El nuevo informe de Amnistía Internacional sobre los hechos ocurridos en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, donde murieron al menos 23 migrantes, reporta que los cuerpos de seguridad tanto españoles como marroquíes habrían cometido “crímenes de derecho internacional”.
Miércoles 14 de diciembre de 2022
Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
El titular que se desprende del último informe de Amnistía Internacional, no deja lugar a dudas, el Estado español y Marruecos cometieron “crímenes de derecho internacional en Melilla”. Critican que estos utilizaron la fuerza de forma “ilegítima” y no prestaron asistencia sanitaria de emergencia a lxs migrantes heridxs. Según la investigación, los hechos ocurridos en la ciudad eran “previsibles” y, por tanto, la pérdida de vidas era “evitable”.
Ante las declaraciones del ministro Marlaska que pretenden eximir de responsabilidad a las fuerzas españolas, la organización asegura que los agentes de ambos países usando material antidisturbios contrario “a las normas internacionales que rigen su uso” y siguieron usándolo “incluso después de que las personas estuvieran bajo control policial y no representan amenaza alguna para los propios agentes ni para terceros”.
Se utilizaron “porras, balas de goma y pelotas de goma” con las que “propinaron golpes y patadas a personas que ya estaban inmovilizadas o no podían reaccionar debido a las lesiones que habían sufrido”. El informe destaca especialmente el uso reiterado de gas lacrimógeno en espacios cerrados contra personas que no tenían forma de escapar.
El informe basado principalmente en entrevistas de supervivientes y testigos recoge declaraciones desgarradoras pero que no sorprenden. “Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas nos lanzaban de todo: bombas de gas, piedras, balas de goma, pelotas de goma... No podíamos ver nada y era difícil respirar”, dijo Zacharias, uno de los supervivientes entrevistados. “La policía española nos rociaba en los ojos mientras la policía marroquí nos lanzaba piedras en la cabeza”, afirmó Salih, un sudanés de 27 años.
A parte de los ataques de represión directos, el informe resalta la falta de asistencia médica en momentos críticos, que podría haber sido desencadenante de muertes: “La atención médica a las personas heridas no fue rápida y, en algunos casos, se les negó por completo”. Según los testimonios recogidos por la organización, “las autoridades dieron prioridad al traslado de los cadáveres y a atender a los agentes de seguridad marroquíes antes de atender a las personas migrantes y refugiadas heridas”.
En el lado español de la frontera, “la policía española no permitió el acceso de la Cruz Roja a la zona y tampoco hubo ninguna respuesta de salud pública en el lugar de los hechos para asistir a las personas heridas ni durante el intento de pasar la frontera y la operación policial, ni después”.
Además, las fuerzas españolas “no ayudaron en modo alguno a las personas heridas que quedaron en el suelo en territorio español una vez concluida la operación policial, por lo que violaron sus derechos de múltiples formas, incluido su derecho a atención médica rápida y adecuada y a no sufrir tortura y otros malos tratos”.
Como si no fuera suficiente, el informe hace referencia también a la devolución en caliente de personas heridas o sangrantes, que habrían sido obligadas por las autoridades españolas a cruzar la valla de vuelta sin atención médica, según entrevistas recogidas en la investigación.
Otra de las denuncias del informe apunta a la falta de información a familiares o personas cercanas a las víctimas desaparecidas sobre su paradero. Critican que las autoridades marroquíes no hayan investigado las denuncias de desaparición forzada ni hayan tomado todas las medidas adecuadas para determinar su paradero, en un contexto en el que las ONG han visto su labor obstaculizada.
La organización critica que ni el Gobierno español ni el marroquí haya informado acerca de “los resultados preliminares de ninguna investigación sobre el número de personas que perdieron la vida ni las causas de la muerte”.
Los intentos de negar la responsabilidad de las fuerzas represoras así como la falta de acciones para esclarecer los hechos exponen el racismo estructural e institucional presente en el Estado y el gobierno español. No es la primera vez que este supuesto gobierno “de izquierdas y progresista” perpetúa este tipo de represión, ni será la última.
Esta forma parte de la política imperialista del gobierno y responde también a la política generalizada de la UE de la “Europa Fortaleza”, con la que pretende “blindar” la región de la migración proveniente de aquellos países donde los propios Estados imperialistas perpetúan la explotación de recursos y personas así como las diversas crisis que afectan a estos territorios.
En un marco más reciente, podemos ubicar también este tipo de respuesta en la escalada militarista de los estados parte de la OTAN, ante la guerra de Ucrania y una época que ellos mismos denominan de crisis. Así, el mismo gobierno progresista ha logrado aprobar los presupuestos con más gasto militar en 40 años, que servirán también para mantener la represión en la frontera.
En cuanto a esta materia, es necesaria una comisión de investigación verdaderamente independiente, sin partidos de gobierno, integrada por organizaciones de derechos humanos y antirracistas. Exigimos también la renuncia inmediata de Grande Marlaska, el castigo a todos los agentes responsables de los asesinatos, la regularización de todas las personas migrantes y la derogación de la ley de extranjería.
