El viernes pasado el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, para poner fin a la investigación en contra de 58 imputados en el caso SQM, puesto que los hechos indagados estarían prescritos.
Insurgente Libertad Egresado de Derecho
Miércoles 7 de febrero de 2018
Desde comienzos del año 2015, el Ministerio Público indaga presuntos delitos tributarios vinculados a la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas a la minera no metálica y sus filiales por servicios inexistentes, dinero con el cual se habrían financiado campañas políticas.
De acuerdo con el escrito presentado por el fiscal Gómez el pasado viernes, el tipo penal imputado contempla una penalidad no superior a los cinco años de presidio menor en su grado máximo, y se califica como un simple delito que prescribe en igual período su acción penal. En el documento se explica, que para tomar esta decisión la Fiscalía, consideró diversos criterios: como la fecha del último documento tributario ideológicamente falso emitido por el imputado, el efecto suspensivo de la prescripción de las denuncias y querellas presentadas por el SII, informes de Policía Internacional para verificar los días en que los investigados estuvieron fuera del país, y el análisis de sus antecedentes penales.
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UN ESCANDALO, SIN RESPONSABLES
Ante estos hechos, el abogado querellante del caso SQM, Mauricio Daza, criticó la decisión del persecutor de sobreseer a 58 imputados. Aseguró que la decisión de la Fiscalía es controvertida porque "en cualquier causa criminal donde se alega la prescripción, primero se deben investigar los hechos, establecer lo sucedido y después aplicarla en caso de que proceda".
"De esta forma, no sólo se puede determinar si realmente concurre, sino que además se puede descartar que no existan otros delitos de distinta naturaleza o penalidad a los que no proceda aplicar la prescripción que se reclama. Nada de esto ha sucedido en el caso SQM", sentenció el abogado.
En este mismo sentido, en una entrevista para Radio Cooperativa, señalo: "Acá no existe la voluntad, a mi juicio, de investigar toda la verdad de lo sucedido", continuó el jurista, y aseguró que "desde que Pablo Gómez es designado hace dos años como la persona a cargo de la investigación -reemplazando sin ninguna explicación a Emiliano Arias, que era un fiscal que había manifestado su voluntad de llevar esto a juicio y profundizar la investigación- lo que se ha hecho es desmantelar el caso". El querellante indicó que si el caso Odebrecht -escándalo de corrupción que ha afectado a gran parte de Sudamérica- "hubiese sido investigado por la Fiscalía del Ministerio Público de Chile, probablemente habría terminado sin ningún imputado, sin ninguna persona que hubiera enfrentado un juicio oral y la empresa seguiría haciendo buenos negocios".
"Incluso es más", agregó Daza: "SQM, como empresa imputada por todos estos hechos de soborno, a instancia del propio Pablo Gómez, garantizó impunidad a cambio de un pago de una multa que equivale a una fracción de sus operaciones diarias, lo que es bastante escandaloso".
IMPUNIDAD GARANTIZADA PARA LOS EMPRESARIOS CORRUPTOS
Tras lo acontecido, vemos como nuevamente se colocan paños fríos a uno de los casos de corrupción más escandalosos de la política chilena. Finalmente, la empresa SQM pagará por su impunidad el monto aproximado 3,8 millones de dólares (unos 2.550 millones de pesos), los que contrastan con la multa de 30 millones de dólares que SQM tuvo que pagar en EE. UU.
Es decir, que la multa de la minera solo representa una pequeña fracción de las monstruosas ganancias de la minera. Anualmente SQM gana 320 millones de dólares (unos 26 millones de dólares mensuales; 0,8 millones diarios), esto significa que la empresa necesita de 4 a 5 días de producción para pagar su impunidad.
En este orden, tras la solicitud del fiscal, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de sobreseimiento para el 22 de marzo, oportunidad en que se terminará la investigación contra personas ligadas al ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, entre ellas su hermano Francisco; a la Presidenta Michelle Bachelet, al ex ministro Pablo Longueira, como su hijo José Tomás; y al actual senador Fulvio Rossi; garantizando así la impunidad para los personeros políticos tanto de la Nueva Mayoría como la Derecha.
SE REABRE EL DEBATE: LA RENACIONALIZACIÓN DEL LITIO Y LOS RECURSOS NATURALES
Hace una semana, el abogado laboralista del sindicato de la empresa Orica en Antofagasta, Daniel Vargas, hizo declaraciones en torno a reabrir la discusión sobre la posibilidad de renacionalizar el litio y nuestros recursos naturales, señaló: “Mientras en Chile no tenemos asegurado ningún derecho, ni la educación, ni la salud, ni siquiera el derecho al techo, debiendo vivir al borde del endeudamiento para subsistir, empresas como SQM, en complicidad con políticos corruptos de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, se hacen millonarias a costa del saqueo de nuestras riquezas y nos dicen que no hay recursos. Se ríen en nuestras caras”
Del mismo modo, punteó: “No podemos seguir siendo postergados cuando existe una enorme riqueza que podría resolver las más urgentes necesidades de la población. Por esto desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), en las pasadas elecciones, impulsamos como propuesta la renacionalización de los recursos naturales bajo el control de los trabajadores para darle “urgencia a nuestras urgencias”, planteando como punto inicial la expropiación sin pago de Minera Escondida. Arrebatar este recurso de las manos empresariales no será fácil, sabemos que se necesitará organizar una gran fuerza para dar esta pelea en las plazas y calles, pero también en las fábricas, centros de estudio y poblaciones. Pero este es un camino que ni el PC ni el FA quieren transitar, por lo mismo se contentan con la posibilidad de “competir” en el mercado y no llaman resueltamente a expropiar este recurso.”
