Seis universidades y 227 sostenedores arrojaron a sus trabajadores al seguro de cesantía. Según la Dirección del Trabajo, se han autorizado 2.887 suspensiones de contrato en las instituciones educativas.
Akemi Matsubara Egresada Derecho Universidad de Antofagasta
Domingo 10 de mayo de 2020
Son miles de estudiantes los que hoy se encuentran en clases online, luego de que las universidades y centros educativos decidieron implementar tal mecanismo para seguir con el año educativo en Chile. Las y los estudiantes cuestionaron en acceso a este sistema, puesto que no todos podrían acceder a las clases por ser de los sectores más vulnerables de la población, mientras las instituciones educativas siguen cobrando millonarios aranceles.
A pesar de los cobros millonarios que siguen haciendo, distintos planteles educativos han decidido suspender de sus labores a aquellos funcionarios “que no pueden hacer teletrabajo” como indicó el Rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Rafael Rossell. Es decir, a aquellos funcionarios como los auxiliares de aseo, se les suspendió su contrato de trabajo, siendo que usualmente son estos trabajadores y trabajadoras los más precarios y con bajos sueldos en las universidades.
Mientras que la emblemática Universidad Católica, decidió suspender a 41 personas que trabajaban en la Red de Salud UC Christus, luego de que el pasado 25 de abril anunciara que pondría el 30% de su planta a disposición. Una cuestión sumamente irracional cuando son las y los funcionarios de la salud los que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus.
El problema de la universidad de mercado: ¿Al servicio de los empresarios de la educación o del pueblo trabajador?
Las autoridades tienen su centro en la implementación de las clases online para seguir cobrando sus millonarios aranceles, mientras se posicionan como falsos amigos de los estudiantes precarizados, aprobando el pago de matrículas por cuota, la rebaja de los intereses en los créditos y en algunos casos, la postergación del endeudamiento. ¡Pero tarde o temprano tenemos que pagar igual!
Hoy, las y los estudiantes tenemos mucho que hacer en tiempos de pandemia. No sólo debemos rechazar toda suspensión y despido en los lugares de trabajo, sino que también podemos aportar en esta crisis desde nuestras carreras. Ejemplos de universidades en el mundo que se están poniendo a disposición de enfrentar la crisis hay muchos, de fábricas también, que se han puesto a producir insumos médicos o mascarillas.
La Universidad de Santiago, ya anunció que tiene 1.000 ventiladores mecánicos a disposición, imagínense si la comunidad educativa de conjunto fuera quien tomara las decisiones y viera cómo y dónde se destinan los recursos, pues mientras los rectores deciden despedir y suspender, mantienen sus sueldos millonarios similares a los de un diputado.
Rompamos la burbuja
Las y los estudiantes podríamos poner a disposición las instalaciones de la universidad y nuestros conocimientos para jugar un rol en esta pandemia, distinta a lo que quieren las autoridades, que nos quedemos encerrados en nuestras casas mientras nuestras familias y los trabajadores pagan la crisis.
A la par, no puede ser que sigamos pagando millonarios aranceles mientras nuestras familias son suspendidas y despedidas, arrojándonos a la incertidumbre y endeudamiento. Por eso tenemos que exigir el congelamiento inmediato del pago de todos los aranceles y las deudas, en miras de que la educación deje de ser un bien de consumo, y de una vez por todas sea un derecho, es decir, que sea 100% gratuita y financiada integralmente por el Estado, junto a la condonación total de todas las deudas educativas.
La Confech y las principales federaciones estudiantiles deben ponerse a disposición de esta perspectiva, y organizar a las y los estudiantes para enfrentar los despidos de los funcionarios de la educación, de nuestras familias y las y los trabajadores, junto a que exijan a las universidades ponerse realmente a disposición de enfrentar la crisis sanitaria. Articulemos una gran campaña contra los despidos en unidad con el movimiento obrero, como lo vienen haciendo las y los trabajadores de SGS y Bureau Veritas en Antofagasta junto a distintos sindicatos y el Comité de Emergencia y Resguardo.
