En las comunidades del Secano, Lagunas y San José las maestras denuncian que no llega comida suficiente para los estudiantes.

Virginia Pescarmona @virpes
Daniela Álvarez Docente y Psicóloga | Mendoza
Jueves 8 de junio de 2017 15:50
En Lavalle, los estudiantes que asisten a las escuelas públicas son hijos mayormente de trabajadores rurales. La inflación y el ajuste implementados por los sucesivos gobiernos han ido haciendo cada vez más difícil la realidad de estas familias y, por esta razón, desde la década de los 90 la escuela se fue convirtiendo cada vez más en un lugar de “aguantadero” de las políticas neoliberales en curso.
Son zonas donde todavía no hay agua potable, en las que el agua llega en bidones a cuentagotas, transportadas en camiones. Allí hay niños y adolescentes que desde hace meses se desmayan en las escuelas porque además no han recibido una ración acorde de comida. El único acueducto existente, está contaminado. El agua, elemento esencial, es rehén de una disputa de responsabilidades: la provincia responsabiliza al ente de Ambiente de la Comuna, y estE responsabiliza a la DGE. Osea, nadie se hace cargo.
Por estos días, trabajadores de la educación de la zona han salido a denunciar que la DGE ignora cuál es la verdadera situación de las escuelas albergue del departamento. Por lo tanto, el presupuesto no alcanza para que los estudiantes niños y adolescentes puedan acceder a una alimentación y, por lo tanto, a una educación de calidad. Las escuelas no se reconocen como "escuelas albergue", el presupuesto no llega de dónde debe enviarse. Decenas de niños que deben alimentarse con $6 pesos al día, como denunciaron los padres de la comunidad de San Miguel.
Verónica Vignoni docente y candidata a Secretaria general por el FURS en Lavalle, destaca que “los menúes son muy pobres….no alcanza el presupuesto ya que al no haber reglamentación para las escuelas de esta modalidad no se tiene en cuenta las particularidades y necesidades propias de una escuela albergue en general, y de las rurales, en el desierto en particular".
Verónica Vignoni agrega a esta triste realidad que "los datos son más que elocuentes. En San José la matrícula de la primaria es de 150 alumnos y alumnas. En la secundaria de 60". ¿Qué pasa con esos casi 100 estudiantes que "se pierden" en el paso de nivel?. En las condiciones en que se enseña y se aprende es difícil sostener la educación pública para todos y todas. Se suma a esto las amenazas de cierre de cursos y de la escuela, como en San Miguel. Allí un único edificio debe compartirse entre la primaria y la secundaria, por lo que los chicos asisten pocos días al mes para rotarse los grupos.
En esto las responsabilidades son compartidas por el municipio y la provincia.
La reglamentación vigente es del año 1976. En el 2011 el tema se incluyó en la paritaria, pero al día de hoy no está reglamentado. En ese momento se acordaron 90 días para resolverlo. Han pasado 6 años. Aquí se suma otro actor a la cadena de responsabilidades: la dirección Celeste del SUTE tampoco ha garantizado que se avance en este punto.
Del 2011 a esta parte no se ha garantizado que haya una reglamentación acorde a una realidad que hoy se hizo pública, pero que los trabajadores y estudiantes de la zona conocen muy bien: problemas gravísimos de infraestructura, menúes insuficientes, falta de materiales, no hay agua potable para baños y duchas.
Los trabajadores de la educación, desde maestras hasta celadoras y directivos, son quienes la mayoría de las veces ponen plata de sus bajos salarios para comprar materiales de limpieza, fotocopias, comida para los estudiantes, etc. Un buen ejemplo de solidaridad entre la clase trabajadora y los sectores populares. La única posible para afrontar estas realidades.
Ellos se garantizan la traffic para trasladarse. Aquí se agrega otro problema: las rutas de acceso son un peligro los días de lluvias. Son los lugareños en camionetas, cuatris, etc, los que rescatan a los trabajadores de la educación cuando quedan varados.
Las anécdotas sobre penurias y esfuerzos no reconocidos de funcionarios millonarios que opinan desde oficinas acondicionadas se multiplican. De la recorrida por las escuelas de la zona, también contó la docente Vignoni, que hay docentes que duermen en casas rodantes porque la reglamentación vigente no permite a los docentes dormir en la escuela, ya que las distancias son enormes. Incluso hay el caso de una docente cuyos hijos asisten a la escuela albergue donde ella trabaja y rotan entre el tiempo dentro de la escuela y el tiempo en la casilla rodante.
Nuevamente podemos decir, que son los y las trabajadoras de la educación y la comunidad, como siempre, los que sostienen la educación pública. Sorteando obstáculos y con gran esfuerzo, sostienen día a día las escuelas contra el desfinanciamiento y el abandono a que la someten todos los gobiernos de turno.

Virginia Pescarmona
Docente, Corriente 9 de abril/Lista Bordó, Mendoza