Movilizarse para derrotar al FMI. ¿Es posible pagarle al Fondo Monetario sin ajustar y además crecer?

Sin alejarnos de nuestra región, en América Latina varios países han tomado deuda con el FMI y se vieron condicionados a realizar diversos ajustes para garantizar la devolución de esos créditos. Veamos solo un par de ejemplos.

Mientras en Argentina el Gobierno del Frente de Todos busca cerrar un acuerdo de pago a como dé lugar y esgrime para ello indicadores de crecimiento macroeconómicos. Lo que no dice es que eso no se traslada a la vida cotidiana de las mayorías trabajadoras, más bien hay un ajuste en curso y será mayor al cerrar un acuerdo con el organismo internacional.

Mientras el gobierno peronista de este país celebra que el crecimiento del PBI será de casi un 10% para el 2021 (y en eso se basa su nuevo slogan de “pagar creciendo”) el nivel de pobreza de este año que culmina, alcanza al 43.8% de la población (casi 19 millones de personas), según el último informe de la Universidad Católica Argentina. Crece la precariedad del empleo, la inflación y se adoptan medidas para salvaguardar los dólares con los que se quiere “honrar la deuda”. En esto gobierno y oposición están de acuerdo.

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Salvo la izquierda, que agrupada en el Frente de Izquierda y los trabajadores Unidad (FITU) –con representación parlamentaria como punto de apoyo para impulsar la lucha en las calles y la auto organización independiente de gobierno, burocracias sindicales y sectores empresariales- viene insistiendo en que las prioridades tienen que estar puestas en las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Por eso para el sábado 11 de este mes convocan a una movilización, a la que adhieren decenas de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y ambientalistas, como primer paso para plantear la lucha por el rechazo a cualquier acuerdo con el FMI que siempre exige medidas de ajuste para garantizarse los pagos que implicarán todavía mayores penurias para el pueblo trabajador.

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Costa Rica es otro de los países latinoamericanos que estará sujeto a los condicionantes del Fondo por el préstamo que la asamblea legislativa aprobó en julio de este año.

Se trata de un crédito (llamado de “facilidades extendidas” por este organismo dirigido por potencias imperialistas, sobre todo Estados Unidos) de U$S1.778 millones –a desembolsar en tres años- que tiene como contrapartida sobre todo la exigencia a una reforma del empleo público y un ajuste fiscal del 5% del PBI para eliminar el déficit en el 2023. El 90% de ese préstamo, el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, lo utilizará para pagar deuda internacional y el restante 10% para solventar la Caja de Seguridad Social.

Tan del gusto de los empresarios es este acuerdo, que uno de los primeros que salió a defenderlo fue el presidente de la Cámara de la Industria, Enrique Egloff, precisamente porque ataca condiciones laborales, no solo de los empleados públicos, aunque son los primeros en la mira del gobierno.

Si bien en agosto de este año la Cámara Constitucional devolvió el proyecto al gobierno por declarar inconstitucional varios artículos de esa reforma (o más bien contra reforma), sí avaló que se regule el empleo público. Esto implica, entre otras cosas, eliminar los plus de los salarios públicos, achatando las escalas para obtener un ahorro del 0,66 % del PIB en 2022; del 0,95 % en 2023; del 1,23 % en 2024 y del 1,52 % en 2025 o si se prefiere: 309 mil millones en moneda costarricense o casi U$S 488 millones al año. Toda plata que irá al pago de la deuda, poniendo “en orden” la macroeconomía, ajustando a los de abajo.

En Costa Rica, con una población de poco más de 5 millones de personas, la pobreza trepa al 23%, que equivale a 1,5 millones de pobres. Este porcentaje es inferior al del 2020, año en que arreció la pandemia, pero de todos modos supera el 21% del 2019. Mientras que el desempleo alcanzó este año al 16,4%, donde las mujeres son las más perjudicadas.

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Por eso los empleados públicos se movilizaron a fines de noviembre contra este ajuste ordenado por el FMI. Recordemos que ya en el 2020, a pesar de los estragos de la pandemia, las movilizaciones que se realizaron lograron hacer retroceder a Alvarado Quesada del acuerdo con el Fondo, pero la no continuidad y la falta de un plan de lucha serio, responsabilidad de las direcciones sociales y sindicales, permitieron que este año avanzaran.

En Costa Rica es urgente retomar el camino de esas movilizaciones y profundizarlo. Este país caribeño es otra muestra de la mentira que significa que puede haber acuerdo con el FMI sin ajuste al pueblo trabajador.

