decenas de campesinos también tienen juicios abiertos o régimen de presentación por trancar una carretera u ocupar tierras para ponerlas a producir. ¿Por qué el Gobierno de Maduro no da libertad plena a todos estos trabajadores, campesinos y habitantes de los barrios? ¿Por qué no anulan los juicios por luchar que tienen encima cientos de personas del pueblo trabajador?
LID: ¿Y la oposición?
Ángel Arias: Pues, podemos preguntar algo similar, ¿por qué la oposición, tan “demócrata” ella, deja en el camino a todos estos otros presos del autoritarismo del gobierno? Porque, como hemos dicho siempre, a la oposición solo cuestiona los aspectos antidemocráticos del Gobierno en la medida en que le afectan a ella, en la medida que le impiden su propio camino al poder, pero no le interesan en lo absoluto las libertades democráticas, de organización y lucha de la clase obrera, los campesinos y el pueblo pobre.
Nosotros por supuesto condenamos los encarcelamientos que hace el gobierno de la gente que participa en las movilizaciones de la oposición y de sus militantes, aunque obviamente no compartamos sus posiciones políticas, es una fuerza política burguesa y proimperialista. Denunciamos las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno y sus militares, la aplicación de las más variadas torturas y el establecimiento de hecho, para muchos casos, de un régimen donde los militares deciden por encima de los propios tribunales. Si esta oposición gobernara tampoco le temblaría en pulso para reprimir y encarcelar a trabajadores, campesinos y sectores populares en lucha, así como a opositores políticos, como lo han demostrado con suficiencia cada vez que han gobernado, incluyendo el breve lapso del golpe de abril de 2002. Sin embargo nuestra posición es que deben salir de la cárcel todos los presos por manifestar y por razones políticas, estas medidas que el gobierno le ha venido aplicando a la oposición serán y ya son redobladas contra los trabajadores y el pueblo pobre que lucha.
Lo que queremos mostrar con claridad es que ninguno de los bandos que se disputan hoy el control del país está realmente interesado en los derechos democráticos de los trabajadores y los sectores populares, más allá de la propia utilización que puedan darle en determinado momento, y por eso todos estos presos, enjuiciados o con libertad condicional a que hacíamos referencia antes, no tienen dolientes entre el Gobierno ni entre la oposición. Por eso la lucha por nuestras libertades democráticas, contra el Estado de excepción permanente, la Resolución 8.610, la represión a los que luchan, por la anulación de los juicios y la libertad plena a trabajadores, campesinos y habitantes de los sectores populares en lucha, debemos hacerla con la más completa independencia política frente al Gobierno y las variantes de la oposición proimperialista.
Ángel Arias
Sociólogo venezolano, nacido en 1983, ex dirigente estudiantil de la UCV, militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) y columnista de La Izquierda Diario Venezuela.