Luego de que 40.000 docentes y estudiantes llenaran las calles porteñas por la educación y las universidades públicas, el editorialista Ricardo Roa atacó el derecho a la educación.
Sábado 14 de mayo de 2016
En la edición impresa de este viernes de Clarín salió publicado un editorial de Ricardo Roa titulado En educación, un país con aplazos. El autor comienza la nota interpelando al lector sobre crisis del sistema educativo argentino, responsabilizando de la situación a los estudiantes y docentes mientras elogia al gobierno nacional actual.
A lo largo del texto Roa hace uso del sentido común para justificar políticas educativas dignas del modelo pedagógico pinochetista: meritocracia, elitismo y disciplinamiento para “mejorar los resultados”.
En primer lugar, el editorialista se deshace en elogios por el regreso de los aplazos ya que así “comenzarán a tomarse en serio las evaluaciones”. De este modo, hace apología de una línea pedagógica meritocrática que niega la desigualdad social y la responsabilidad del Estado por ella, culpando a los estudiantes y sus familias por los “resultados educativos”. Pierre Bourdieu, en su libro Los Herederos, describe claramente cómo estos mecanismos del sistema educativo, fusionados a un discurso liberal individualista, legitiman las desigualdades sociales preexistentes. Es la versión ilustrada de “si sos pobre es porque sos vago”.
En un sentido similar, defiende el fallo del juez Cayssials que dio lugar al pedido de amparo del rector peronista de la Universidad de la Matanza que objetaba el ingreso irrestricto, amparándose en la autonomía universitaria. Ataca directamente el derecho a la educación durante toda la vida al preguntar con indignación “qué país en el mundo y con nuestro nivel de pobreza permite que el acceso a la universidad sea libre y gratuito”, parece preocuparle mucho que la clase obrera pueda acceder a la universidad pública.
Para justificar semejante ataque retoma el argumento menemista de que “los pobres cuyos hijos no llegan a la universidad deben pagar igual los impuestos para sostener instituciones de una calidad dudosa”. Parece olvidarse de que a los fondos buitres este año se le pagó dos veces y media el presupuesto anual de todas las universidades públicas. Si la preocupación fuese cambiar la regresividad del sistema impositivo, claramente la mejor opción sería crear impuestos a las grandes fortunas y no arancelar las universidades públicas.
Para terminar, se despacha contra los docentes por el rechazo a las evaluaciones externas estandarizadas. Cínicamente Roa afirma que “los gremios docentes son incapaces de aceptar evaluaciones y de trabajar en base a ellas para mejorar los resultados”. Lo que no dice es que los docentes ya son evaluados, lo que en realidad plantea es que se cambie progresivamente por un sistema de evaluación con premios y castigos que responsabilice a la docencia de la crisis y sobrecargue aún más su trabajo, bajo la amenaza de perder la estabilidad laboral.
Para detener el ajuste educativo y los ataques discursivos, se vuelve cada vez más necesario convocar a una jornada nacional de lucha por la educación pública con paro de todos los niveles, donde se abra el debate y se fortalezca la organización.
Cuando los estudiantes y los trabajadores de la educación salen a las calles, no solo discuten salarios, tan indispensables para pensar la educación. Son críticos y no se conforman con la educación que tenemos. Las evaluaciones, tanto de estudiantes como de docentes, deberían considerar el conjunto de los factores sociales y económicos, además de una metodología de evaluación constante, con jornadas pedagógicas para abrir el debate desde abajo y compartir experiencias. Un factor importante a la hora de pensar la evaluación docente es el acceso a formación constante, gratuita y en servicio, sobre la base de nuevas y mejores condiciones de trabajo en una jornada de 6 horas de trabajo con salario mínimo igual a la canasta familiar y un tope de 4 horas frente a clase para que el trabajo administrativo-pedagógico sea garantizado y remunerado. También es necesario conquistar el boleto educativo gratuito para avanzar en la gratuidad y declarar la emergencia de la educación pública dedicando una partida presupuestaria extraordinaria a partir de afectar las ganancias empresarias.
Es el camino de la lucha y organización por la educación pública, que han revitalizado los estudiantes y docentes universitarios, el que podrá poner de en pie un sistema educativo público, laico y gratuito desde los 45 días que busque garantizar la igualdad de oportunidades educativas en una sociedad sin explotados ni explotadores.
