Alejandro Vilca Diputado PTS/FIT Jujuy | @vilcalejandro
Martes 16 de septiembre de 2014
El Concejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, de mayoría radical, está envuelto en un gran escándalo por el servicio de recolección de residuos de la empresa LIMSA, al cual se le renovó la licitación sin ser aprobada por el Concejo Deliberante, más otras irregularidades que recaen sobre los usuarios, como el incremento de casi un 100 % de la tarifa, amparado en un supuesto cuadro tarifario que se niega a presentar el presidente del Concejo, Carlos Sadir, escándalo que implica también al intendente de la capital de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, que dejó correr la licitación.
Esto provocó un gran cruce de dichos y acusaciones entre los diferentes bloques y en el interior del bloque radical, llegando al ridículo los dichos del presidente del Concejo Deliberante, que aseguraba no conocer quiénes son los dueños de esta empresa que brinda el servicio hace veintidós años en la ciudad bajo la gestión de la UCR.
Mientras en los barrios más pobres de la ciudad la recolección está a cargo del municipio, donde sus trabajadores precarizados manejan herramientas no adecuadas para la tarea, como camiones a caja abierta o compactadores en pésimas condiciones, en los principales barrios y lugares comerciales, donde el servicio se cubre mediante la empresa privada LIMSA, los usuarios son esquilmados por estos tarifazos. Esta situación es producto de años de bipartidismo PJ-UCR, que, más allá de los diferentes cruces, se ponen de acuerdo a la hora de hacer negocios a costa del pueblo trabajador de San Salvador.
La lucha de los trabajadores recolectores de la Municipalidad en defensa del servicio público de recolección y por el pase a planta permanente es un punto a tomar para que se conquiste un servicio de calidad para el conjunto de la comunidad de San Salvador. El contrato de licitación de LIMSA y sus libros contables deberían ser publicados para todos los usuarios a los fines de saber si son justificados los aumentos desmedidos. La Municipalidad, en lugar de subsidiar a empresarios que hacen grandes negocios con un servicio esencial, debería absorberla y hacerse cargo del impuesto de la recolección para que trabajadores y usuarios administren el dinero con el objetivo de garantizar un servicio de calidad para todos los barrios de la ciudad.
