Se hace necesaria la organización política de las clases trabajadoras y masas populares para exigir que la gestión y el uso del agua pasen a manos de las y los trabajadores, amas de casa, campesinos pobres y estudiantes que, junto a los pueblos originarios, generen y encabecen comités públicos por el uso y control del agua.
Miércoles 10 de noviembre de 2021
La problemática del agua en el estado de Querétaro es un asunto de gravedad, debido a que a pesar de la gran cantidad de precipitaciones pluviales en los recientes meses de septiembre y octubre, el suministro del vital líquido para uso urbano y potable se mantiene escaso, afectando mayormente a las familias de las clases trabajadoras y sectores populares.
Bajo la promesa de que se garantizará el agua de uso doméstico para los próximos 100 años, según declaraciones del recién gobernador panista Mauricio Kuri González, se habló de una inversión de entre 6 mil y 12 mil millones de pesos de recursos públicos, en lo que representaría la construcción del Acueducto III, con el cual se buscará garantizar la disponibilidad del líquido potable para la zona metropolitana de Querétaro, principalmente.
Las recientes precipitaciones en el estado pusieron en alerta roja a los municipios del estado de Querétaro, no solo por los daños y afectaciones a la población trabajadora, derivado de las graves inundaciones que sufrimos, sino por los subsecuentes problemas para poder garantizar el suministro del vital recurso a las colonias y hogares de la entidad.
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La construcción de la nueva obra hídrica se tiene prevista que arranque a principios del próximo 2022, y para ello, se trabaja en la búsqueda de empresas constructoras para el desarrollo del proyecto de tales dimensiones, así como la especificación del presupuesto total que recaerá en el Poder Ejecutivo local, según dieron a conocer las autoridades.
Con la infraestructura en cuestión se buscará garantizar el suministro de agua potable para la capital, El Marqués y Corregidora en primera instancia, para los próximos 100 años, al considerarse el traslado del agua desde el estado de Hidalgo. Del mismo modo, el gobernador especificó que la obra correrá a cargo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), así como de la generación de la Secretaría de Medio Ambiente y la participación del Congreso de la Unión buscando conseguir un mayor recurso federal.
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No obstante, debemos tener en cuenta que aún no se ha terminado de pagar el Acueducto II, faltando 7 años para liquidar el total de 2 mil 500 millones de pesos, refirió el mismo Kuri González a finales del mes pasado, precisando que cada año el estado paga 300 millones de pesos.
Recordemos que el acueducto fue inaugurado el 2011 con un costo total de 2 mil 850 millones de pesos, cuya extensión es de 122 kilómetros, resultando una carga presupuestal para el estado de Querétaro, sin que se haga del todo notorio la información de los verdaderos beneficiarios del mismo, toda vez, que cada que regresan las lluvias, las inundaciones y la escasez del agua vuelven a la escena pública, resaltando el 2017 como este 2021.
A lo anterior debemos agregar que, en el pasado mes de octubre, medios locales registraron que arriba del 70% de los cuerpos de agua en el estado presentaron algún grado de contaminación importante, según datos de la Conagua.
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Además de los graves problemas y daños por las inundaciones, junto con la escasez del suministro hídrico, atrás mencionadas, existe un sinfín de daños ambientales, producto de la contaminación.
Si bien es cierto que ni las autoridades ni los sectores industriales son responsables de las precipitaciones pluviales, sí lo son por sus consecuencias, lo son por el acaparamiento privado del agua en el país, dejándonos como resultado la escasez del vital líquido. Esto permite observar que la administración y control del recurso hídrico no puede seguir estando en unas cuantas manos y sus direcciones, siendo la población en su conjunto, quienes mayormente la padecemos.
De igual forma, ni las industrias y cúpulas administrativas del régimen padecen las consecuencias de la misma manera que los sectores populares y familiares de las clases trabajadoras cada vez más precarizadas, lo que deja ver la urgencia por una mayor democratización al respecto, así como un verdadero cambio en las decisiones del uso del agua.
La Conagua ha demostrado que su interés no es priorizar el consumo humano del agua y tampoco regula las concesiones que otorga a las grandes empresas lo cual permitiría evitar la sobreexplotación hídrica. Es indispensable que se priorice el acceso al recurso hídrico en el ámbito familiar, educativo y de la salud, respetando el acceso al agua como derecho humano.
Una verdadera solución y en favor de las clases trabajadoras, sus familias y sectores populares, no vendrá de los mecanismos institucionales y sus partidos políticos del régimen, es necesaria la lucha política y organización de los sectores oprimidos como se mostró en las pasadas movilizaciones de septiembre del #ClimateStrike, en donde miles de jóvenes y personas salieron a protestar en las calles.
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Ante la gravedad de la escasez del vital líquido en los hogares, espacios públicos y colonias periféricas, urge reunir esfuerzos de manera independiente a los partidos políticos e instituciones del régimen, quienes siempre están al servicio de los sectores empresariales y grandes industrias.
Se hace necesaria la organización política de las clases trabajadoras y masas populares para exigir que la gestión y el uso del agua pasen a manos de las y los trabajadores, amas de casa, campesinos pobres y estudiantes que, junto a los pueblos originarios, generen y encabecen comités públicos por el uso y control del agua.
