Tras detectar brechas entre el número de asesores y la cantidad de celulares financiados con cargo a las asignaciones parlamentarias, autoridades de la cámara baja realizaron una auditoría interna donde se considera un total de 788 líneas de celulares e internet móvil.
Jueves 1ro de junio de 2017
En el subterráneo del Congreso un grupo de ejecutivos de la compañía Movistar tienen una oficina con residencia permanente, estos ejecutivos fueron asignados para atender exclusivamente a los parlamentarios.
La cantidad de líneas activas significó un desembolso de casi 390 millones con cargo al fisco en el año 2016. Este año, con 690 líneas activas, el monto supera los 100 millones. Tomando en cuenta estos datos, se daría un promedio de 6 líneas activas por diputado, aunque esta cifra se dispara en algunos personajes, como Iván Fuentes (DC), quien se presenta como titular de nada más ni nada menos que 27 líneas, o Karol Cariola (PC), titular de 14 líneas.
Ese es el caso de Iván Fuentes, el registro de la Cámara indica que en 2015 rindió 21 celulares por un total de $15.391.915. El año pasado, en tanto, subió a 27 líneas, totalizando gastos por casi 11 millones, mientras que entre enero y marzo de este año ha declarado 23 líneas activas.
A todos los diputados se les dio hasta esta semana para dar una declaración jurada sobre el uso de cada una de las líneas que mantengan activas con cargo a la asignación parlamentaria, además se inició una auditoría interna al uso de dichas asignaciones. El resultado de esta revisión estaría listo para el segundo semestre de este año.
En los pasillos del Congreso se acusa un mal uso de la asignación, pues habría parlamentarios que financian líneas para familiares con cargo fiscal. Es más, afirman que durante las últimas semanas algunos diputados habrían optado por modificar las líneas que mantenían con Movistar, y en algunos casos con Entel, cerrándolas o
traspasándolas a su dieta como gasto personal.
¿Quién fiscaliza los gastos?
Mensualmente, y adicional a la dieta de $6.657.000, cada legislador dispone de una asignación destinada a financiar los gastos necesarios para su labor. Esta considera $6.261.780 para personal de apoyo, $2.399.648 para asesorías externas y $5.939.128 para gastos operacionales como oficinas, traslación, correspondencia, difusión, actividad distrital y telefonía.
Se supone que todos los gastos asociados a la asignación deben ser revisados por el Comité de Auditoría Parlamentaria, sin embargo, este comité y los entes fiscalizadores como el SII han sido cómplices de la corrupción de Diputados y Senadores.
Cada vez se revelan más y más gastos mal empleados con los fondos públicos del país, la corrupción de los parlamentarios y las FFAA ha llegado a un nivel altísimo, perdiendo cada vez más la legitimidad.
Ante esto, es necesario que se levante la legítima demanda de que todo parlamentario y funcionario estatal debe ganar lo mismo que un trabajador, no reducir su sueldo a la mitad, pues seguirían siendo sueldos millonarios a costa de los trabajadores.
Javier Ilabaca
Estudiante de Periodismo, Universidad Central de Chile
