Se debían tratar los recursos de las partes para revocar las sentencias que absolvían a genocidas
Jueves 28 de agosto de 2014
En el día de ayer estaba fijada la audiencia por los recursos presentados por las partes contra la sentencia en el juicio Escuelita II en 2012. Se trata de las absoluciones a los policías de Río Negro, para el segundo comandante a cargo de Gendarmería de Junín de los Andes, Emilio Sacchitella y contra los montos de algunas penas para los acusados por delitos de lesa humanidad. Los recursos fueron presentados en febrero de 2013 y recién se tratarían.
Sin embargo, a la hora fijada para la audiencia, los abogados del CeProDH Natalia Hormazabal y Luis Bonomi fueron notificados de la suspención de la misma ya que uno de los defensores oficiales recusó al juez Eduardo Riggi para intervenir, aduciendo que ya había intervenido en la causa, por lo que finalmente se apartó al Dr. Riggi y se designó a la Dra. Ana Maria Figueroa, por lo que deberán volver a fijar una nueva audiencia.
La abogada Natalia Hormazabal que viajó especialmente para participar de la audiencia afirmó: "En estos casos, en vez de actuar rápido, la justicia actúa lentamente, y la resolución se sigue prolongando, lo que significa que los compañeros y compañeras sobrevivientes por cuyos casos los genocidas no recibieron condena, deberán seguir esperando, lo que a más de 37 años de sucedidos estos hechos, se vuelve cada vez más injusto". Señaló esto como una señal de impunidad, y concluyó: “las sentencias y absoluciones deben ser revocadas: no pueden permanecer libre de culpa y cargo quienes fueron parte de centros de tortura como la Comisaría de Cipolletti, o que fueron quienes detuvieron ilegalmente en el circuito del horror a nuestros compañeros como es el caso del jefe de gendarmería Sachitella”.
