A 5 años. Espionaje a los Maldonado: apelan el fallo de Rafecas que benefició a Bullrich y Gendarmería

El pasado 14 de julio, el juez Rafecas resolvió archivar la causa, aduciendo que “investigó a fondo” todo lo denunciado y no encontró ninguna ilegalidad en lo hecho por Gendarmería y sus jefes políticos. Asimismo, justifica el accionar persecutorio de gendarmes sobre la familia de Maldonado -pese que esta fuerza estaba separada de la investigación por ser sospechosa- con la excusa de que estaban previniendo la “alteración del orden público”.

En el 2017 se inició la causa contra el espionaje ilegal que estaban siendovíctimas, tanto Santiago Maldonado, su compañera Andrea Antico, periodistas y miembros de organizaciones como la APDH de la región patagónica, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Te puede interesar:

Cinco años sin Santiago Maldonado: mentiras de Bullrich, hipocresía del Frente de Todos

Asimismo, el abogado del CeProDH, recordó que bajo el actual gobierno, cuando el Ministerio de Seguridad estaba a cargo de Sabina Frederic, le solicitaron, a través del acceso a la información pública, que informe sobre el CRI y que “se negó rotundamente a hacerlo”. A su vez recuerdan que fue el juez Otranto de Esquel quien “inauguró” la legitimación del espionaje ilegal. “Él ‘investigaba’ la desaparición de Santiago y nunca ordenó que se investigara la comisión del delito de espionaje ilegal flagrante que arrojaban los peritajes. Además de blindar a Gendarmería, convalidó las escuchas telefónicas que se hacían a la familia Maldonado”.

El tercer eje de la denuncia, también complementario de los datos duros que fueron presentados por la querella, fueron desestimado por el juez instructor, y "deriva del engorroso trabajo de investigación periodística de medios chilenos y argentinos en torno a lo que en Chile se conoció como Operativo Huracán, y que reveló conspiración de Carabineros y Gendarmería a ambos lados de la cordillera contra la comunidad mapuche que reclama a los respectivos estados".

Solo esa investigación permitió conocer que Jorge Domínguez y Rafael Benz, por orden de Patricia Bullrich y en continuo contacto con ella, investigaban de manera clandestina para armar relatos que permitan encubrir la desaparición de Santiago Maldonado. El material que se enviaban en tiempo real CRI Neuquén, el gendarme Collinet y Méndez, acerca de las fake news que invadían los medios de comunicación durante la búsqueda de Santiago, da cuenta de uno de los nudos centrales del espionaje estatal contra particulares, dirigido a encubrir el propio accionar ilegal estatal. Este es uno de esos casos.

La querella afirma que “el juzgado instructor denegó esa línea de investigación, que en realidad ya estaba hecha, y sólo se solicitó que desde este lado de la cordillera se estuviera a la altura, y se investigara a los funcionarios argentinos, lo cual es menester de esta justicia federal, y además objeto procesal de la presente causa. Fueron infructuosos nuestros planteos, y la declaración testimonial de Sergio Maldonado, que vinculando a esa actividad ilegal binacional, señaló diversos hechos sufridos en Chile mientras continuaba con la búsqueda de su hermano. Mucho de lo allí relatado, no fue incorporado a su declaración”.

Asimismo, se sostiene desde la querella que “todo esto da cuenta de la falta de voluntad para una investigación consecuente y profunda, en base a la múltiple prueba ofrecida ,y también producida. En ese marco, el archivo de la causa, deviene en uno de los más preocupantes antecedentes a los que asistimos en el último tiempo, en sentido de justificar el espionaje ilegal del Estado a particulares en situaciones particularmente vulnerables, como las que viven familiares u organismos que buscan a una persona desaparecida”.

También interpretan que “la Alzada debería poner coto a tal antecedente y revocar la sentencia impugnada, a fin de garantizar un mínimo de garantías democráticas a las víctimas. Convalidar que el seguimiento a Sergio y su pareja, a un querellante, a periodistas, a 150 manifestantes dando cuenta de la pertenencia "mapuche" de 30 de ellos, reunir información acerca de dónde y cuándo hablarán los familiares o dirigentes originarios, más allá que algunas de esas actividades luego fueran realizadas públicamente, es un atentado gravísimo a las libertades democráticas conquistadas tras el horror de la última dictadura” y agregan “no podemos sino denunciar este alarmante retroceso con letras de molde".

La apelación a que Gendarmería -o la fuerza implicada de turno- recababa información sobre los movimientos y actividades públicas y privadas o personales de las personas, sólo para prevenir potenciales disturbios, "es la vieja y agraviante justificación que históricamente utilizan estas fuerzas u órganos de inteligencia para espiar colectivos de manifestantes".

La gravedad de esta causa, sienta un precedente y avanza en legitimar el espionaje ilegal partiendo de considerar posibles delincuentes a los militantes políticos, sociales, sindicales, y llega a extremos como vemos actualmente, en que directamente se acusa a esas organizaciones de constituir "asociaciones ilícitas".

Como concluye la querella en su apelación "Resoluciones que justifican dicho accionar ilegal, son el huevo de la serpiente”.