La Cámara de Diputados convocó a distintos especialistas para que den su opinión acerca del proyecto presentado por el oficialismo.
Miércoles 8 de junio de 2016
Ayer se continuó debatiendo el proyecto de ley que incluye el pago a jubilados y el blanqueo fiscal. En esta oportunidad el debate contó con la participación de especialistas en temas fiscales y tributarios convocados por diversos bloques.
Desde el oficialismo señalaron que modificaran el artículo 85, al cual los medios denominaron Ley Mordaza, ya que amparándose en el secreto fiscal penaliza a cualquiera que divulgue información sobre las personas que entran al blanqueo.
Este avasallamiento sobre el derecho a la libertad de expresión, sembró un amplio rechazo entre periodistas y organizaciones como FOPEA que hizo que el gobierno deba dar marcha atrás rápidamente.
Participaron de la sesión como invitados el titular de la CTA, Hugo Yasky; el defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino; el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, Humberto Bertazza; el economista y Coordinador de CIFRA, Eduardo Basualdo, y el ex diputado radical kirchnerista y especialista tributario, Eduardo Santín, entre otros.
El coordinador de CIFRA estimó que durante la época kirchnerista se fugaban en promedio U$S10.000 millones año, estimándose en total entre U$S 100.000 120.000 millones de capitales en el exterior. El proyecto presentado por Cambiemos según Basualdo ayudaría a “legalizar la fuga a un costo irrisorio”.
Eugenio Semino, por su parte señaló la necesidad de aumentar el haber mínimo jubilatorio, al respecto planteo que “es decisivo poder tenerlo en cuenta no sólo por los millones que están en la mínima de jubilados y pensionados” que lo perciben, sino para que la Pensión a la Vejez “sea exitosa hacia el futuro”.
Semino precisó que la última medición que hizo la Defensoría con precios del mes de abril dio que "una canasta muy modesta" para vivir para un jubilado es de "aproximadamente 11.300 pesos". Hoy la jubilación mínima está en $ 4.959.
A la vez, Semino, agregó un punto controversial remarcado por algunos bloques y medios diversos en relación a los índices de actualización que adopta el proyecto de ley. Dijo que “debería haber una revisión” sobre el índice de actualización que se aplicará, y advirtió que la falta de certeza sobre el tiempo que llevará al jubilado cobrar el retroactivo luego de desistir de la acción legal “puede desalentar ingresar a la transacción”. En igual sentido se expresaron Diego Bossio y Axel Kicillof.
El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Humberto Bertazza, apoyo la derogación del impuesto a los bienes personales y que una comisión bicameral analice una reforma tributaria integral.
Otro de los puntos de discusión es en relación al universo de jubilados que se vería “beneficiado”, según datos oficiales actualmente hay 60 mil con sentencia firme, 380.000 jubilados sin sentencia y 1.900.000 sin juicio.
En ese sentido, Eduardo Santin, ex diputado nacional especialista en temas previsionales, aseguró que el proyecto sólo beneficia al “15 %” de los jubilados. “Hablar de reparación histórica es un poco ampuloso, lo que pasa es que les da vergüenza decir que trabajan para grupos chiquitos de jubilados”, lanzó.
Otro de los participantes, Hugo Yasky señaló que la iniciativa “no resuelve el problema real y genera condiciones que ponen en riesgo aquello bueno que se realizó y que permitió la inclusión de miles de jubilados”. El dirigente de la CTA, luego de años de gobierno kirchnerista, en los cuales garantizó tregua, reconoció que el 45 % de las mujeres trabajadoras están en negro, y señaló que “nadie está en negro por elección”.
El proyecto de ley que es presentado como una “reparación histórica” para los jubilados, encubre múltiples beneficios para la reparación de las ganancias de los empresarios.

Redacción
Redacción central La Izquierda Diario