El mundo del revés. En enero de 2017 la comunidad sufrió una feroz represión. Cinco personas fueron detenidas, sufrieron torturas y apremios ilegales, sin embargo hoy comienzan a ser juzgadas bajo la figura de “resistencia a la autoridad” y “uso de arma de fuego”.
Lunes 29 de octubre de 2018 13:21
Hoy 29 de octubre del 2018, luego de 1 año, 9 meses y 18 días de aquel fatídico de 10 de enero en Cushamen, cuando la comunidad fue reprimida salvajemente desde horas de la mañana, llegan a juicio oral y público en condición de imputados 5 de las decenas de víctimas que dejó esa jornada represiva. Se trata de Ivana Huenelaf, Jorge Buchile, Daniela González, Gustavo Jaime y Javier Huenchupan.
Según los testimonios, el operativo se inició cerca de las siete de la mañana y finalizó a las cinco de la tarde cuando Otranto ordenó la retirada. Durante las largas horas que Gendarmería permaneció en el lugar golpeó, insultó, burló y esposó a hombres, mujeres y niños. También se llevaron a tres personas detenidas, dos integrantes de la comunidad y un joven militante que apoya la causa.
Horas después de que la Gendarmería se retirara del lugar, la comunidad fue atacada una vez más. Otro procedimiento, esta vez a cargo de la división Montada de la Policía del Chubut, quienes allanaron el lugar por orden del juez provincial José Colabelli, a partir de una causa que se inició por abigeato (robo de ganado). Los miembros de la comunidad resistieron al intento de secuestro de animales, fueron nuevamente reprimidos y se detuvo a seis personas.
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Sin embargo en vez de ser juzgados los policías y gendarmes que llevaron adelante esa cacería, llegan al banquillo de acusados cinco personas que aquel 10 de enero acudieron a la comunidad en apoyo a sus integrantes ante la represión que estaban sufriendo. En diálogo con Página 12 abogado Edgardo Manosalva aseguró que aquel día: “Las fuerzas de seguridad emboscaron a un grupo de civiles, les dispararon con balas de plomo y antitumulto tal como confesaron los policías; los persiguieron, los tuvieron detenidos sin dar información durante 12 horas en diferentes lugares y les armaron un montaje con pruebas que ellos decían tener y que desaparecen. Es evidente que borraron las que los comprometían, trucharon actas y mintieron en las declaraciones”.
Manosalva también indicó que “denunciamos que Benetton prestó camionetas y personal ese día para salir a cazar mapuches, tenemos las fotos de la camioneta, la patente, la marca, el color. Incluso el propio mayordomo (del empresario) lo reconoce y admite que manejaba una junto a policías. Pero nunca fueron allanadas las tierras ocupadas por Benetton porque no está ni en el horizonte de la Justicia el hecho de hacerlo”.
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A pesar de las denuncias, y los testimonios de quienes hoy son imputados por atentado contra la autoridad agravado por el uso de arma, el Poder Judicial en complicidad con las fuerzas represivas del Estado inicia un juicio para juzgar a las víctimas para garantizarle impunidad a los victimarios.
“Vamos por la absolución de todos, pero sabemos que acá está detrás el Ministerio de Seguridad, en un proceso sin pruebas. Sólo el fiscal Oscar Oro que dice tener el ‘convencimiento’ de que tiene un caso” sintetizó Manosalva.
