El protocolo impuesto por las autoridades universitarias en la Universidad de Tarapacá, no permite la deliberación de la comunidad educativa frente a los casos de violencia de género. La necesidad de que sean estudiantes, funcionari@s y profesor@s quienes puedan discutir y resolver democráticamente este tipo de casos, es urgente.
Domingo 11 de abril de 2021
El año 2014, ante diversos casos de violencia de género al interior de la Universidad de Tarapacá, surgió la necesidad por parte de estudiantes y organizaciones políticas y feministas de conquistar un protocolo contra el acoso, teniendo siempre la negativa de las autoridades universitarias. Las grandes movilizaciones el 2018 en lo que se conoció como el “mayo feminista” volvieron a plantear la urgencia de este mecanismo.
Las autoridades de la universidad que fueron el primer freno ante este cuestionamiento, abrieron espacios de discusión, pero no de deliberación triestamental, imponiendo un protocolo en donde las decisiones en última instancia las salía a tomar la junta directiva, un organismo completamente antidemocrático encabezado por la rectoría que actualmente tiene en su cargo a Emilio Rodríguez, responsable del desalojo y la represión en lo que fueron las movilizaciones masivas el 2011 por el derecho a la educación gratuita.
Este protocolo ha demostrado ser completamente incompetente ante los casos de violencia de género, en donde es el mismo autoritarismo universitario que no duda en abrir sumarios contra quienes se movilizan, los que tienen la ultima palabra.
Por otro lado, la universidad ha hecho oídos sordos frente a la exigencia de impartir una educación laica, no sexista ni heteronormativa. Esto se refleja en que más del 90% de las carreras no tienen ni siquiera una asignatura dentro de sus planes de estudio que aborden la perspectiva de género o de educación sexual integral. Dado que no buscan acabar con el machismo dentro de las aulas, se convierten de esta forma en reproductores que perpetúan la educación sexista, que ya ha mostrado diversos casos de profesionales vinculados a casos de abuso de menores, redes virtuales de pornografía infantil, y todo tipo de violencia de género.
No solo son las estudiantes quienes sufren este tipo de violencia, sino también trabajadoras. De hecho ya se han presentado denuncias de acoso de trabajadoras del aseo contra supervisores o cargos superiores. Pero además esta desigualdad de género se expresa a través de sueldos inferiores comparados a un trabajador, en donde los tipos de contrato que tiene la mayoría son precarios e inestables. En medio de la crisis sanitaria, un gran sector de trabajadoras que realizan trabajo administrativo se han visto sobrepasadas por el agobio laboral, mientras las autoridades se niegan a contratar mayor personal para reducir las cargas y dar a basto con la cantidad de estudiantes. Dicen que no hay fondos, pero han mantenido los altos aranceles en medio de una crisis social, mientras ellos ganan sueldos millonarios. Todo esto también es violencia de género.
¡Que las decisiones y deliberaciones ante situaciones de violencia machista estén en manos de estudiantes, profesor@s y funcionari@s!
La rebelión popular hizo que millones “despertaran” para cuestionar y luchar contra todo un régimen, en donde las primeras golpeadas son las mujeres. La rabia frente a cada situación de opresión tiene que transformarse en organización para luchar por una perspectiva clara. Hoy es más urgente que nunca pelear por un protocolo que realmente enfrente la violencia de género. Que tome decisiones de forma triestamental, es decir, por estudiantes, funcionar@s y profesor@s que discutan y decidan democráticamente, como enfrentar cada caso de violencia. La pelea por una educación laica, no sexista ni heteronormativa, sigue vigente y tiene que ser abrazada por todas y todos quienes quieren acabar con el machismo en la educación. Contra el autoritarismo de rectoría, hay que imponer un cogobierno triestamental, para que no siga siendo un pequeño grupo quienes decidan sobre los problemas que afectan a tod@s. Al mismo tiempo, la necesidad del paso a planta de todas y todos los trabajadores para acabar con la inestabilidad laboral, la contratación de más personal para ponerle fin al agobio, son medidas concretas que hay que conquistar. Estas demandas tienen que ponerse al frente y deben ser impulsadas por todas los organismos estudiantiles y de trabajador@s. Solo podremos conseguirlas en unidad, firmes y sin transar contra quienes quieren perpetuar estas medidas, entregando soluciones parches que no cambian nada. La necesidad de fortalecer la organización entre trabajad@s y estudiantes es clave para vencer.
