Para enfrentar el coronavirus, se requiere aplicar tests de detección temprana de forma masiva, como parte de un plan integral de salud.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 25 de marzo de 2020
Desde que se detectaron los primeros casos en México, la política sanitaria del gobierno respecto a la aplicación de test de detección temprana no varió, aún después que fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
Coherente con un discurso que minimizaba los riesgos y el posible aumento exponencial de los contagios, la administración lopezobradorista sostuvo que las pruebas se aplicarían solamente a quienes -además de presentar una combinación de los síntomas-, hubieran viajado a los países con mayor número de casos, y que además estuvieron en contacto con algún caso confirmado o en estudio.
Bajo la justificación de que el país estaba todavía en la fase 1 (esto es, de contagio por “importación”) una perspectiva tan restrictiva llevaba a que los únicos casos que se detectaran fueran justamente los de importación, convirtiéndose en un círculo vicioso que impedía anticiparse a la expansión comunitaria, no consideraba la posibilidad de que los infectados fueran asintomáticos (se supone que un 80% lo podrían ser), que tuvieran los síntomas sin haber viajado al exterior o que se hubieran contagiado de una persona asintomática. Esto va en contra no solo de experiencias que se han llevado adelante en otros países para contener la expansión -como Corea del Sur o ciudades de Italia-, sino también de las propias recomendaciones de la OMS, que sostienen que es necesario realizar “Test, test y más test”.
Son muchos los testimonios que denuncian que es prácticamente imposible acceder a la prueba en hospitales especializados como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en tanto que las clínicas de atención primaria no disponen de la misma, por lo que ante cualquier sintomatología se limitan a recomendar aislamiento domiciliario, sin certeza de que esté o no enfermo el paciente.
Esto se agrava con denuncias de que hay laboratorios que venden la prueba a precios exorbitantes, aunque no hay ninguna certeza de la efectividad de las mismas. A su vez, quien tenga dinero para pagarlo puede realizarse la prueba en los hospitales privados Centro Médico ABC de Observatorio y Hospital Ángeles Interlomas, en este último desde 6 mil pesos.
El ingreso del país en la fase dos (de contagio comunitario) no supone un cambio sustancial en esta política del gobierno. El subsecretario de salud y otros funcionarios niegan la importancia de una aplicación más amplia de los tests y de garantizar la provisión de pruebas rápidas. Pero la detección temprana y masiva es esencial para enfrentar y frenar la dinámica expansiva del virus, lo cual es urgente considerando que en muchos casos la infección puede ser asintomática, con lo que los contagios serán más de los que se informa.
En ese contexto, el gobierno de la Ciudad de México implementó una estrategia basada en la realización de un “test” electrónico, que se realiza en su página web o mediante SMS. Se sostiene que mediante el mismo se pueden filtrar los casos probables y darles seguimiento. Sin embargo, la recomendación que el propio “test” emite para quienes el resultado es “persona con síntomas”, es el aislamiento domiciliario y estar en contacto con un número telefónico.
De esta forma, se mantiene a la población en la incertidumbre, recomendando medidas sobre un diagnóstico que no es certero, las cuales evidentemente no pueden ser cumplidas por la mayoría de los trabajadores.Esto en lugar de realizar las pruebas de detección rápida en un universo mas amplio y, en los casos positivos, combinarlo con las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio, las cuales deben ser garantizadas plenamente por el estado.
Test masivos ya, como parte de un plan integral ante el Covid-19
La función de los tests es detectar la expansión de la enfermedad y combinarlo con distintas medidas para aislar la expansión y el contagio del virus, como parte de un plan integral de emergencia sanitaria como el que planteamos en este diario. Por eso es fundamental que los mismos se realicen a quienes presenten algunos de los síntomas, a los contactos de quienes se encuentren infectados (lo cual permitirá llegar a una buena parte de los asintomáticos), así como realizarlos periódicamente a todo el personal de la salud que está en la primera línea de la lucha contra el covid-19. De igual forma, es imperioso realizarlo a quienes se mantienen trabajando y no pueden entrar en aislamiento, y que pueden ser contagiados por el virus.
El estado debe garantizar la provisión de test de detección temprana, adquiriendo masivamente las mismas e invirtiendo para el desarrollo de las pruebas rápidas, las cuales ya permiten saber en muy poco tiempo si la persona se encuentra o no infectada. Evidentemente, esto choca con la situación critica de la salud en México y el bajo presupuesto asignado.
Ante esta emergencia sanitaria internacional no hay más camino que tomar acciones radicales para garantizar los recursos necesarios.
Por eso es que hay que imponer impuestos a las grandes fortunas y dejar de pagar la deuda pública, como una cuestión fundamental para llevar adelante un plan integral de salud, que implica no solo tests masivos, sino también la adquisición de ventiladores, camas, cubrebocas, gel, etc; la contratación de todo el personal de la salud despedido y la centralización por parte del estado del sistema de salud (incluyendo al sector público y privado) para ampliar al máximo todos los recursos necesarios para la lucha contra el COVID-19. Porque nuestras vidas valen mas que sus negocios y sus ganancias.