Más al sur, volviendo a Sudamérica, en Ecuador también el Gobierno de Guillermo Lasso acordó con el Fondo un préstamo de U$S2.500 millones para el 2021/2022, que se suman a otros préstamos contraídos por anteriores gobiernos, como el que desde septiembre de 2020, mantiene con el FMI. Se trata de un programa Servicio Ampliado del FMI (SAF), por U$S 6.500 millones, de los cuales el país ya recibió el año anterior U$S 4.000 millones.

¿La exigencia del Fondo?: una reducción del déficit fiscal de como mínimo el 4,5% del producto interno bruto (PIB) hasta finales del 2022. Las tres cuartas partes de ese ajuste se harán achicando el gasto público y una pretendida reforma laboral que precariza aún más el empleo y llega al colmo de plantear que sea el trabajador quien tenga que pagarle al empresario en caso de despido supuestamente justificado. Si bien esta reforma fue devuelta al Ejecutivo por el parlamento para ser revisada, el Gobierno de Lasso insiste en su aprobación, limando algunos artículos.

Ya en octubre del 2019 una enorme revuelta popular enfrentó en las calles los planes de ajuste del por entonces presidente Lenín Moreno exigidos por el FMI, para garantizarse el cobro de la deuda.

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Los datos actuales son un oprobio para el pueblo trabajador: 5,7 millones de personas se encuentran bajo la línea de pobreza, es el 32.2% de la población según las propias cifras oficiales.

Por eso, en octubre de este año, sectores populares han vuelto a movilizarse, contra el aumento de combustible y la enorme carestía de vida.

¿Pagarle al FMI sin ajustar? Ya a esta altura es una utopía reaccionaria, porque pretende ocultar a los ojos de las amplias mayorías populares, los ajustes que ese organismo exige. Pero las clases laboriosas no conocerán la letra de los acuerdos (que se pactan en absoluto secreto entre los políticos al servicio de los grandes empresarios y los funcionarios del organismo usurero), pero lo viven y sienten en sus vidas cotidianas.

Algunos ejemplos en otros continentes

Nos vamos a Ucrania. Este país está atravesado por varias crisis, entre ellas el conflicto con Rusia por la región de Crimea, además de la crisis económica que comenzó a profundizarse alrededor del 2015.

Ese año el ex mandatario Poroshenko, firmó un acuerdo por un crédito del FMI por U$S17.500 millones. A cambio, una de las primeras medidas fue el aumento del gas en un 50%, esto lógicamente representó un mazazo para la mayoría de la población.

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En ese momento Cristine Lagarde era la directora gerente del FMI (ahora es la presidenta del Banco Central Europeo, otro organismo imperialista). La misma que acordó la deuda ilegal e ilegítima con Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, que permitió entre otras cosas la fuga de capitales).

Del este europeo al continente africano, Egipto.

En 2016 el Fondo aprobó un préstamo por U$S12.000 millones. Este acuerdo implicó 5 revisiones del Fondo a lo largo de 3 años. Como en todos lados firmar un acuerdo con el FMI implica además de ajustes, pérdida de soberanía y tecnócratas inmiscuyéndose en cada país en cuestión.

En 2017 estallaron las protestas, ya que la energía, el azúcar y el pan se habían vuelto inaccesibles para la población. Mientras el presidente Abdel Fatah Al Sisi y toda la clase dirigente continuaban con sus lujosos estilos de vida.

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En el país árabe, el Fondo había señalado que el crédito serviría para “restaurar la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento inclusivo". Si no fuera trágico –para la clase trabajadora y el pueblo pobre-sería cómico. En 2019, cuando terminó ese acuerdo, el 32,5% de la población ya estaba bajo la línea de pobreza contra un 27,8% del 2015. Claro, para las cuentas del Fondo, los indicadores macroeconómicos de Egipto daban bien.

Otra vez: ¿acordar con el FMI sin ajustar?

Estos son solo algunos ejemplos, pero alcanzan para mostrar que cualquier acuerdo con el organismo internacional implicará mayores penurias para las mayorías populares.

Solo enfrentando en las calles esos acuerdos, con la más amplia unidad y con planes de lucha garantizados por trabajadoras, trabajadores y sectores populares - obligando, donde se pueda, a direcciones sindicales a llamar a luchar- se puede derrotar los ajustes impulsados por los diferentes gobiernos y el usurero FMI.