Sonia Ivanoff, abogada de la Comunidad Nahuelpan, realizó una denuncia sobre la afectación a los animales de cría producto de la contaminación del agua. La Planta de Tratamientos de Residuos Solidos Urbanos (PTRSU) continúa siendo un riesgo para vecinos y trabajadores, que hace pocos días denunciaron nuevamente la presencia de residuos patológicos.
Jueves 8 de septiembre de 2022 01:50
Ovejas con tumores o “teratogénesis” y una cordera con malformaciones congénitas, son parte de las evidencias que la letrada Sonia Ivanoff pudo constatar el pasado 29 de agosto en el territorio y que adjuntó a la causa federal que investiga la denuncia por contaminación contra la PTRSU en la que representa a Felipe Suarez, miembro de la Comunidad Nahuelpan, lindera a la planta.
El pasado 1 de marzo, la Comunidad dio a conocer los resultados del peritaje realizado por la Policía Federal sobre las muestras recogidas en el allanamiento realizado en octubre de 2021. Allí, se demostró la presencia en todas las muestras de agua obtenidas en inmediaciones de la planta y en la vivienda de Felipe Suarez, de Cobalto en niveles 16 veces superiores a los tolerables en áreas residenciales, Níquel y trazos de hidrocarburos parafínicos lineales.
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Desde entonces, la familia Suarez no consume el agua del pozo. La Municipalidad les envía dos botellones de 20 litros de agua mineral por semana para el consumo familiar y de los animales, una burla. Por ello, los animales continúan consumiendo el agua de pozo y de allí la denuncia por estas enfermedades. “Se cae de maduro que pasa en la misma zona donde se hicieron los análisis. La presencia de Niquel, Cobalto e Hidrocarburos un delito de peligro en materia ambiental” decía Ivanoff a La Izquierda Diario.
Como parte de la denuncia de la Comunidad, se realizaron acciones directas como el corte del acceso a la planta a mediados de junio de donde se consiguió una mesa de dialogo con el municipio encabezado por Sergio Ongarato de Cambiemos. Luego de varias reuniones que costaron la cabeza del Secretario de Ambiente, mas por la interna abierta dentro de la coalición entre radicales y militantes del PRO que por una preocupación real ante la problemática, el municipio suspendió la mesa.
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La PTRSU fue inaugurada en 2009 como una planta modelo que incluso brindó capacitaciones a nivel nacional. Desde la asunción de Ongarato en 2019, la planta pasó a funcionar en un solo turno, razón por la cual entre el 40% y el 50% de los residuos que ingresan desde Esquel, Trevelin y el PN Los Alerces son incorporados sin procesar al relleno sanitario.
Muestra del potencial económico que representa la política de reciclado de residuos sólidos, son los mas de dos millones de pesos recaudados por el material compactado con la venta en agosto pasado de mas de cien toneladas de material reciclable.
Sin embargo, para los y las trabajadoras de la planta, esta actividad no deja de representar un riesgo para sus vidas. Como denunciamos a fines de junio en este medio, la presencia de residuos patológicos es permanente. A fines de agosto se repitió la presencia de residuos patológicos de origen veterinario en la cinta de procesado. Javier García, encargado de la cinta, nos enviaba fotos de la aguja hipodérmica que se clavo en la mano.
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La denuncia protocolar que se realiza en estos casos, recae en la Oficina de Delitos Complejos, a cargo de Cecilia Bagnato, quien informó a este medio que la causa iniciada en junio por los residuos patológicos aún está en etapa de Investigación Preliminar pese a que todas las evidencias indican que el origen de estos residuos es el Hospital Regional de Esquel. Los tubos y muestras de sangre que acompañaban las jeringas y algodones, estaban rotulados.
Resulta evidente que investigar estas causas no es parte de las intenciones de una justicia que, a nivel provincial no posee una fiscalía específica en delitos ambientales, y a nivel Federal es más propensa a buscar delimitar jurisdiccionalidades para desligarse que a investigar y juzgar delitos de su absoluta competencia.
Sin embargo, las consecuencias de las decisiones políticas para recortar presupuestos ambientales, la precarización de las condiciones laborales y el desconocimiento de derechos a los pueblos originarios, los continúan sufriendo dos de las víctimas dilectas de este poder estatal, el judicial, en la provincia: trabajadores y comunidades Mapuche.
