Según un comunicado publicado hoy, se supo que en un hecho inédito para la justicia provincial, se han necesitado cinco fiscales para procesar a cuatro miembros de comunidades mapuches de Mendoza.
Miércoles 24 de octubre de 2018 17:35
La imputación se llevó adelante a pedido de un empresario minero japonés que administra un enorme latifundio en la provincia y es parte de un holding de inversión internacional, luego de que las autoridades mapuches solicitaran el derecho a la consulta libre, previa e informada ante el intento de poner en producción una cantera de yeso, el Lof El Sosneado.
Los cinco fiscales en cuestión son Llorente, Sidotti, Giaroli, De Diego y finalmente Laura Torenteti, quienes “han logrado combinar denuncias y hechos violentos para acusar de forma acelerada a cuatro autoridades mapuche Malalweche.
Este hecho judicial alcanza su momento culminante cuando se toma como prueba de acusación una Fotografía de Redes Sociales de la propia página comunitaria de Facebook de Malalweche, que es comunicada a la fiscal De Diego a través de un Correo electrónico enviado por un ciudadano Japonés que dice ser el Gerente o Administrador de SOMINAR S.A., que es un sello empresarial para ostentar la titularidad de más 400.000 hectáreas de superficie en plena cordillera de Mendoza Argentina – con nacientes de ríos, Áreas naturales, Lagunas, Glaciares, reservas mineras de todo tipo, explotaciones petroleras y por si fuera poco Turismo y agricultura”, apunta el comunicado de la Organización Territorial Malalwece.
Durante el mes de noviembre se intentará, a pedido de estos empresarios procesar por usurpación a quienes viven desde generaciones en sus territorios comunitarios
“En tiempos del Pewun – Primavera, cuando nuestras tareas comunitarias y productivas están en su mayor momento de actividad, mientras estamos recibiendo los nacimientos y la renovación del Wall Mapu, debemos detenernos a comunicar estos hechos incomprensibles del Estado y su sistema de Justicia frente a la demanda histórica del Pueblo mapuche en su Territorio Ancestral”, continúa el comunicado.
Según informaron a nuestro medio las autoridades de la organización, durante el mes de noviembre se intentará, a pedido de estos empresarios procesar por usurpación a quienes viven desde generaciones en sus territorios comunitarios, mientras paradójicamente, el estado argentino reconoce la prexistencia, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras y territorios a los pueblos indígenas.
Por ello, Gabriel Jofré, werken de la organización anticipó: “nos estamos convocando en Futa Travun para fortalecernos y reafirmar nuestras demandas territoriales en Pikun mapu – Futa Eln Mapu Malalwe. En este marco, seguimos convocando a las organizaciones y personas que se solidarizan con nuestra lucha para reunirnos en el Lof El Sosneado al Ranguin Cuyen – Luna Menguante el 3 y 4 de noviembre”.
El hecho habla a las claras de la puesta en marcha de una nueva arremetida extractivista minera sobre el territorio que tiene su máxima expresión en los embates que buscan tumbar la Ley 7722.
