Denuncia. Espionaje a periodistas: la AFI macrista fue el colmo de una práctica sostenida por décadas

Este domingo fue el día del periodista y no fue precisamente un día feliz para los trabajadores y trabajadoras de prensa. A la información que ya circulaba sobre el espionaje ilegal masivo a propios y ajenos por parte de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, este domingo, se conoció una lista de 403 periodistas que fueron investigados. La lista va desde fieles servidores al macrismo como Luis Majul o Marcelo Longobardi, hasta delegados de base y dirigentes de Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires).

Como hemos denunciado, al espionaje a periodistas y miembros del mundo académico (además claro, de todo lo ventilado alrededor de las “investigaciones” en la Sociedad Rural, empresarios, funcionarios y políticos, junto al espionaje llevado a cabo por el Servicio Penitenciario Federal), se sumó un apartado especial dedicado al PTS donde consta que se espió en una reunión abierta de trabajadores y organizaciones clasistas y donde hay fichas de dirigentes públicos del partido integrante del Frente de Izquierda.

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“De los 400 periodistas investigados, más de 100 son periodistas del Sipreba, de todas las empresas” denunció a La Izquierda Diario Agustín Lecchi, secretario de organización del Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y delegado de la TV Pública.

En su mayoría se trata de los periodistas acreditados para cubrir la cumbre del G-20 realizada en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018. Entre esos periodistas señaló que “hay dirigentes del sindicato, está César Nena que es prosecretario gremial y delegado de la TV Pública; Randy Stagnaro, que es secretario de cultura y miembro del Consejo Directivo de Tiempo Argentino; está Juan Carlos Rodríguez que es delegado de Sipreba de Telefé y después hay compañeros de La Nación, de la TV Pública, de Ámbito Financiero, de Radio Nacional, de Perfil, de DPA.”

El método de confección de “fichas”, cuya sola mención trae a la memoria el fichaje de delegados y trabajadores combativos antes y durante la dictadura, es el usual en las cloacas de la AFI hoy como lo fue durante todos los gobiernos con la anterior SIDE. Esto no es otra cosa que la realización de perfiles políticos, y hay que volver a remarcar que esta actividad de espionaje es absolutamente ilegal y que es una práctica sistemática del Estado y los gobiernos.

Este poco original método, por supuesto fue el utilizado para clasificar a los espiados, según consta en las denuncias que salen a la luz por estas horas. En el caso de los periodistas, se utilizó un ridículo método “tipo semáforo”, cuyos colores en las respectivas fichas indicaban cercanía o lejanía al gobierno macrista. Pero, además, como denuncia Lecchi, referente de Sipreba, se agrega su participación en luchas.

“No es casual q en casi todos los afiliados nuestros lo que se les marcaba en la ficha que les hicieron es que participaban en las luchas del gremio de prensa, en las luchas por la paritaria de prensa escrita, contra el vaciamiento de la TV Pública, aparece eso como algo distintivo en la ficha de los compañeros nuestros.”
Lecchi señaló que desde el sindicato repudiaron enfáticamente el espionaje ilegal y anunció en diálogo con este medio que “en los próximos días nos vamos a presentar como querellantes ante la justicia."

El espionaje ilegal a periodistas, da cuenta de que fueron espiados 57 trabajadores del grupo Clarín, 21 de Infobae, 30 de La Nación, 12 de El Cronista, entre ellos Noelia Barral Grigera. Ari Lijalad, publicó estos datos en El Destape y reveló también cuestiones consignadas en las “fichas”. Por ejemplo, de Tadeo Jones, de Revista Hola, se dice que “tiene cuenta de TW pero no la usa desde abril. En sus últimas publicaciones en esa red, difundía videos de otros usuarios mostrando la represión policial tras los disturbios ocurridos en diciembre del año pasado, mientras se aprobaba la Reforma Previsional del Congreso.”

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Según lo filtrado por fuentes del gobierno nacional, cuestión que muestra parte del manejo oportunista de la información, las consabidas internas y que, además, ésta fue obtenida de manera ilegal y solo debería poder tener acceso quienes querellan en la causa, se estima que fueron “fuentes abiertas” de donde se recabó la información, es decir, de redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Esto, que puede parecer nimio y bastante ridículo para quien se precie de tener un aparato de inteligencia, reviste una enorme gravedad, porque ante todo viola expresamente la Ley de Inteligencia Nacional, que en su artículo 4 inciso 2 indica la prohibición de “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Ayer y hoy

Por más escandalosos que sean estas operaciones de inteligencia, que como señalamos salpican a amigos y enemigos del anterior gobierno, nadie puede darse por sorprendido de que ésta sea el habitual modus operandi de las cloacas de los servicios.

Nombremos al Proyecto X de Gendarmería en 2011, el famoso “canoso de barba” en las manifestaciones de los trabajadores de Lear en junio de 2015, Américo Balbuena infiltrado en la Agencia Walsh, el espionaje a Myriam Bregman, abogados de Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y familiares del Santiago Maldonado en 2017, y la reciente vigilancia ilegal a losmineros de Andacollo en Neuquén. No menor es el hecho de que Jaime Stiusso fuera amo y señor de la SIDE hasta bien entrado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Una enorme fuerza de miles de espías al servicio cuyo objetivo es investigar a luchadores y organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Por es necesaria una fuerte exigencia de eliminar estos aparatos descompuestos, y a su vez los cimientos del Estado, que arman carpetazos, espían a organizaciones políticas y sociales, a “peligrosos” donde entran periodistas, académicos, dirigentes políticos de la izquierda. Es urgente lograr el castigo a los responsables políticos y materiales, y se vuelve cada vez más actual el reclamo de la apertura de todos los archivos en poder de los criminales del espionaje ilegal, como lo venimos haciendo con respecto a los de la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

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